Al grito de ahora o nunca, dada la inminencia del desmantelamiento total de aranceles a las exportaciones de Estados Unidos, el gobierno intenta la hazaña de revitalizar el sector azucarero para intentar el tú a tú por la vía de su reconversión
La estrategia es simple: atenuar la competencia desigual frente a una producción tradicionalmente superavitaria, aprovechando el dulce en tareas audaces como la producción de biocombustibles.
En paralelo, mejorar la rentabilidad de los ingenios aprovechando la infraestructura para la cogeneración de energía eléctrica que se le vendería a la Comisión Federal de Electricidad.
Más allá, modernizar la relación obrero-patronal en su doble vértice: Los cañeros y los trabajadores de la molienda, para mejorar sustancialmente la productividad.
En el volado, cuya moneda se lanzó al aire hace unos días en el simbólico poblado de Tlaltizapán, Morelos, el gobierno federal está colocando en la mesa una apuesta de mil millones de pesos.
En el aire, pues, está la suerte de un sector en el que participan, directa o indirectamente, 12 millones de mexicanos diseminados en 15 entidades federativas del país.
El problema es que al Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar le quedan escasos siete meses para mostrar resultados palpables, dada la cuenta regresiva para la apertura total de la frontera con Estados Unidos que se termina el primer día del año próximo.
Quizá por ello, ante ello, el presidente de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera, Juan Cortina Gallardo, ofreció un balance inicial en un plazo máximo de seis meses.
Por lo pronto, la cuesta pareciera demasiado empinada.
De entrada, entre el dicho y el hecho la producción de biocombustibles, con énfasis en el etanol como oxigenante de las gasolinas, reclama un acuerdo previo con las organizaciones de cañeros para desmantelar el precio a que se obliga a los ingenios a pagar la materia prima.
Estamos hablando del 42 por ciento del valor del azúcar producida, lo que vuelve incosteable la reconversión, toda vez que se está produciendo etanol vía maíz amarillo, remolacha y una gama de hortalizas, cuyo costo de producción es infinitamente menor.
La posibilidad apuntaría, en tal caso, a la aceptación de un costo dual por tonelada de caña: uno para producción del dulce y otro para biocombustibles.
La alternativa se ha utilizado para intentar la competitividad de cara a los excedentes para exportación.
Más allá, naturalmente, se tendría que firmar un convenio con Petróleos Mexicanos para garantizar un mercado para el producto.
Ahora que la segunda fase, es decir la posibilidad de cogeneración eléctrica, pareciera aún más difícil. De entrada se requiere que el Congreso apruebe dos iniciativas en la mesa: la Ley para el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía y la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos.
Bajo su cobijo se reconocería al bagazo de caña como fuente de energía renovable e intermitente.
La razón del paraguas es que en las circunstancias actuales la cogeneración eléctrica ha resultado ruinosa para el puñado de ingenios que se han atrevido, dado que la temporada de lluvias y la interrupción de la producción en la fase previa a la zafra vuelven misión imposible mantener constante el flujo hacia las líneas de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad, quien cobra onerosos penalizaciones por la intermitencia.
De hecho, hasta hoy el caldo ha costado más que las albóndigas, por más que las factorías utilizan parte de la energía producida para consumo propio.
Ahora que si el grado de dificultad para los primeros dos pasos es altísimo, remontar el tercero parece misión imposible. Estamos hablando, por ejemplo, de desmantelar el contrato-ley que rige las relaciones laborales de la industria, cuya antigüedad se remonta a 1936.
De hecho, la Secretaría del Trabajo abrió a principios del año una mesa de trabajo para discutir la viabilidad de un enmarañado de cláusulas que, a decir de los patrones, impiden la productividad de los ingenios.
El caso es que tres meses después no hay resultados, pese a que el diálogo se ha mantenido constante.
Ayer mismo, por ejemplo, se realizó un encuentro más.
Por lo pronto la primera sombra para el Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar lanzado por el presidente Felipe Calderón la representó la ausencia en el acto del secretario de Economía, Eduardo Sojo, quien tampoco se dignó enviar un representante.
La dependencia, como usted sabe, sostiene la tesis de que la letra con sangre entra, es decir la única forma de sacudir a la industria es promover importaciones compulsivas del dulce provenientes de países centroamericanos, cuyo costo es sensiblemente menor.
Adicionalmente, en otro mal augurio, tampoco acudió el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Azucarera, Enrique Ramos.
Ahora que por optimismo no queda.
De acuerdo al presidente Calderón, bajo el nuevo esquema se elevará la producción de caña de azúcar a un ritmo de 2.3 por ciento anual, en tanto la producción de azúcar crecerá tres.
Más aún, para 2012 la habrá cinco mil 400 toneladas para consumo interno y 840 mil para exportar… a Estados Unidos.
Casi el paraíso.
Balance general
Lo cierto es que la fiesta por el oxígeno oficial ofrecido para mantener la viabilidad de la industria azucarera la empañó el otorgamiento de un inoportuno cupo para importar sin aranceles 150 mil toneladas de azúcar de Centroamérica.
La filtración de la noticia provocó un caída de 20 pesos por bulto de 50 kilos del dulce producido localmente.
El caso es que ante la presión de los productores la dependencia levantó la solicitud de visto bueno que le había planteado a la Comisión de Mejora Regulatoria… momentáneamente.
Y es que, en la certeza de que no habría escándalo, están ya en la frontera de Guatemala, 50 mil toneladas, y 100 mil más en Estados Unidos.
El dulce, según ello, se destinaría como materia prima para las empresas maquiladoras de Estados Unidos que fabrican dulces, chocolates, mermeladas y demás, es decir no inundarán el mercado interno.
El problema es que la importación viola lo previsto en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que acepta el desmantelamiento de aranceles sólo si se utilizan insumos de la región.
Lo curioso del caso fue el derrame de bilis que le produjo el paréntesis a la subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Rocío Ruiz Chávez.
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Mencionado insistentemente como una de los posibles compradores de Aeroméxico, ahora resulta que el empresario Alfonso Romo Garza ha incurrido en incumplimiento generalizado de las obligaciones con los acreedores del grupo empresarial que preside, es decir Pulsar Internacional.
De hecho, el juez segundo de Distrito en Materia Civil y del Trabajo de Nuevo León, Abel Anaya García, declaró al emporio en concurso mercantil o procedimiento de quiebra ordenada.
La etapa de conciliación con la acreedora tendrá un lapso de 185 días naturales, previa puesta a disposición de los libros, registros y demás documentos de la empresa.
Lo curioso del caso es que fue la propia empresa la que promovió el recurso.
Ahora que meses atrás había solicitado lo propio un fideicomiso textilero radicado en Banamex, que ante la negativa de la autoridad judicial a darle cauce interpuso un amparo directo ante el tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito.
El adeudo de Pulsar, sólo en este caso específico, es multimillonario.
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