“Si no fuera por mi abogado, todavía estaría en la cárcel. Fue más fácil salir con dos personas cavando”.
Joe Martin
Si algo ha caracterizado al Gobierno capitalino, ha sido su eficaz uso de los medios de comunicación. Ahí están para probarlo los funcionarios en bicicleta, las playas urbanas, los predios expropiados y muchos más. Pero la forma en que se trató de amedrentar -no hay otra palabra para expresarlo- a Carlos Ahumada en la madrugada de ayer, bien puede convertirse en un golpe importante a la imagen del Gobierno de Marcelo Ebrard.
Si había alguna duda de que Ahumada ha sido un preso político, esto quedó demostrado ayer. La procuraduría del Distrito Federal ha impulsado hasta ahora cinco acusaciones penales en contra del empresario, en todas las cuales éste ha sido declarado inocente por los tribunales. Ayer, de hecho, Ahumada fue liberado del Reclusorio Norte precisamente porque un juez determinó que no había pruebas para comprobar su responsabilidad en los últimos dos de estos casos.
Todas estas acusaciones han sido por delitos “graves”, los que no permiten alcanzar la libertad bajo fianza durante el juicio que contempla el Artículo 20 de la Constitución. El propósito era que el “usted disculpe” que tarde o temprano habría de llegar viniera después de un largo periodo en la cárcel. Y efectivamente, así ha sido. Ahumada ha sido declarado inocente de todos los cargos que le ha imputado la Procuraduría capitalina y aun así, ha tenido que pasar tres años privado de su libertad.
La decisión de mandar secuestrar -no hay otra palabra- a Ahumada ayer por la madrugada, precisamente en el momento de su liberación tras ganar todos los juicios a los que se le ha sometido, tenía un aparente propósito de intimidación. Si bien en un principio no se sabía qué había ocurrido, los hechos se fueron aclarando en el transcurso del día.
A Carlos Ahumada no se le aprehendió nuevamente. Se le secuestró para trasladarlo a la agencia central del Ministerio Público. En el operativo participaron alrededor de veinte agentes judiciales. Hay videos y decenas de testigos que demuestran que nunca se intentó mostrarle una orden de aprehensión o de presentación. Nunca hubo, tampoco, explicación. Se le sometió con lujo de fuerza. Fueron golpeados él, sus familiares y sus escoltas.
El propósito formal del operativo era presentar a Ahumada como testigo en dos nuevas averiguaciones previas en su contra: una por uso de documentos falsos y otra por falsedad en declaraciones. Sólo que en ningún país en que se respete el Estado de Derecho se secuestra a un testigo. Lo que debió haber hecho la fiscalía es citar a Ahumada. Sólo en caso de que éste se hubiera negado de manera persistente a presentarse, se habría justificado el uso de la fuerza. No fue el caso.
La Fiscalía de Asuntos Especiales decidió hacer el operativo de manera muy pública. Si el propósito hubiera sido tomarle una declaración a Ahumada, esto se podría haber hecho sin problemas en el propio Reclusorio Norte o citando posteriormente al empresario. Pero la Procuraduría buscó que el secuestro fuera dramático y que los hechos ocurrieran frente a los medios de comunicación, los familiares y abogados de Ahumada e incluso frente a una visitadora de la Comisión de Derechos Humanos. Se trataba de un mensaje.
El operativo del Reclusorio Norte y las dos nuevas acusaciones penales parecen mandar, en efecto, una nueva señal para amedrentar a Ahumada. No creo que se trate de castigarlo una vez más por difundir los videos de la entrega de dólares a René Bejarano, Carlos Ímaz y otros importantes perredistas. Los tres años de cárcel parecen haber sido un castigo más que suficiente por este pecado. Lo aparatoso del secuestro parecería indicar un propósito todavía más perverso: recordarle a Ahumada del poder del Gobierno capitalino y del PRD, y por lo tanto de la conveniencia de permanecer callado ahora que está en libertad.
La acción judicial de la madrugada de ayer ha confirmado que lo de Ahumada sí es algo personal. El empresario es un perseguido político. Su historia reciente nos recuerda que, a pesar de la modernización del país, cualquier persona puede ser encarcelada tres años por motivos políticos, por haber evidenciado actos de corrupción de miembros de un partido en el poder, sin posibilidad de defensa.
Si los tres años de cárcel no fueron un mensaje suficiente, ahí está también el secuestro de la madrugada de este martes. Y por si acaso esto no bastara, ya hay dos nuevas averiguaciones previas en contra del contratista incómodo.
CONDENAS
Por supuesto que es desproporcionada la condena en contra de los activistas de San Salvador Atenco: Ignacio del Valle, Héctor Galindo y Felipe Álvarez. Un juez mexiquense los condenó a 67 años y medio de cárcel por el delito de secuestro equiparado en agravio del subdirector de Gobernación del Estado de México Rosendo Rebolledo Montiel y de cinco funcionarios de la Secretaría de Educación estatal. A estos últimos, recordará usted, se les amarraron cohetes en el cuerpo para amedrentarlos. El problema es que la Ley, aprobada por el PRD, establece una pena mínima de 30 años de cárcel para este delito y a los responsables se les encontró culpables de dos tantos de esta falta.
El Gobierno mexiquense sin duda les otorgará algún tipo de amnistía. Así funciona la política. Pero más sensato sería dar a este delito una pena razonable, que impida la retención de funcionarios públicos, pero que realmente se pueda aplicar.
