LIBERTAD PARA SAÚL CANALES MALDONADO VÍCTIMA DE UN APARATO DE JUSTICIA INEFICIENTE
Imagínese, caro lector, que usted es joven trabajador y deportista aficionado a las motocicletas, un estudiante de Ciencias Químicas en la Universidad Juárez del Estado de Durango. Va paseando en su moto por la calle y de repente unos sujetos armados que no se identifican le dicen que se detenga. A usted le da miedo, trata de salir corriendo pensando que se trata de algún levantón o asalto y comienzan a dispararle. Usted es herido de bala –se le incrusta una esquirla en el cuerpo–, por lo que huye, va a casa de un amigo a quien le dice que lo lleve a la Cruz Roja para atenderse. Luego, en la Cruz Roja, los doctores le dicen, después de auxiliarle, que espere un poco y usted accede.
A las instalaciones de la Cruz Roja llegan policías quienes le piden a usted y a su amigo que los acompañen, usted y su amigo dicen vamos, pensando que no se trata de algo grave y lo llevan al Ministerio Público acusado de ser el responsable de tirar balazos y una granada en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública de Gómez Palacio Durango y en la Subprocuraduría del Estado también en Gómez Palacio. Su amigo sale pero es amedrentado con una camioneta misteriosa afuera de su casa.
A usted lo detienen y alguien lo señala como responsable, lo carean con agentes de la policía rural de Lerdo quienes aseguran que usted “se soltó disparando como loco” a pesar de tenerlo encañonado a un metro, su padre, abogado, intenta ingresar al MP pero se le niega el ingreso. Mientras, el Ministerio Público cuando llega al lugar del atentado y hace un acordonamiento del área, recolecta las evidencias y encuentra seis casquillos hábiles de un arma 9mm que coinciden con el arma de otro detenido en el lugar. A usted le hacen una prueba química para saber si ha disparado un arma.
La prueba sale negativa, no hay otros casquillos que puedan demostrar la existencia de alguna otra arma que pueda ser suya. En el MP a usted no lo torturan ni le hacen nada pues sabe la autoridad que en realidad es inocente, no así al otro acusado quien confiesa ser responsable. De todos modos a usted se le procesa, se le manda al Centro de Readaptación Social de Gómez Palacio y se le encarcela por un, así lo dice un amparo que usted luego consigue, “error legislativo”.
Ésta es, en breves trazos, la historia de Saúl Canales Maldonado -sin parentesco con su servidor-, quien ahora permanece encarcelado víctima del poder del Estado de Durango ante la ineficiencia de un sistema de (in)justicia incapaz de encontrar a los responsables de los atentados que se mencionaron líneas atrás. Un Estado que fabrica chivos expiatorios y aprovecha la colusión con los medios para enturbiar la imagen de un joven que, como único delito, tiene el haber estado en el lugar equivocado a la hora equivocada. Pero al gobierno, poderoso monstruo burocrático, no le importa su probada inocencia o las afirmaciones de los policías que aseguran no haber visto el rostro de quien les disparó. Lo peor es que esto puede sucederle a cualquiera.
El Estado prefiere, ante su ineficiencia y deficiencias en la aplicación de justicia, demostrar que se está realizando labor de combate al crimen organizado mediante la detención de inocentes y con campañas mediáticas que no tienen congruencia con lo que se suscita en las calles donde, por ejemplo, en un enfrentamiento con sicarios en Durango capital, un comandante decide abandonar la misión y dejar que se vayan los maleantes.
El caso de Saúl Canales es otro más donde el poder del Estado aplica la justicia de manera ineficiente. Carentes de pruebas, la urgencia por crear culpables ha hecho de este joven una víctima de las circunstancias. Nadie le recobrará el tiempo que actualmente pasa tras las rejas. Nadie podrá resarcir el daño moral y económico que su familia está sufriendo por la imposición de una culpa infundada. Para mala fortuna, como siempre la justicia se tasa en referencia al poder adquisitivo. Junto a Saúl Canales permanecen encarceladas muchas personas para quienes su mayor delito es no contar con el poder económico para defenderse y probar su inocencia.
Desde esta humilde columna el apoyo a Saúl, su familia, amigos y conocidos y la petición de su libertad. A Saúl se le puede considerar un preso político desde el momento en que su encarcelamiento está sirviendo para lavar la mala imagen y las ineficiencias del Gobierno del Estado de Durango. Ánimo camarada Saúl, la justicia y tu libertad llegarán. Ánimo y fuerza. Libertad y justicia para los presos políticos de inocencia probada.
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