“Cultivemos el trigo de nuestro pequeño campo, sin ocuparnos de la cebada que se eleva en el
campo del vecino”.
Marcel Prevost
Si escuchamos lo que dicen nuestros políticos, podríamos pensar que los problemas del campo mexicano son producto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y de la falta de subsidios suficientes al campo. La verdad, sin embargo, es que la apertura comercial ha traído un aumento muy importante de las exportaciones agroalimentarias de nuestro país, mientras que los subsidios han sido, si acaso, excesivamente generosos, aunque ciertamente mal enfocados.
El sector agroalimentario mexicano, que incluye a la industria procesadora de alimentos y bebidas, ha crecido a un ritmo similar al del resto de la economía en los últimos años. Entre 2000 y 2006 tuvo un crecimiento de 2.4 por ciento al año, cifra muy cercana a la del Producto Interno Bruto en su conjunto. El crecimiento de la producción de alimentos, de hecho, ha duplicado el aumento de la población en estos últimos años. La producción agroalimentaria en 2000-2006 fue superior en 31.8 por ciento a la del sexenio 1989-1994. El TLC entró en vigor en 1994, aun cuando la apertura en productos agropecuarios ha sido gradual.
También el subsector agropecuario, el cual incluye solamente la agricultura y la ganadería, tuvo un avance de 2.5 por ciento al año en 2000-2006. La pobreza actual del campo no es producto de falta de crecimiento en los últimos años. Es un problema que se arrastra en nuestro país desde hace décadas… o más bien desde hace generaciones.
La apertura comercial sí ha influido sobre la producción de alimentos. El comercio agroalimentario de México es hoy 2.5 veces mayor que en 1994. Es verdad que hoy importamos más productos agropecuarios, pero también exportamos más. Las importaciones nos han permitido tener productos más baratos en México y han aumentado nuestra competitividad. De no ser por las importaciones de maíz amarillo, por ejemplo, nuestra producción ganadera y aviar se habría desplomado. Por otra parte, el déficit de la balanza comercial agroalimentaria ha venido disminuyendo: en 1994 era de 60.9 por ciento de las exportaciones, hoy es de sólo 15.3 por ciento.
Es falso que el Gobierno mexicano no le preste atención al campo. Pocos rubros del gasto público han crecido tanto como los que se dedican al sector. En 2001 el presupuesto oficial para este rubro fue de 24 mil millones de pesos. Para este 2007 se han programado 58 mil millones de pesos. De hecho, los diputados han dado a la Secretaría de Agricultura, la Sagarpa, más dinero del que el Gobierno ha pedido para ella en los presupuestos anuales.
Este aumento del gasto ha tenido lugar en un momento en que la Sagarpa ha venido reduciendo su personal. El número total de empleados de la Secretaría y de sus diversas instituciones, como las universidades especializadas, ha bajado de 30 mil a 25 mil en los últimos años a través de un programa de retiros voluntarios. El costo de la nómina está en alrededor de ocho mil millones de pesos, según fuentes de la Sagarpa. El resto se va a subsidios y apoyos de diversa índole.
¿Adónde van estos subsidios? En buena medida a los productores ricos. Éstos reciben Procampo, apoyo de electricidad para bombeo de agua, apoyo para diesel, Aianza para el Campo, dos programas distintos para la competitividad (¿por qué dos?: misterios de la burocracia), apoyo para compras anticipadas y apoyos indirectos para fletes. Además, los agricultores ricos no pagan Impuesto Sobre la Renta ni agua. El subsidio para ellos es de entre dos mil y tres mil pesos por hectárea, superior al que reciben los agricultores estadounidenses.
¿Y los agricultores pobres? Bueno, los que tienen menos de tres hectáreas reciben Procampo y apoyo para fertilizantes. Pero nada más.
¿Por qué no bajamos los subsidios a los ricos y subimos los de los pobres? Porque cada esfuerzo por racionalizar ese dinero, por dejar que los agricultores prósperos compitan por sí mismos y apoyar a quienes apenas subsisten, es rechazado por los partidos y organizaciones políticas que representan a los agricultores. Ellos dicen que defienden los subsidios por razones de justicia social. Pero siempre en nuestro país se han usado esos argumentos para entregar el dinero público a los ricos.
La experiencia nos dice que no será a través de subsidios que lograremos reducir la pobreza del campo. Para ello se necesita una mayor productividad de las parcelas de los campesinos pobres. Una hectárea de flor de ornato, por ejemplo, es muchas veces más rentable que una hectárea de maíz. Y, sin embargo, los pequeños agricultores siguen cultivando maíz porque no conocen realmente las opciones que puede dar un mercado abierto.
MAÍZ
La Sagarpa está esperando un aumento de 9.1 por ciento en la producción de maíz en este 2007 para un total de 23.8 millones de toneladas. Esto no será suficiente, sin embargo, para evitar el alza de los precios del grano y quizá de la tortilla. La presión producida por el aumento de la producción de etanol en los Estados Unidos, la cual devora una cantidad cada vez mayor del maíz amarillo que producen los granjeros estadounidenses, hace esto casi inevitable. Ahora está saliendo al mercado la cosecha de maíz de Sinaloa. Pero los productores de tortilla se quejan de que el subsidio que se da a los ganaderos para su compra es mayor que la que ellos reciben. Por ello, dicen, los ganadores acapararán la cosecha y provocarán una nueva alza de la tortilla.
