La escena se ha convertido casi en una desagradable postal de Torreón: camiones chatarra que arrojan grandes cantidades de negro humo por sus escapes mientras son conducidos por choferes poco amables y sin educación vial.
Desde hace años, los torreonenses hemos visto cómo los planes de modernización y ordenamiento del transporte urbano colectivo propuestos por las autoridades locales y estatales se han venido abajo parcial o totalmente. Cada programa o estudio ha sido frenado por el llamado ?pulpo camionero?, citadino ente legendario, casi mitológico ya, compuesto por un amplio sector de concesionarios. La renuencia de los transportistas aunada a la incapacidad de negociar por parte de las administraciones municipales, ha dado como resultado un rezago histórico en este importante servicio.
Por lo menos cuatro proyectos de modernización de transporte han sido elaborados y presentados en los últimos tres lustros, los cuales han significado al erario un gasto de poco más de seis millones de pesos, sin que hasta ahora se vea reflejada esa inversión en las calles de la ciudad. Así, han sido anunciados el Estudio Integral de Transporte Urbano, realizado por la empresa francesa Sofretu durante el trienio de Carlos Román Cepeda (1991-1993) con un costo de 1 millón 500 mil pesos; el Estudio de Modernización del Transporte Urbano, hecho por una comisión gubernamental especial en el Gobierno de Mariano López Mercado (1994-1996) con un costo de 750 mil pesos; el programa Trans-Siglo, elaborado por la empresa Logit a petición de la Administración de Guillermo Anaya (2003-2005) y por el cual se pagó la cantidad de 3 millones 500 mil pesos; y el proyecto actual, solicitado por el Ayuntamiento encabezado por José Ángel Pérez a la Comisión Estatal de Transporte de Nuevo León con un costo de 300 mil pesos.
Cabe recordar también que durante el sexenio de Enrique Martínez (1999-2005), el Gobierno de Coahuila presentó el ambicioso programa llamado Transforma, el cual contemplaba la creación de fideicomisos para la compra de unidades nuevas, la adopción de tarjetas ?inteligentes? y la capacitación de choferes. Al igual que el Trans-Siglo, que abarcaba la renovación de unidades, reestructuración de rutas, la reorganización de la prestación del servicio y el establecimiento de un corredor de transporte, el plan de la Administración estatal no pudo ser aplicado.
El programa del actual Ayuntamiento, presentado a concesionarios y a la comunidad en general el 20 de julio de 2006, tiene cuatro ejes: reestructuración de rutas, renovación de unidades, sistema pre-pago de pasaje a través de tarjetas y aplicación de tarifa integrada con trasbordo incluido. Para poder llevar a cabo el segundo y tercer punto se formarían sendos fideicomisos.
El Sistema Organizado del Transporte de Torreón (SOTT) que, según sus dirigentes, agrupa a 11 de las 16 líneas de camiones que hay en la ciudad, manifestó su oposición inmediatamente. El principal problema que ven es que el Municipio les pide que dejen como garantía las concesiones, de tal forma que si incumplen con el compromiso de compra de unidades nuevas, la autoridad pueda cancelarlas. Otro inconveniente que observan los camioneros es la tarjeta de pre-pago, la cual, dicen, los obligaría a gastar mucho dinero.
El Gobierno de José Ángel Pérez condicionó un nuevo aumento en la tarifa del pasaje a la adhesión a los convenios para los fideicomisos y puso como piso la cantidad de 350 firmas. Hasta el 11 de enero, de acuerdo a la información de la Secretaría del Ayuntamiento, se tenían 310.
Para manifestar su rechazo al plan municipal, los integrantes del SOTT realizaron el pasado 9 de enero un paro de labores y una concentración afuera del estadio Revolución. Miles de usuarios del transporte se vieron afectados y la fuerza pública tuvo que intervenir para obligar a los camioneros a que dieran el servicio. Varios líderes fueron encarcelados, algunas unidades incautadas y a 94 concesiones se les inició un proceso de cancelación por violación del Reglamento Municipal de Transporte. Un día después, los transportistas no tuvieron más opción que volver a sus rutas.
El alcalde dice que no hay marcha atrás y desde la intervención de la Policía la semana pasada, intenta proyectar una imagen de firmeza. Aunque la reacción de la Presidencia ha despertado algunas críticas por supuesto abuso de autoridad, varios sectores de la sociedad -empresarios y usuarios- han aplaudido la determinación del Municipio de controlar a los transportistas.
Pero el problema no está resuelto. Falta ver cuál va a ser la actitud de los camioneros del SOTT de ahora en adelante y sobre todo, falta ver si el total de los concesionarios del transporte se va adherir al programa de modernización.
Sin duda, el alcalde José Ángel Pérez tiene la gran oportunidad de marcar la diferencia con sus antecesores y modificar por fin la imagen cotidiana del humo y la chatarra en las calles por una más positiva y acorde a la imagen de un Torreón moderno, que este año cumple su primer siglo como ciudad.
