El Universal
Iowa, EU.- Las dos mujeres llamadas Violeta Blanco nunca se habían visto. Pero por mucho tiempo compartieron no sólo el nombre, sino la misma fecha de nacimiento y el mismo número de Seguridad Social.
Una es una inmigrante ilegal procedente de México que encontró trabajo cortando carne de puerco en una empacadora en Iowa, luego de que su esposo la dejara con tres hijos. La otra es una madre soltera estadounidense que vive en California y que nunca ha tenido trabajo, que lucha contra su adicción a las drogas y para evitar que el Estado le quite a sus hijos.
Pese a tener tan poco en común, ambas han compartido su identidad; están ligadas por un comercio ilícito que es el centro del nuevo combate federal contra la inmigración ilegal.
Al ser detenida en una redada la una planta de Iowa, la trabajadora mexicana admitió que había usado la identidad de la mujer de California para obtener su trabajo. Ahora, está en la cárcel acusada de robo de identidad; su juicio está programado para empezar mañana lunes, en Des Moines.
Las redadas que realizaron las autoridades migratorias en seis plantas empacadoras de clarme de Swift & Company, en seis estados de la Unión en diciembre pasado, así como otras emprendidas en Michigan, Florida y Rizona, han dejado al descubierto un frente creciente en el negocio subterráneo dirigido contra los inmigrantes ilegales que buscan trabajo, dijeron funcionarios.
Conforme las autoridades persiguen a los empleadores que contratan a indocumentados, las empresas examinan las solicitudes con más cuidado y los documentos falsos ya no pasan las inspecciones tan fácilmente como antes. Los inmigrantes ilegales cada vez usan más documentos genuinos, que son robados o comprados por los traficantes a ciudadanos estadounidenses.
Con el actual aumento de seguridad, los inmigrantes ilegales “invierten más esfuerzo y dinero para conseguir mejores documentos”, dijo Julie L. Myers, alto funcionario de Inmigración y Aduanas. “Más y más, esto incluye adoptar las identidades de ciudadanos estadounidenses y de inmigrantes legales”.
COMERCIO DE IDENTIDADES
El caso de Violeta Blanco, de 31 años y originaria de Bakersfield, California y de la mujer en Iowa que usó su nombre, Eloísa Núñez Galeana, de 32, son un ejemplo del nuevo comercio de identidades desde las dos perspectivas. Por un lado está una inmigrante lista para trabajar y que dice que nunca pensó que estaría robando a una persona real; por otro, una estadounidense desafortunada que dice que no sabe cómo su información personal llegó al mercado negro.
Al ser entrevistada en la cárcel en Des Moines, Eloísa dijo que usó los documentos de Violeta Blanco, que compró a una mujer que no conocía en 2003, para solicitar trabajo, pero que nunca más los volvió a usar.
Eloísa esperaba trabajar en la planta muchos años, dijo, tal vez lo suficiente para ver a sus hijos graduarse de la preparatoria (dos de los niños nacieron en Iowa y son ciudadanos estadounidenses).
“Yo era inocente cuando vine de México”, dijo Eloísa, una mujer pequeña y de cara redonda que dijo estar devastada al saber que está involucrada en un acto criminal. “Pero ellos no te dan trabajo tan fácil. Para conseguir un trabajo honesto necesitas buenos documentos”.
Mientras Eloísa trabajaba en la empacadora de carne, Violeta estaba en su hogar en Bakersfield lidiando con una vida llena de problemas. Estuvo en rehabilitación por su adicción a las drogas; perdió la custodia de sus niños y la recuperó. Como resultado, dice que estaba distraída y puso poca a tención a las cartas que por tres años recibió de la Administración del Seguro Social ordenándole reportar los ingresos registrados bajo su número de Seguridad Social. Ella nunca ha trabajado. “No conozco a la persona, pero estoy molesta”, dijo Violeta de Eloísa. “Creo que ella obtuvo más beneficios de mi identidad que yo de ella”.
De los mil 282 inmigrantes ilegales detenidos en las redadas en las empacadoras de Swift, la mayoría fueron acusados de violar las leyes migratorias y fueron deportados. Pero los fiscales federales levantaron cargos de robo de identidad contra 148 de los detenidos.
Los documentos de la Corte indican que los acusados no usaron los documentos robados para saquear cuentas bancarias o tarjetas de crédito, sino para obtener certificados de nacimiento y tarjetas de seguridad social, a fin de conseguir trabajo.
En Swift, a los trabajadores se les descontaba de su cheque las contribuciones al seguro social y otros impuestos, pero no llenaban las devoluciones fiscales. Así, los impuestos de Seguro Social se acumulaban en las cuentas de los verdaderos dueños de la identidad. Muchos venden voluntariamente sus documentos; a otros les pasa lo que a Violeta: sus documentos terminan en el mercado negro.
