Señala la CDHEC irregularidades de agentes Preventivos y de la DEGISCOE
TORREÓN, COAH.- Por violaciones a la libertad personal en su modalidad de detención arbitraria, derecho a la privacidad y lesiones, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) emitió dos recomendaciones contra la Dirección de Seguridad Pública y otra contra la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
En el expediente 09/2007, aparece el afectado Jesús Cruz Juárez, quien se vio afectado por agentes preventivos municipales que atentaron contra su libertad personal en la modalidad de detención arbitraria, ya que su detención e internamiento en la cárcel se basó en el concepto de “sospechoso”, término que es condenado por la Comisión.
La recomendación 10/2007 también es contra agentes de Seguridad Pública, que estaban al mando del entonces director, Javier Gutiérrez Pesquera, y como afectado aparece Carlos Martínez Sánchez, por hechos ocurridos en marzo de 2005, en la colonia Eduardo Guerra.
En esta ocasión la afectación fue en el derecho a la privacidad en su modalidad de allanamiento de morada y violación al derecho a la integridad y seguridad personal en su modalidad de lesiones, luego de que se determinó que los agentes abusaron de la fuerza física para someter a la persona que inicialmente cometió una infracción de tránsito.
Contra la PGJE, específicamente la Dirección General para la Investigación del Secuestro y Crimen Organizado en el Estado (DEGISCOE), fue la recomendación 11/2007, donde aparece como afectado José Encarnación Zapata Mora, por la violación al derecho de libertad, y violación al derecho de integridad en su modalidad de lesiones, además de su derecho de tránsito, que fue afectado sin justificación legal.
La recomendación surge en base a los artículos 14 y 16 de la Constitución Mexicana, donde dice que “ninguna autoridad puede incurrir en actos de molestia o de privación de derechos, si no se reúnen las exigencias que los propios preceptos establecen”.
Aunado esto a que con anterioridad, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su recomendación general de 2/2001, señaló que las detenciones llevadas a cabo en las personas por encontrarse en “actitud sospechosa” o “marcado nerviosismo” resultan violatorias de derechos humanos.
En el presente año ya se había emitido también otra recomendación más para cada una de las dos corporaciones recién mencionadas, donde se invitaba a las autoridades a iniciar los procedimientos administrativos correspondientes.
