El próximo domingo habrá elecciones municipales y legislativas en Chihuahua, Durango y Zacatecas. Son los comicios de medio término en los estados regidos, los dos primeros, por gobernantes priistas, José Reyes Baeza e Ismael Hernández Deras y por la perredista Amalia García Medina. En cierto modo las elecciones intermedias sirven para probar el control y la popularidad de los mandatarios estatales sobre sus aparatos y entre los ciudadanos.
Salvo algunas peculiaridades, en los tres casos se trata de elecciones normales, es decir, no se espera de los resultados generales un vuelco del electorado, que significara pérdidas notorias para los partidos en el poder y no se producirán necesariamente avances de la Oposición.
En Chihuahua se eligen 67 ayuntamientos y 33 diputados, 22 de ellos por mayoría. En esa entidad parece consolidarse el bipartidismo que ha permitido al PAN gobernar algunas de las grandes ciudades (la capital y Juárez) y el estado mismo (lo hizo Francisco Barrio, de 1992 a 1998), y al PRI recuperar esos bastiones, ya en dos oportunidades seguidas en el caso del Gobierno Estatal. Aunque no sean estrictamente comparables, es inevitable referir lo ocurrido en las elecciones federales como telón de fondo, sólo porque muestran el más reciente estado de la opinión política en la entidad. En Chihuahua hay un notorio contraste entre las preferencias del electorado cuando se trata de elecciones estatales y municipales, donde se inclina por el PRI y cuando se trata de las federales: en las de 2000 y 2006 Acción Nacional ganó con holgura las senadurías y seis y cinco diputaciones respectivamente. Eso no obstante no necesariamente volverá ese partido a gobernar donde lo hizo con figuras casi legendarias como Luis H. Álvarez y el propio Barrio.
La nota sobresaliente en estos comicios es la alianza entre el PRI y el Panal. El partido de Elba Ester Gordillo ha tendido a formar coalición con el PAN, no sólo por afinidades, sino porque su creación supuso una ruptura dentro del tricolor. El fundamentalismo priista ve a Nueva Alianza como fruto de la traición a su partido y no aminora la responsabilidad que en ello incumbe a la lideresa magisterial. Pero la fuerte presencia de la profesora en el ánimo de gobernadores de entidades regidas por su antiguo partido (Sonora y Coahuila por sólo citar dos) se advierte en Chihuahua hasta el punto insólito de que marchen juntos contra el PAN, del que el Panal va del brazo y por la calle en el resto de la República.
En Durango se eligen 39 alcaldías y 30 miembros de la legislatura local, 17 de ellos de mayoría. También allí ha habido alternancia pero, a diferencia de Chihuahua, sólo en el nivel municipal (y también en el federal, puesto que el año pasado triunfaron los candidatos albiazules al Senado). La capital ha tenido gobiernos panistas y petistas, mientras que en Lerdo ahora mismo gobierna el PAN (aunque su alcaldesa Rosario Castro haya pedido licencia para dirigir en la Administración calderonista el Instituto Nacional de Federalismo y Desarrollo Municipal). No parece posible que la ciudad de Durango tornara al dominio panista, pues el candidato del PRI proviene del equipo del gobernador Hernández Deras quien, según reiterada denuncia del PAN realiza con recursos públicos tal proselitismo que parece él mismo el candidato. Los emblemas del Gobierno y los de la campaña priistas se asemejan notoriamente, pues utilizan los mismos colores, la misma tipografía y la misma referencia a la unidad. Anteayer apenas la Comisión Permanente del Congreso de la Unión acordó solicitar a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales investigar los ilícitos presuntamente cometidos en el proceso duranguense.
Para infortunio de esa entidad, hechos violentos, esperemos que ajenos a la contienda electoral preocupan más a los ciudadanos que la disputa por ayuntamientos y curules. En la capital misma y en la porción duranguense de la Comarca Lagunera se han producido atentados y crímenes que denotan la presencia de la delincuencia organizada más allá de la región limítrofe con Chihuahua y Sinaloa donde su presencia ha sido ya parte del paisaje.
También se ocupó la Permanente del proceso electoral zacatecano. Pero a diferencia del pedido concreto a la Procuraduría General de la República como se hizo respecto de Durango, ese órgano legislativo se limitó a exhortar a la gobernadora García Medina a “blindar” el gasto público para evitar sesgos electorales, lo que la mandataria ya había hecho.
El dato sobresaliente en los comicios zacatecanos (donde están en disputa 58 ayuntamientos y 30 bancas del Congreso local, 18 de mayoría), más que la división introducida en el PRD por el senador Ricardo Monreal, es la conversión de Zacatecas al bipartidismo entre ese partido y Acción Nacional, lo que equivale a hablar si no de la desaparición del PRI sí de su postración.
Ninguna de las posiciones clave en la elección cuenta con un protagonista perteneciente a ese partido, que dominó a la entidad hasta hace una década. Es probable, por ejemplo, que en la contienda por la alcaldía capitalina ocupe el tercer lugar el candidato priista, José Olvera, el mismo que hace doce años fue abatido por su ex correligionario Monreal.
En el marco de la disputa interna perredista no fue casual que la única gobernadora actualmente en el poder haya sido vocera de sus compañeros en torno a la reforma fiscal. El comité nacional le confirmó así su apoyo.
