Señalan complicidad de perito de la Procuraduría de Justicia
Canatlán, Dgo.- Contando con la complicidad de peritos de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, el alcalde de este municipio, Rafael Díaz Irigoyen escamoteó la liquidación a una trabajadora del Ayuntamiento que contaba con 20 años de antigüedad en su trabajo y que fue despedida injustamente casi al inicio de la administración pública que está por terminar su gestión, denunció el licenciado Favio Amador Rueda, defensor de la afectada.
De acuerdo a la información que proporcionó el entrevistado, desde el pasado 14 de enero del 2005, presentó denuncia ante la Junta de Conciliación y Arbitraje por el despido injustificado de la señora Amada Salazar Félix, quien fue despedida del departamento de aguas del municipio de Canatlán en forma injustificada por instrucciones del alcalde Rafael Díaz Irigoyen.
Indica que el primer día de marzo se llevó a cabo una audiencia de conciliación en el mencionado tribunal laboral y los demandados no acudieron, por lo que la demanda se dio por contestada en sentido afirmativo.
Posteriormente, el 8 de marzo, acudió a la junta una persona de nombre José de la Luz López Pescador y se ostentó como asesor jurídico de la Presidencia de Canatlán, quien pretendía interponer un recurso de nulidad de las actuaciones porque supuestamente no se le notificó legalmente de la reunión de conciliación.
El entrevistado dio a conocer que no se reconoció la representatividad de ese representante porque una cosa es asesor jurídico y otra representante legal, sin embargo, la Junta de Conciliación y Arbitraje sí reconoció al citado sujeto como representante legal, con lo cual, según Favio Amador, se cometió una irregularidad.
El 17 de octubre del 2005 se le concedió un amparo a la demandante porque el representante legal del Ayuntamiento de Canatlán no acreditó su personalidad jurídica, pero el 18 de agosto del 2006, la Junta de Conciliación dictó laudo en contra de la demandante, ya que ese tribunal consideró que no había relación de trabajo y por lo tanto absolvía a los demandados.
Posteriormente y mediante dos escritos, Amada Salazar Feliz acudió a demandar el amparo ante el Tribunal Colegiado del 25 Circuito, ante la resolución obtenida, pero posteriormente el alcalde Rafael Díaz Irigoyen acudió y el 8 de noviembre del 2006 promueve juicio de nulidad alegando que la firma estampada en la solicitud de amparo no corresponde a la demandante y para comprobarlo ofrece el testimonio de la perito grafoscópico y documentoscopía Marisela Nevárez Silerio, quien presta sus servicios para la Procuraduría General de Justicia en el Estado y por ende se encuentra impedida para realizar peritajes a particulares, dice el declarante.
Menciona el entrevistado varios artículos mediante los cuales queda especificado que esa servidora pública no puede desarrollar peritajes en lo particular, incluso se le denunció ante la Contraloría Estatal para que se inicie el procedimiento administrativo que corresponda, sin embargo, hasta el momento no se ha hecho nada.
Favio Amador indica que la perito Marisela Nevárez Silerio actuó con dolo y mala fe, ya que aún desconociendo las técnicas modernas de grafoscopía dictaminó que la firma de la trabajadora demandante no era la original y que eso lo hizo solamente para poder cobrar una cuantiosa cantidad a la presidencia municipal de Canatlán.
Finalmente, el declarante indica que su representada, Amada Salazar Félix fue despedida desde el 11 de enero del 2005 y hasta el momento, el alcalde Rafael Díaz Irigoyen se ha negado a entregarle su baja del IMSS, con lo que ha impedido que ella pueda tramitar su jubilación y por ende se le ha privado de disfrutar de sus derechos sociales y a disfrutar de su pensión por los derechos adquiridos por su antigüedad, dado que en la actualidad cuenta con 66 años de edad.
Esta denuncia, dice el licenciado Favio Amador, la presenta en vista de que a últimas fechas se habla de casos de corrupción al interior de la PGJE y se ha recomendado que se presenten denuncias puntuales de cada uno de ellos y este es uno, por lo que espera la actuación del titular de esa dependencia, José de Jesús Gutiérrez.
Otra denuncia
Edna Patricia Rodríguez Cázares fue despedida en forma injustificada de su trabajo y estando en trámite su demanda, en febrero del 2007 fue encarcelada por una denuncia que previamente habían presentado sus patrones, patrocinados por Rafael Martín Domínguez y José Víctor Herrera castañeda, relata el licenciado Favio Amador.
La trabajadora salió libre por falta de méritos y los demandados y sus representantes legales ofrecieron el 5 de marzo una prueba pericial ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, presentando al perito Juan Guillermo Mena Ávila, quien también presta sus servicios para la Procuraduría General de Justicia y quien por tanto no debe desempeñarse como perito en casos particulares como lo está haciendo.
