Especialistas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se reunieron en la primera quincena de abril con legisladores mexicanos para discutir el contenido de una reforma fiscal para nuestro país. Ellos entregaron el documento “Una nueva política fiscal y tributaria para México”, donde de acuerdo a las notas de prensa recomendaron esencialmente tres puntos: El primero compete al terreno federal y consiste en la eliminación de las exenciones en el Impuesto sobre la Renta y la desaparición de las exenciones y la tasa cero del IVA. El segundo cae en la esfera estatal, al sugerir que los Estados cobren más impuestos a sus residentes. El tercero afecta a los municipios, a quienes se les sugiere que, entre otras cosas, actualicen el cobro del predial.
Estas recomendaciones son prácticamente las mismas que durante más de una década han hecho economistas y organismos internacionales que han estudiado el problema fiscal de nuestro país. La aplicación generalizada y sin excepciones de los impuestos, sean estos al ingreso o al valor agregado, es uno de los principios fundamentales de una buena estructura tributaria, pero nunca encuentra un eco favorable en nuestros legisladores, quienes con argumentos pueriles y torpes defienden privilegios y tratos preferentes para distintos grupos de presión.
Por otra parte, un sistema federal implica la coexistencia de diferentes jurisdicciones al interior de un mismo país. Un diseño adecuado de relaciones fiscales debe garantizar que las decisiones de gasto y de financiamiento del mismo sean conducentes a elevar al máximo las posibilidades de bienestar de la población. La operación del federalismo en México revela deficiencias graves en los incentivos que enfrentan los diferentes niveles de gobierno. Estas deficiencias pueden resumirse en tres aspectos clave: recaudación tributaria inadecuada de los gobiernos estatales y municipales; dependencia extrema de transferencias federales; y, por último, una mala calidad de gobierno.
En dicho contexto, las recomendaciones de la OCDE encajan perfectamente con el planteamiento económico de que un federalismo fiscal que otorga facultades tributarias a los gobiernos estatales y municipales tiende a elevar la calidad en el ejercicio de gobierno. Un sistema bien diseñado de relaciones fiscales entre los diferentes niveles de gobierno transmite los incentivos correctos para adoptar un tamaño óptimo de gobierno y para una prestación eficiente de los servicios públicos.
Una buena reforma fiscal necesita abordar, por tanto, no solo la discusión de los impuestos federales, sino abocarse además a que los tomadores de decisiones en los gobiernos locales, sean estos estatales o municipales, enfrenten los costos marginales de elevar su gasto, así como una transparente vigilancia del propio electorado. Los electores, a través del proceso político, debemos ser capaces de elegir la mezcla óptima de impuestos y servicios públicos que deseamos nos provea el gobierno de acuerdo a las preferencias locales.
Hemos sido testigos, sin embargo, que la discusión de estos temas y el debate de las varias propuestas del Ejecutivo a través de los años en ese sentido, han encontrado una y otra vez una fiera y ciega oposición de quienes perderían sus privilegios, así como de los políticos y legisladores que sólo buscan capitalizar en su beneficio el descontento popular.
Nos encontramos nuevamente en el umbral de otro intento por reformar nuestra estructura tributaria y es muy probable que incluya, por lo menos, algunas de las principales ideas y sugerencias que aparecen en el estudio de la OCDE y en otros similares realizados con anterioridad. Los detalles, sin embargo, los conoceremos en unos meses, ya que las autoridades así lo decidieron, quizá para afinar los aspectos más espinosos de su propuesta, pero también para evitar que una discusión prolongada de los mismos genere, como en otras ocasiones, suficientes “anticuerpos” sociales que terminen por frenar o abortar el intento de reforma.
Por otra parte, las notas de prensa nos presentan, hasta ahora, a unos legisladores aparentemente dispuestos a dialogar y aceptar cambios que otrora eran impensables, como es la posibilidad de eliminar los tratos preferentes a la agricultura y el transporte, así como pasar medicinas y alimentos de tasa cero a exentos. Ello ha contribuido al entusiasmo de los inversionistas que, ante la sola posibilidad de las reformas, no ven fin al auge de los instrumentos de deuda y de capital en nuestro país.
Las próximas semanas y meses el gobierno seguramente intensificará el cabildeo en pro de su iniciativa de reforma fiscal entre los legisladores de los distintos partidos, ya que a fin de cuentas el éxito que tenga en ese proceso será crucial, no sólo para el resultado presupuestal de 2008, sino para el margen de maniobra de la administración de Calderón en el resto del sexenio, en particular por la posibilidad de una contracción importante en nuestros ingresos petroleros en el futuro cercano.
La reforma fiscal en puerta no será, por su propia naturaleza, popular. En la medida que respete los principios fundamentales de una tributación eficiente acabará por afectar muchos intereses creados. En diversos foros surgirán voces opositoras. Por consiguiente, la calidad del nuevo Congreso y sus integrantes se medirá en función de qué tanto estén dispuestos a sacrificar su popularidad y aceptar las consecuencias políticas por aprobar una reforma tributaria que facilite la tarea gubernamental y contribuya a elevar el bienestar de la población en el mediano y largo plazo. Los mercados financieros están muy optimistas, yo no lo estoy tanto.
