El anuncio que hace el presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional de Coahuila, Rubén Moreira Valdés, en el sentido de que fijará su residencia en Torreón a fin de dirigir la lucha política para recuperar el poder en el municipio referido, más que un anhelo legítimo del partido que representa, revela una intromisión autoritaria del Gobierno del Estado.
En la elección del año 2000, además de la Presidencia de la República, el PRI perdió la nota esencial de su identidad como Partido de Estado, creado desde la cúpula del poder para ser dirigido por el titular del Poder Ejecutivo bajo el mando omnipotente de la Presidencia imperial y de acuerdo al estilo personal del presidente en turno.
La consecuencia de esto es que el PRI se fragmentó en tantos partidos regionales como Estados de la República. En cada una de las entidades gobernadas por el PRI se ha recreado, corregido y aumentado el régimen de partido del Gobierno, autoritario y excluyente, en el que cada Congreso local se encuentra bajo el control absoluto del gobernador, la división de poderes no existe y la autonomía de los municipios es sistemáticamente vulnerada.
Es cierto que durante los setenta años en los que el PRI ejerció el poder de manera hegemónica a nivel nacional, cada gobernador era el líder natural de dicho partido en su estado sin embargo, su liderazgo estaba sujeto al cumplimiento de una serie de formalidades y desde luego a la autoridad del Presidente de la República como primer priista del país. Desaparecida esta última figura se rompe el equilibrio y se recrudece la intromisión autoritaria de cada Gobierno Estatal priista al interior de su respectivo fragmento del partido.
A ello obedece que durante el Gobierno de Enrique Martínez y Martínez la estructura del PRI de Torreón se haya colapsado, para dar paso al control del gobernador al través de su secretario de Gobierno, quien impuso dirigentes y candidatos sin respetar las antiguas formas y lo que es peor, sin respetar ni el sentir ni el parecer de los priístas torreonenses.
En las últimas elecciones locales de 2005, el PRI de Torreón se comportó como una maquinaria divorciada de la base social, pero aún poderosa, en virtud del flujo de abundantes recursos humanos burocráticos y desde luego económicos, provenientes del erario público estatal.
Para revertir sus resultados electorales en Torreón, el PRI-Gobierno de Coahuila ha instrumentado una estrategia de confrontación social explotando los problemas que existen en esta ciudad, muchos de ellos creados o en su caso desatendidos por las propias Administraciones priistas. Al más puro estilo populista que lucra con la inconformidad que en toda sociedad existe, se alienta el choque entre ricos y pobres, entre transportistas y usuarios, entre causantes del impuesto predial y autoridades recaudatorias, entre el sindicato de Simas y dicha empresa pública, entre los artistas locales y el Ayuntamiento; el desacuerdo contamina incluso los diversos comités ciudadanos que celebran los cien años de la Ciudad.
La discordia ha sido sembrada hasta el punto de que cuestiones simples como la modificación de los camellones aledaños a la Alameda o la instalación de la escultura El Manto de la Virgen en la Sierra de las Noas, dan lugar a conflictos fuera de toda medida y proporción.
Claro que lo anterior no es exclusiva responsabilidad de los sembradores de cizaña sino también y de manera muy importante de nosotros los torreonenses, que al parecer estamos dispuestos a caer redondos en la reyerta que fuere.
El caso del PRI de Torreón no es excepción. Los conflictos internos lo han debilitado gravemente y hoy está a merced de elementos de fuera que vienen a llenar el vacío creando una nueva estructura desde la cúpula del poder estatal y buscando influir en la comunidad local, sobre todo entre los más pobres, mediante el empleo ilícito de recursos públicos que por estar destinados al desarrollo social, su aplicación debe ser ajena a cualquier propósito partidista o electoral.
Para que un partido político sea tal, en términos de la naturaleza que a tales instituciones les asigna el Artículo 41 fracción I de la Constitución de la República, debe operar como un medio para que los ciudadanos participen en la conformación del Gobierno y no como instrumento del Gobierno para controlar la voluntad de los ciudadanos, como ocurre en el caso del PRI de Coahuila, en el que se llega al extremo de que el Presidente del PRI, es hermano del Gobernador del Estado.
Rubén Moreira argumenta que está en sus facultades atender las cuestiones que atañen a su partido en todos los rincones del estado, pero una cosa es el objeto indicado y otra es el invadir la competencia y usurpar la voluntad política que corresponde a cada instancia partidista e imponerse sobre la militancia avasallando a los cuadros locales.
Habrá que ver si el PRI de Torreón se fortalece con sus propios elementos o de plano, los priistas locales aceptan que alguien más venga de fuera, enviado por la cúpula del Gobierno Estatal, a realizar una labor que sólo a ciudadanos de Torreón compete.
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