La mano de obra, como factor de producción, es uno de los determinantes del crecimiento económico. Sin embargo, la existencia de este recurso por sí mismo no contribuye al crecimiento, como lo demuestra el estancamiento de China hasta hace un par de décadas, sino que requiere tener la productividad suficiente para ejercer un efecto positivo sobre la producción nacional.
En este sentido, además del impulso que una mejor educación daría a la capacitación y la calificación de la fuerza laboral, es importante tomar en consideración que la flexibilidad del mercado de trabajo juega un papel determinante para el crecimiento sostenido de la economía.
A diferencia de otros campos económicos, en México no es posible hablar de una “política” laboral como se entiende tradicionalmente este concepto, aún cuando Felipe Calderón se haya autonombrado presidente del empleo, dado que el nivel de empleo es un resultado de la actividad económica, en vez de ser un determinante de la misma.
Por esta razón, el crecimiento del empleo depende de que las autoridades propicien un marco legal e institucional eficiente, que minimice las interferencias gubernamentales en la actividad económica y atraiga la inversión.
La Ley Federal del Trabajo (LFT) determina el marco institucional en el que se determinan las condiciones de la oferta y la demanda de trabajo. El uso poco eficiente de nuestros recursos humanos es consecuencia, en gran parte, de lo rígido de la legislación laboral, por lo que el reto del presidente Calderón si desea realmente que crezcan los empleos y mejore su calidad, necesita proponer una reforma que modifique estructuralmente la operación de nuestro mercado de trabajo.
Una revisión de la experiencia internacional en materia de reforma laboral, señala que aquellos países con mercados de trabajo más flexibles tienden a presentar menores niveles de desocupación que las economías con mercados de trabajo rígidos. Este problema está ampliamente identificado en diversos estudios, por lo que lo único que resta es la voluntad y osadía política necesaria para promover una reforma laboral que flexibilice el marco de contratación de la mano de obra y la operación del mercado de trabajo.
En base a los factores que impiden una mayor flexibilidad del mercado de trabajo y de las barreras que genera la legislación actual, considero que dicha reforma debería incluir, por lo menos, las siguientes medidas para corregir algunas de sus deficiencias:
En primer lugar, se deben eliminar los salarios mínimos por jornada de trabajo y permitir en su lugar, el pago por hora. Esta medida facilitaría la contratación por jornadas parciales, esto es, medio tiempo y eventual, dando oportunidad de empleo a personas que no pueden o no están dispuestas a cumplir con una jornada de trabajo de tiempo completo, por actividades domésticas, académicas o de otra índole.
Segundo, se necesita disminuir el costo de las indemnizaciones y las dificultades para despedir gente, ya que una empresa debe poder reducir personal en caso de una situación económica adversa o ante cambios tecnológicos en los procesos productivos que requieran menor uso del insumo laboral. De esta forma, las empresas pueden administrar la rotación de su personal a costos menores, lo que favorece la creación de empleos y el desarrollo de nuevos proyectos de inversión en el mediano y largo plazo.
Tercero, es importante acotar el poder de los sindicatos y el uso indiscriminado de los emplazamientos a huelga. En este sentido, además de las reformas legales necesarias para ello, debería existir alguna penalización para los trabajadores, como la suspensión de su salario durante el paro de actividades, de manera que tanto los empresarios como los trabajadores tengan algo que perder y existan incentivos para una rápida resolución del conflicto.
Cuarto, la LFT debería permitir la contratación de personal en caso de huelga, con el fin de no suspender las operaciones que afectan con esto los compromisos y funcionamiento de las empresas, particularmente cuando México está inmerso en un ambiente de competencia internacional y que no puede darse el lujo de perder competitividad y clientes por paros laborales, muchos de ellos injustificados. Esto es clave en el contexto del Tratado de Libre Comercio y el compromiso de “entrega a tiempo” de las empresas, puesto que esa libertad de contratación existe en nuestro principal socio comercial.
Esta modificación terminaría, por cierto, con las huelgas por solidaridad que permite la LFT, cuando se emplaza una huelga no sólo como medio de negociación entre los trabajadores y su empleador, sino también para apoyar la huelga de otros trabajadores con otro patrón.
Con este cambio, los trabajadores estarían más interesados en conservar su empleo y al mismo tiempo, se eliminaría un alto grado de incertidumbre en los procesos productivos asociado a los conflictos laborales, que generan desconfianza entre los inversionistas nacionales y extranjeros e inhiben la inversión.
Finalmente, otro aspecto que permitiría dar mayor flexibilidad al mercado de trabajo es la celebración generalizada de contratos por empresas, en vez de hacerlo por industrias, con el fin de que las condiciones de trabajo se negocien en función de la situación particular de cada empresa.
Lamentablemente, nada de lo que ofrece el Plan Nacional de Desarrollo o lo que ha hecho hasta ahora esta administración en materia de reforma de las pensiones del ISSSTE y sus iniciativas tributarias, nos dice que tendrá las agallas suficientes para enfrentarse a los poderosos intereses de los gremios laborales, puesto que el camino de los “consensos” y lo “políticamente viable” nunca lleva a las transformaciones de fondo que se necesitan.
Salgo de vacaciones y regreso a este espacio el 1 de agosto
