La sorpresiva reapertura del expediente contra el ex director de Petróleos Mexicanos, Raúl Muñoz Leos, por el supuesto desvío de mil 700 millones de pesos a favor del sindicato, cayó como balde agua helada al interior de la paraestatal, dada la inminencia de la revisión contractual bianual.
La razón es simple: Se trata de aprovechar la coyuntura para replantear al menos una docena de cláusulas que permitirían desde un ángulo fortalecer la productividad de la empresa pública y desde otro impedir su asfixia financiera.
Y hete aquí que el escándalo podría mosquear al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, en un escenario en que los dados están en sus manos.
Ahora que la posibilidad de un acuerdo se plantea como el ahora o nunca, dada la precaria situación de Pemex ante sus graves problemas de sobreendeudamiento; el descenso en la producción de sus yacimientos, con énfasis en Cantarell; la exigencia de realizar inversiones por 35 mil millones de dólares anuales… y la estrecha rendija política.
Dentro de dos años el país estará otra vez enfrascado en una contienda electoral, ésta para renovar la Cámara de Diputados, y dentro de cuatro estará caliente la pelea por la grande.
Por lo pronto, las mesas de diálogo se abrirán la próxima semana, por más que el emplazamiento a huelga que interpondrá el sindicato se vencerá el 30 de julio.
Y por lo pronto, el punto más álgido de la confrontación apunta a modificar el régimen de jubilaciones y pensiones, en intento de empatar las condiciones con la nueva realidad en que los beneficios se alargan y las aportaciones se contraen.
De hecho, el faltante de reservas laborales de la paraestatal se incrementa dos dígitos año con año. Para no ir lejos, en los primeros tres meses del año creció en 20 mil millones de pesos.
El boquete alcanza 450 mil millones.
Desde otro ángulo, la empresa pública pretende flexibilizar las condiciones laborales para acceder a la transferencia de tareas en afán de utilizar mano de obra ociosa. Dicho con todas las letras, que los trabajadores de las plantas petroquímicas que operan, en el mejor de los casos, al 40 por ciento de su capacidad instalada, realicen actividades distintas, previa capacitación y entrenamiento.
En el caso extremo, hete aquí que más de cinco mil trabajadores que se contrataron para realizar actividades marinas cuando Pemex era el rey de los mares, han pasado año tras año sin más actividad que recoger quincenalmente su cheque.
El problema, decíamos, es que en el intermedio se atravesó lo que algunos llaman el Pemexgate II, cuyo estruendo necesariamente concitará a la opinión pública contra el sindicato.
Estamos hablando de los convenios que firmó en 2005 la empresa pública con la representación laboral, que comprometían la entrega de mil 700 millones de pesos, parte para vivienda de los trabajadores, para equipamiento de clínicas y remodelación de espacios deportivos.
De acuerdo a la percepción de la Auditoría Superior de la Federación y de la Secretaría de la Función Pública, la administración del ex director general de Dupont, Raúl Muñoz Leos, replicó a la letra el pecado de su antecesor en el episodio conocido como Pemexgate.
Estamos hablando de la entrega al sindicato de mil 500 millones de pesos, parte de los cuales apuntalaron la campaña del aspirante priísta a la Presidencia de la República, Francisco Labastida.
Lo curioso del caso es que el supuesto fraude del siglo se desvaneció como algodón de azúcar en los tribunales.
Y lo curioso del caso, además, es que el ex secretario del Trabajo, Carlos Abascal Carranza, fungió como testigo de honor a la firma de los convenios que más tarde objetaría públicamente la Secretaría de Hacienda.
En el alud, se dijo que el monto más fuerte de las transferencias, es decir mil 200 millones para vivienda, no se iría a fondo perdido, entregándose en calidad de préstamos a recuperar en 20 años.
Por lo pronto, las partes están otra vez en la mesa en lo que se plantea como la más álgida revisión contractual en la historia.
Ahora o nunca.
Balance general
Abierto a finales de enero un plazo de 30 días para plantear propuestas y de 90 para aterrizarlas, en la mira de modernizar la relación obrero-patronal, hete aquí que transcurridos uno y otro lapsos no hay aún resultados en la mesa que abrió la Secretaría del Trabajo entre el sindicato de trabajadores azucareros y los propietarios de los ingenios.
La intención, lo adivinó usted, era replantear el escenario para enfrentar la anunciada reconversión de la industria.
Del lado patronal, por ejemplo, el planteamiento hablaba de eliminar el escalafón ciego que obliga a otorgar ascensos a los trabajadores por su antigüedad, es decir a soslayo de sus habilidades.
La intención, además, era racionalizar las plazas para alcanzar una plantilla adecuada a las exigencias de la operación. Ningún trabajador más… ni uno menos.
Más allá, se proponía reconocer las multihabilidades de un trabajador, es decir la posibilidad de que un mecánico haga tareas de soldador o de plomero.
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Derrotado su intento de ampararse contra la resolución de la Comisión Federal de Competencia que le cerró el paso a la posibilidad de operación conjunta de sus empresas Ferrocarril Mexicano, conocida como Ferromex, y Ferrosur, el Grupo Industrial Minera México se metió al tobogán.
Hete aquí que las firmas caminan en reversa, por más que se han reforzado los equipos de tracción, es decir hay más locomotoras.
Los ingresos de Ferromex apenas crecieron 3.3 por ciento durante el primer trimestre del año, en tanto sus costos se encarecieron en 14.6.
Sólo el valor de la mano de obra subió 11.9 por ciento, en tanto el del diesel creció 3.3, al margen del costo de mantenimiento de carros rentados a terceros.
Por lo pronto, la utilidad operativa de la firma cayó 21 por ciento, en tanto la neta lo hizo en nueve.
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Acusamos recibo de una catarata de correos electrónicos en relación a la columna del martes pasado (“Ley de la selva”), en los que se plantean posiciones equidistantes a favor de tirios o troyanos.
De entrada, se señala que la Secretaría de Gobierno de Sinaloa gestionó de motu propio una entrevista con los propietarios de los terrenos de playa a los que en el papel se les pretende despojar, sin que éstos acudieran a la cita, aduciendo problemas derivados de los juicios que enfrentan.
El intento se replicó una semana después con los mismos resultados.
Más allá, se señala que los denunciantes, Luis Alberto Alcaraz Viedas y Luis Alberto Alcaraz Sandoval, fueron acusados de fraude genérico y fraude procesal en perjuicio del patrimonio de María Trinidad Quintero López y de la Procuraduría de Administración de Justicia, encontrándose aún el proceso en periodo de instrucción, pese a que alcanzaron libertad bajo fianza.
Desde otro ángulo, se acusa al columnista de dejarse sorprender por empresarios que tienen ante sí una serie de demandas por vender en forma doble los terrenos de su fraccionamiento de playa, señalándose además que es falso que hayan sido ellos quienes los dotaron de servicios.
Finalmente, se nos precisa que Jesús Vizcarra Calderón no es secretario de Desarrollo Social sino de Desarrollo Económico del gobierno del Estado, y que el procurador Fiscal, Octavio Aguilar Padilla, es hermano del gobernador.
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