El Siglo de Durango
Aunque es un millón 30 mil pesos lo que el Municipio debe pagar a María Teresa Enríquez Rojas, el embargo precautorio del que fue objeto es sobre bienes inmuebles con un valor de 2.5 millones de pesos (mdp), ya que así lo marca la ley, especifica Javier Alcalá Valenzuela, apoderado legal de la demandante.
El plazo que tiene el Gobierno Municipal para llegar a un acuerdo es este viernes hasta las siete de la tarde, conforme los tiempos fatales que dicta la propia legislación.
En tanto, el presidente municipal Jorge Herrera Delgado asegura que habrán de responder. ?Tengo toda la información. Se trata de cuestiones que no tienen que ver con mi administración, más bien, mi posición es privilegiar el Estado de Derecho, no hay mayor trascendencia. No se trata más que de una cuestión jurídica?, pormenoriza el edil capitalino.
Pese a que este gasto no ha sido considerado dentro del presupuesto del Municipio, Herrera Delgado afirmó que lo que importa es cumplir las leyes. ?Se va a hacer frente de una manera jurídica, se le da aceptación a lo que presentan, son ciudadanos que se apegan a derecho y están tratando de hacerlo valer?, establece el ex diputado local.
LO QUE SIGUE
?La diligencia del viernes pasado 9 de febrero, en uso del legítimo derecho que tienen los demandados para garantizar las prestaciones que se le reclaman y las cuales ya fueron condenados por una resolución de segunda instancia, lo que se ejecutó en compañía del personal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, fue requerirles el pago y que señalaran bienes para embargo?, relata Alcalá Valenzuela.
?En ese derecho legítimo que la ley les concede a los representantes legales del Municipio, señalaron dentro de un registro de activos fijos unos terrenos que se ubican ante el oriente de la ciudad, a espaldas del Seminario Mayor, fraccionamiento Paso Real, para garantizar las prestaciones que se le reclamaban?, dice.
Y continúa: ?Los bienes inmuebles, ascienden, según el padrón de activos fijos del Municipio, a la cantidad de 2.5 mdp, con lo cual quedan satisfechas conforme a la ley las prestaciones de la señora María Teresa Enríquez Rojas, lo que sigue es que nosotros paguemos impuestos al Registro Público de la Propiedad y el Comercio para que esa autoridad registral haga la anotación de que esos bienes se encuentran sujetos a litigio?.
Conforme lo detalla el abogado, el Gobierno Municipal se ha comprometido a resolver esta situación en la presente semana y existe confianza en que así será. Con esto, se disminuye la posibilidad de embargo.
?En relación que el monto haya sido de 2.5 mdp es porque en realidad la ley así lo establece ya que si señala por la cantidad que le fue autorizada, no se sabe si los demandados vayan a cumplir en tiempo y forma. Hay una serie de recursos para tratar de alargar el pago de la condena; por eso, los embargos no se hacen por la cantidad determinada?, menciona.
Compromiso legal
El Gobierno Municipal tiene una deuda pendiente.
-El pasado viernes 9 de febrero de 2007, se procedió al embargo precautorio de bienes inmuebles del Ayuntamiento.
-Las negociaciones para llegar a un acuerdo con la parte jurídica del Municipio duraron poco más de dos horas.
-Los terrenos que han sido objeto de este embargo precautorio están en el fraccionamiento Paso Real.
-La historia de este caso se remonta a la administración de Francisco Javier Pérez Gavilán, quien entró como presidente municipal interino cuando Ismael Alfredo Hernández Deras se retiró del cargo para convertirse en senador de la República.
-En ese tiempo se construyó una vialidad que conecta a los fraccionamientos Real Victoria, en el oriente de la ciudad, aunque no se dio el nombre exacto, obra con la que se dañó el patrimonio de María Teresa Enríquez Rojas, quien ha reclamado la indemnización durante varios años.
FUENTE: Investigación de El Siglo de Durango.
