Felipe Medina Cervantes se convirtió en el primer ex alcalde de un municipio de la Comarca Lagunera en ser hallado culpable de peculado. El ex presidente municipal de Matamoros fue hallado culpable de fraude por medio millón de pesos y sentenciado a seis años de prisión. Sin embargo, Medina Cervantes y los dos coacusados, su hermano Javier y su ex tesorero Alfonso Figueroa, tienen un pie fuera de la cárcel pues se les dio la oportunidad de recuperar su libertad si pagan las multas.
El caso de Medina estuvo politizado desde el principio después de que el gobernador Humberto Moreira tomó posesión. El mismo ex alcalde denunció la persecución en su contra bajo el argumento de que, a diferencia de él, otros ex alcaldes pudieron haber cometido irregularidades de manera impune y que el caso contra él era una revancha por sus conexiones con la anterior Administración estatal.
La “justicia selectiva” ha sido una herramienta de poder en nuestro sistema político. La búsqueda de “chivos expiatorios” ha servido a cada presidente o gobernador para deslindarse de las Administraciones anteriores.
Eso, desde luego, no excusa a Medina Cervantes. El caso contra él fue bien integrado por la Procuraduría. Haber nombrado a su hermano como director de Egresos da elementos de sospecha y la evidencia de cheques alterados expedidos a favor de una gasolinera de Matamoros cuentan de manera clara la historia del fraude.
Sin embargo, el fraude de medio millón de pesos es poca cosa frente a las supuestas irregularidades por 16 millones que encontró el estudio de la cuenta pública en el Congreso estatal. Medina no ha sido llamado a cuentas por esta irregularidad y debido al monto del fraude, el ex alcalde puede alcanzar su libertad luego de un año en la cárcel.
Ése es otro problema que tiene nuestro sistema de justicia, en el que servidores públicos pueden servirse de argucias legales para minimizar el impacto de una sentencia. Las penas reducidas no son incentivo para que servidores públicos no caigan en la tentación de abusar de sus cargos.
