El Siglo de Torreón
SALTILLO, Coah.- El Centro de Readaptación Social de Torreón no cumple las garantías constitucionales ni las normas establecidas para procurar la readaptación social de las mujeres internas, denunció la bancada panista en el Congreso del Estado.
El motivo, según el diputado Jesús Manuel Pérez Valenzuela, está en que las mujeres bajo proceso penal no se encuentran en un área aislada de los hombres reclusos, como lo establece la normativa.
?Este penal cuenta con cuatro módulos que se usan para los reos y reclusas que se encuentran en espera de que se resuelva su situación jurídica, es decir, aquellos que están sujetos a proceso con auto de formal prisión, pero aún no les ha sido dictada la sentencia.
?De estos módulos tres son para varones, tanto procesados por delitos del orden federal, a quienes se aplica uno de los módulos, y los otros dos para personas sujetas a proceso por delitos del fuero común; el tercer módulo es para las damas que se encuentran en la situación jurídica?, detalló.
Sin embargo, dijo que las instalaciones del reclusorio no cumplen las garantías constitucionales que señalan que mujeres y hombres deben estar separados físicamente dentro de las prisiones, ?debiendo contar las damas con todos los medios y protecciones necesarias para su intimidad y privacía?.
Expuso que ?en el cuarto módulo, que es exclusivamente para mujeres, se halla intercomunicado a otras áreas y con acceso de hombres al mismo, lo que constituye una violación seria a las normas que procuran la rehabilitación social?.
Se refirió a la Ley de Ejecución de Sanciones Privativas y Restrictivas de la Libertad, que en su Artículo 20 establece que ?las mujeres sentenciadas serán internadas en instituciones destinadas especialmente para ellas, o en su defecto, en secciones especiales de los establecimientos, pero siempre separadas de los hombres?.
También se remitió al apartado 44 del citado ordenamiento, donde se menciona que ?la custodia de las mujeres estará atendida exclusivamente por personal femenino?.
Ante esto, la Diputación Permanente determinó solicitar a la Secretaría de Seguridad Pública la revisión del caso, a fin de que se apliquen las modificaciones necesarias en la infraestructura de la penitenciaría.
