Admito que el deseo es una quimera. Suena como de fábula que los cinco municipios del lado de Coahuila y los tres del vecino estado de Durango, quizá algunos más, formaran una unidad. Los laguneros lo hemos venido oyendo desde siempre en un anhelo de varias generaciones, cuando por motivos, principalmente de orden político, se han escuchado voces que hablan de un nuevo Estado de la Federación dentro de los límites de los que ya existen, Coahuila y Durango. Una labor asaz difícil si tomamos en cuenta que los gobiernos de las entidades, tal como están las cosas, se opondrían, pues no es de creerse que aceptarán desprenderse de regiones que les proporcionan ingresos equivalentes al 40 por ciento de lo que reciben juntos del total de los demás municipios. Eso suponiendo que la propuesta del diputado panista Carlos Augusto Bracho prosperara. En la noticia periodística que leímos se dice que se reúne el requisito de contar con 120 mil habitantes o más. En realidad es apenas uno de los requisitos, otro de acuerdo con el Artículo 73 constitucional, que enumera las facultades del Congreso de la Unión consiste en que se compruebe que hay elementos bastantes para que el nuevo Estado provea a su existencia política. Es ahí donde el problema empieza a convertirse en un asunto en extremo peliagudo.
En ambos lados de la frontera común persisten cacicazgos que con el tiempo se han ido enraizado constituyendo verdaderos feudos de poder que avizoramos no querrían perder su jerarquía pese a que pudiera beneficiarse a la región. Los estoy viendo. Sus rostros se congestionarían, sus ojos serían dos vivas brasas, en el caso remoto de acceder, ya que exigirían ocupar los puestos que valen la pena dentro de una Administración Estatal. Todos tendrán especial interés en manejar las finanzas, como abejas que vuelan tras un panal de rica miel. Pero vayamos a los siguientes requisitos. Deben ser oídas las legislaturas de los dos Estados de cuyo territorio se separarán los municipios que quieren conformar la nueva entidad federativa. Esto no sería obstáculo pues de una manera u otra las mayorías se impondrían en un si o en un no, según viniera la línea de “arriba”. Desde luego no habría una tersa anuencia proveniente de los gobernadores que imaginamos no estarían dispuestos a ceder parte de sus heredades. A nadie le gusta que lo priven de sus derechos ¿Por qué habrían de estarlo los mandatarios? A menos que una fuerza superior los convenza de la conveniencia que resultaría el desprenderse de parte de su territorio. No veo cómo- ¿Quien puede estar de acuerdo en que le mutilen su territorio? Por cierto, antes de resolver el Congreso, deberá oír la opinión del presidente de la República.
Luego, suponiendo se hayan logrado salvar los obstáculos anteriores, vendrían tan o mas engorroso y endiabladamente complicados requisitos que llenar, como el hecho de que la erección del nuevo Estado deberá ser votada por las dos terceras partes de los diputados y senadores presentes en sus respectivas Cámaras y lo que pone la cosa de color de hormiga, suponiendo que este laborioso insecto sea de color rojo, la resolución del Congreso que declare procedente la secesión en pro de la creación del nuevo Estado debe ser ratificada por la mayoría de las legislaturas de los Estados federados. Si hubiera un solo criterio, pues que bueno, sin embargo uniformar el juicio de 31 entidades federativas no parece sencillo. Todo esto siempre que no haya disensión, pues en la hipótesis de que las legislaturas de los Estados afectados no estén de acuerdo en que surgieran de su vientre el nacimiento de un nuevo Estado, ya no sería suficiente la simple mayoría absoluta de las legislaturas, en su lugar se requeriría los dos tercios del total de las legislaturas de las demás entidades. No es cualquier cosa conciliar los intereses de los Estados ya existentes por que se quedarían pensando si eso traería como consecuencia indeseable que en sus propios territorios naciera la idea de grupúsculos que pidieran la amputación de territorios aledaños por motivos políticos ajenos a una sana integración geográfica.
Se dice que soñar no cuesta nada. En efecto, los políticos tienden a convertir cualquier asunto puesto a su consideración en algo que para su resolución está sujeto a las conveniencias de partido o de los grupúsculos que los ha colocado en las cámaras llámese de senadores o de diputados. ¿Qué es lo que advertimos?, que el pueblo no es tomado en cuenta. Dado el desprestigio en que han caído los cuerpos legislativos y si mucho se me apura, el Judicial y el Ejecutivo, o sea el Gobierno en su totalidad, debe participar preponderantemente la ciudadanía. La consulta que se hace a los electores brilla por su ausencia, y es ahí donde está el quid del asunto pues para encontrar que quiere la ciudadanía, bastaría con celebrar un plebiscito, en un asunto de tal trascendencia como es cambiar de status civil de varias comunidades -que surge en Roma como una Ley adoptada por la plebe establecida separadamente de las clases superiores de la república- que en nuestra época es una resolución tomada por todo un pueblo a pluralidad de votos. En el caso se estaría ventilando un asunto de suma importancia que requiere del consentimiento de los avecindados en los municipios que van a resultar beneficiados o perjudicados con la medida. No es poco riesgosa la decisión a tomar. Nuestra Carta Magna señala el procedimiento que anotamos en los párrafos que anteceden, lo que echa por los suelos la posibilidad de que participen los habitantes directamente afectados, a pesar de que, como es de cajón, sean ellos los que paguen los platos rotos, sin que nada se pueda hacer contra el abuso, el desmedido poder y la arbitrariedad.
