La Comisión Nacional de
los Derechos Humanos (CNDH) dirigió su recomendación 33/2007 al
gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza Terrazas, por la agresión
que recibieron tres periodistas por agentes de la Agencia Estatal de
Investigación de Chihuahua, en Ciudad Juárez.
De acuerdo con el organismo, los agentes golpearon a los periodistas
Eugenia Cícero Rivera y Aurelio Suárez Núñez, reporteros del periódico
vespertino PM, y Jaime Murrieta Briones, reportero gráfico de El
Diario, dañaron sus vehículos y robaron sus cámaras fotográficas.
La agresión ocurrió cuando los comunicadores daban cobertura
periodística y trataban de documentar fotográficamente a cerca de 20
personas, entre ellas varios policías, que ingerían bebidas
embriagantes y escandalizaban en la vía pública, donde también estaban
cinco vehículos de la citada corporación.
La comisión estableció que los policías violentaron los derechos a la
libertad de expresión, legalidad y seguridad jurídica, así como de
integridad y seguridad personales de los agraviados, ya que estaban en
servicio e ingerían bebidas embriagantes en la calle en compañía de
particulares, con quienes persiguieron a los reporteros a bordo de sus
unidades.
"Dañaron con armas de fuego los vehículos en que se transportaban los
comunicadores; una vez que lograron darles alcance éstos fueron
golpeados y sustraídas sus cámaras fotográficas, para evitar que se
exhibieran en los diarios las tomas en que fueron captados 'in
fraganti' ", destacó la CNDH.
Precisó que se ejerció acción penal en contra de los agentes José
Abelardo Torres Bernal y Jorge Manuel Villegas Esparza, por el delito
de lesiones dolosas, y de los particulares Rubén Antonio Martínez
Olivares, Ricardo Barrios Simental y Carlos Alberto Hernández Luna,
por lesiones dolosas, daños, robo y portación de arma de fuego de uso
exclusivo del Ejército.
Sin embargo, cuestionó, la Procuraduría estatal no ha ejecutado la
orden de aprehensión en contra del servidor Jorge Manuel Villegas
Esparza, lo que implica un actuar omiso y contrario a derecho por
parte de la autoridad.
Por ello, recomendó al gobernador de Chihuahua dar vista a la
Contraloría del estado, para que se investigue la responsabilidad de
los policías estatales involucrados en el caso, así como la de los
agentes del Ministerio Público que integraron la averiguación previa
CZN-59/06, por omisiones e irregularidades observadas, y se repare el
daño a los agraviados.
