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El costo político no nos replegará: SSP

El secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, advirtió que el narco ha conseguido a través de la intimidación y el miedo crear una base social en una ciudadanía que no los denuncia por el temor a sufrir la misma suerte que sus rivales. (El Universal)

El secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, advirtió que el narco ha conseguido a través de la intimidación y el miedo crear una base social en una ciudadanía que no los denuncia por el temor a sufrir la misma suerte que sus rivales. (El Universal)

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Genaro García Luna, titular de Seguridad Pública Federal, señala que es necesario desmitificar la guerra contra el narcotráfico, pues aunque se asume que hay un enemigo de gran tamaño, la violencia es generada sólo por un puñado de gente.

La ola de violencia que vive el país es generada por comandos de ejecución integrados sólo por “puñados de gente” que constituyen el brazo armado del crimen organizado, aseguró Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal.

“La parte dura, de corte militar, es un puñado de gente; lo que les da viabilidad es la comunidad de base”, es decir, que el crimen organizado ha conseguido a través de la intimidación y el miedo crear una base social en una ciudadanía que no los denuncia por el temor a sufrir la misma suerte que los integrantes de organizaciones rivales.

Así lo expuso el funcionario en un foro organizado por, en el que afirmó que el Estado mexicano no ha sido rebasado por esa violencia y advirtió que el Gobierno no se replegará pese al costo político que pudiera implicar mantener la estrategia de la Administración de Felipe Calderón, de recuperar los espacios ganados por los cárteles de las drogas.

Dijo que en esta batalla por el control de los territorios, los narcotraficantes han emprendido una campaña de alto impacto mediático a través de la difusión de ejecuciones y narcomensajes, con la que “apuestan al repliegue de la autoridad, porque la violencia genera un costo político”.

García Luna dijo lo anterior durante la conversación que mantuvo con especialistas en temas de seguridad como Ana María Salazar y Ernesto López Portillo, así como con los investigadores Mauricio Merino y Jorge Chabat, ambos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), sobre la estrategia del Gobierno Federal en la materia.

Los militares y la ‘guerra’ contra el narco

Ernesto López Portillo, director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), aseguró que “tener al Ejército en las calles es riesgoso en extremo; puede provocar el debilitamiento de las autoridades civiles”.

Genaro García Luna rechazó que esta estrategia se trate de una “militarización” de la seguridad pública, ya que “el Ejército participa ahora menos que antes en el combate al narcotráfico, e históricamente ha colaborado en las tareas de erradicación de droga en el país”.

Sin embargo, el investigador del CIDE Jorge Chabat indicó que si bien es cierto que el Ejército participa ahora menos en el combate al narcotráfico, también lo es que hay más militares involucrados en actividades del narcotráfico y no sólo las policías locales.

López Portillo insistió en este sentido, en la necesidad de que el Gobierno se comprometa públicamente a fijar un plazo para retirar al Ejército de las calles, del combate directo al narcotráfico, e incluso cuestionó a Genaro García Luna si en realidad el problema de violencia relacionada con el narco que vive el país es una guerra que requiera de la presencia de los militares, con los riesgos que implica su presencia incluso en el tema de los derechos humanos.

El titular de la SSP federal explicó que la ofensiva del Gobierno Federal no se trata de una guerra. “En términos técnicos el concepto de guerra es con un enemigo formal, enfrente. ¿En cuántos casos de éstos ha estado parado el enemigo enfrente de la Policía o el Ejército? Ni siquiera en Michoacán (durante la emboscada del primero de mayo contra militares)”.

Aseguró que es necesario desmitificar al narcotráfico porque “todos lo asumimos como un enemigo de un gran tamaño” y si bien hay niveles en su estructura, en realidad cada uno de los comandos de ejecución es “un puñado de gente”, integrados en general por sujetos “torvos, primarios, que no rebasan los 30 años, con capacidades de inteligencia y de educación muy limitadas”.

Por ello, aseguró que, en todo caso, si la percepción es que se vive una guerra, ésta se está ganando.

Aunque para el investigador del CIDE Mauricio Merino, mientras que para las autoridades el problema de inseguridad parece ser sólo una cuestión de percepción, para el ciudadano común es claro que “el Estado mexicano está en guerra”, con los militares en las calles de las entidades en las que opera el narcotráfico.

Consideró que la estrategia del Gobierno Federal debe ofrecer resultados a corto plazo, pues medidas como la depuración de las corporaciones policiacas, a pesar de ser uno de los aspectos del problema, en otros países ha llevado hasta diez años concretarla “y esta guerra parece no tener este plazo”.

Por su parte, Ana María Salazar, la especialista en temas de seguridad nacional, durante su intervención señaló que los operativos conjuntos de las Fuerzas federales eran necesarios, ya que ante la escalada de violencia que vive el país, era previsible que “esto se iba a convertir en una masacre”. Sin embargo, preguntó a García Luna hasta cuándo seguirán las ejecuciones, que no han cesado en diversos puntos del país, pese a la ofensiva del Gobierno.

En este sentido, Chabat también cuestionó si el Gobierno Federal tiene una meta definida y cuál es ésta. “¿Terminar con la violencia? ¿Con qué tipo de violencia? ¿Acabar con el narcotráfico?, porque eso es imposible”, a lo que García Luna respondió que el objetivo es “recuperar la tranquilidad ciudadana, tener control de los territorios y seguridad”.

Policías corruptos

García Luna afirmó que los operativos conjuntos, el combate directo al narcotráfico representa sólo la primera fase de una estrategia, que incluye la alineación de políticas públicas en materia de educación, salud y desarrollo social con los objetivos de seguridad pública.

Explicó que la estrategia a mediano y largo plazos incluye la adopción de un nuevo modelo policial, que entre otros objetivos buscará abatir la corrupción en las policías.

El secretario reconoció que algunos policías forman parte de la nómina de los Cárteles de la droga, en la que se registran pagos de entre cuatro y cinco mil pesos por agente en promedio al mes.

Aceptó que esto se explica en parte por el rezago salarial que existe en las corporaciones policiacas, pues los elementos estatales y municipales perciben entre dos mil y seis mil pesos por sus servicios, “lo que no garantiza una vida decorosa y óptima”.

El secretario reveló que en México este déficit salarial de los cuerpos policiacos locales —que representan 95 por ciento del estado de fuerza total del país— equivale a dos mil 800 millones de pesos mensuales.

Aunque, indicó que la apuesta no sólo es contar con mayores recursos, “ya que no hay dinero que alcance para combatir al narco”.

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