El presidente Hugo Chávez de Venezuela ha sorprendido a la opinión pública internacional imponiendo modificaciones a la Constitución que él mismo impulsó hace 8 años, con el objeto de profundizar su proyecto “socialista bolivariano”.
En efecto, la Asamblea Nacional Legislativa de Venezuela aprobó el pasado 2 de noviembre cambios a 69 Artículos de la Constitución. El nuevo Artículo 300 dispone que “la Ley nacional establecerá… actividades económicas o sociales bajo principios de la economía socialista”.
El Artículo 302 reservaría al Estado la exploración, explotación, recolección, transporte y almacenamiento de los hidrocarburos. El 305 impedirá la privatización de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y de cualquier empresa propiedad del Estado que esté vinculada a la industria petrolera. Por otra parte, el 320 establecería que el Estado “promoverá y defenderá la estabilidad económica y evitará la vulnerabilidad de la economía y velará por la estabilidad monetaria y de precios”. Finalmente el 307, prohibirá el latifundio por ser “contrario al interés social”.
Al aprobar dichas modificaciones constitucionales la Asamblea Nacional las envió al Consejo Nacional Electoral para someterlas a consulta popular el próximo 2 de diciembre.
Nelson Maldonado, presidente de la Confederación de Empresarios, Fedecameras, ha llamado a la población a rechazar el proyecto gubernamental. La Iglesia, como es sabido, ha dado la voz de alerta contra el socialismo marxista de Chávez. La más reciente reacción ha sido la de los estudiantes de universidades privadas y públicas de la capital y la de la Universidad de los Andes de Táchira y Mérida repudian el proyecto oficial.
La violencia comienza a despuntar en los acontecimientos de esta semana. Son ya 9 los estudiantes gravemente heridos y los medios electrónicos muestran al mundo cómo la Policía ataca con armas de fuego a la población civil.
América Latina ha tenido un nutrido historial de golpes de Estado y tomas de poder por parte de militares. Todos esperábamos que esta etapa ya estaba superada. Los recientes cambios radicales en Bolivia y Ecuador han sido realizados por civiles. La ironía está en que el atropello constitucional de Chávez prolongando a 7 años el periodo presidencial e instituyendo sin ningún matiz la reelección indefinida del cargo, fue avalada por nada menos que 162 votos de diputados a favor, frente a sólo 5 abstenciones.
Chávez por cierto, había sufrido en noviembre de 2002 un golpe de Estado orquestado por militares y empresarios adictos a Estados Unidos. Recuperó el poder a las 48 horas. Un referéndum del año 2004 confirmó luego su consolidación en la silla presidencial.
La institución del autoritarismo irrestricto en nuestro país hermano bien podría darse en la consulta popular del próximo 2 de diciembre con lo que no sólo todo su sistema político quedaría al capricho del más reciente dictador latinoamericano, apoyado en las “milicias populares patrióticas y antiimperialistas”, sino también su estructura económica a través de la estatización de las empresas estratégicas y la pérdida total de la autonomía del Banco Central, institución ésta que requiere de independencia para poder defender los niveles de vida de los venezolanos.
Un diputado chavista, Eustaquio Contreras, proclamó eufórico “hoy muere el Estado capitalista y burgués”. Lo trágico de este alarde está en que el desarrollo sólido de un país se fundamenta en el crecimiento con justicia social y respeto a las garantías individuales que no se alimentan de retóricas demagógicas, sino de un realismo humanista. Sólo así se resolverán los arduos problemas que a toda América latina presenta la globalización en el Siglo XXI.
Esperamos que todavía haya tiempo para que el pueblo venezolano pueda enderezar a su Gobierno hacia metas de dignidad y justicia, evitando desbarrancarse en los fracasos harto conocidos a los que ha llevado un estridente, histriónico y distorsionado socialismo.
México D.F., noviembre de 2007.
juliofelipefaesler@yahoo.com
