Se llaman Karla y Karina y se conocieron hace diez años en la empresa maquiladora de autoestéreos en la que ambas trabajaban en Tamaulipas. Escucharon por la radio el rumor de que se había aprobado el ?matrimonio gay? en Ciudad de México, pero también escucharon que en el norte se haría lo mismo. Prontas trataron de conseguir la información. De buenas a primeras alguien les dijo que en Monterrey se había aprobado una ley similar a la del DF. Luego de varios días de preguntar escucharon que había sido en Coahuila y decidieron solicitar una petición para ?casarse? lo más pronto posible.
Platiqué con ellas vía telefónica. Se escuchaban contentas, cansadas de su repentina fama, pero alegres porque ahora su relación no sólo es reconocida por sus padres, por sus compañeras de trabajo y por sus amigos, sino también por la ley. Feliz, y con su pareja legal a un lado, Karla me comentó que hoy se siente más segura, porque lo poco que tienen hoy es de las dos, porque tiene la esperanza de que ahora, que se quedará en casa, Karina pueda inscribirla en el marco de los beneficios médicos que las empresas brindan a quienes han suscrito un contrato legal de pareja.
Sin embargo, también vía telefónica, la diputada Julieta López Fuentes, quien en noviembre pasado impulsó la iniciativa en el Congreso de Coahuila, me explicó que el Pacto Sociedad Civil de Solidaridad no contempla, por ahora, el beneficio médico, pues compete al Congreso Federal una reforma a las leyes laborales para que eso sea posible. Lo que Karla y Karina firmaron fue un contrato por el cual se les reconocen beneficios mutuos de herencia, derechos de alimentación, pero, sobre todo, es un reconocimiento a la dignidad humana, porque la diputada me dijo ?lo que el PRI en el estado quiere es terminar con la discriminación y la exclusión de los grupos vulnerables y los marginados?. Así que Karla podría llevarse una mala noticia en breve.
El Pacto Civil no es un matrimonio y no es sólo para parejas del mismo sexo. Es una ley que también otorgaría derechos a las personas ancianas que desean dejar su herencia a quienes las hayan cuidado en sus últimos días. Es una ley que brindaría cierta protección a las parejas heterosexuales que viven en unión libre o en concubinato y que por alguna razón u otra no desean unirse bajo la institución del matrimonio civil. Por ello, me dijo la diputada López, ?esta nueva ley no se compara, ni pone en peligro a la institución del matrimonio?.
Cuando pienso que en el DF la Ley Sociedades de Convivencia tardó más de tres años en ser aprobada por la Asamblea Legislativa, me sorprende la rapidez con que fue aprobada en Coahuila. La diputada López, que además es psicóloga de profesión con varios años de trabajo social, me afirmó que la aprobación tan expedita fue sólo posible debido al apoyo de la bancada priista en el Congreso y al del gobernador.
Sin duda el Congreso de Coahuila le dio una lección a los demás congresos locales e incluso al Congreso Federal. Es cierto, las leyes que otorgan derechos a las parejas del mismo sexo siempre polarizan a la sociedad y no todo mundo está a favor de ellas. Sin embargo, ello se debe principalmente a la falta de información sobre estas leyes, que hoy son una tendencia mundial que busca terminar con situaciones de exclusión, discriminación y marginación de algunos grupos. Por ello, este tipo de iniciativas no debería ser asunto de si nos gobierna la izquierda, la derecha o el centro, debería ser un asunto de Estado, pues significa proteger a todos los ciudadanos sin poner en peligro a otros.
Si el PAN local interpone un recurso de inconstitucionalidad sobre esta ley, estará cometiendo un grave error, pues hasta el obispo de Saltillo, Raúl Vera, se ha manifestado a favor de distinguir entre el terreno civil del religioso y a favor de dignificar a todas las personas.
Karla, Karina, la diputada Julieta, el Congreso y la sociedad coahuilense han hecho historia al contribuir al desarrollo democrático de México, porque democracia no sólo significa el que los votos sean respetados cabalmente, sino también el que los derechos de todos sean protegidos y reconocidos por el Estado, sin distinciones y con respeto para todos.
Politólogo e Internacionalista
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