Justificada la crisis del maíz por el inexperto secretario de Economía, Eduardo Sojo, bajo el peregrino argumento de desequilibrio en las fuerzas del mercado al superar la demanda a la oferta, lo cierto es que el propio gobierno jaló la reata del lado de los especuladores.
El alza por decreto de 40 por ciento en el precio de la tortilla que le restó 15 puntos a la exigua popularidad del presidente Felipe Calderón, pues, representa un autogol del gobierno.
Digamos que a la vista de un escenario de estrechez al lanzarse las empresas en línea de arranque para colocar en escena 29 plantas productoras de bioetanol a la compra por adelantado de cosechas para garantizar el abasto de materia prima, el gobierno abrió la puerta para secar el mercado al subsidiar la adquisición de los granos existentes.
Más aún, la ayuda gubernamental alcanzó al transporte de carga, las bodegas, la pignoración, la producción pecuaria y aún la exportación? con la novedad de que los únicos que se quedaron al margen fueron los productores de la gramínea.
Aunque el costo por tonelada de ésta alcanza, con la bendición oficial, tres mil 500 pesos, para los campesinos desde el 2002 el precio se ubica en mil 600. De hecho, el 13 de abril del año pasado la Secretaría de Agricultura le abrió el camino para salir del país a 500 mil toneladas de maíz producido en Sinaloa, al fijarse una serie de subsidios según el destino de los granos. El mayor de ellos, 370 pesos por tonelada, apuntó a los exportaciones con proa hacia África, Asia y Europa, en tanto se le dieron 320 a las que enfilaron a Centro y Sudamérica, y 260 hacia la región del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
La ayuda global del gobierno a los comercializadores fue de 150 millones de pesos. Una semana antes se habían publicado en el Diario Oficial los lineamientos para subsidiar el maíz destinado al sector pecuario de Sinaloa, Sonora y Jalisco, pagándole los costos de almacenaje, flete y cobertura de precio, en un monto de hasta un millón de toneladas.
El regalo, naturalmente, apuntó a empresas como Bachoco, Tyson o Peelgram?s, los principales engordadores de pollo en el país. Y por si le faltara un pial a los acaparadores, el 9 de agosto se publicaron a su vez los lineamientos para subsidiar el flete de un millón 200 mil toneladas de maíz de Sinaloa, cuyo monto unitario alcanzó entre 260 y 350 pesos.
El costo del programa, con los atentos saludos de la Secretaría de Agricultura, fue de más de 360 millones de pesos? que les cayeron del cielo a firmas como Cargill de México, convertida en la principal comercializadora de granos del país, además, naturalmente, del grupo Maseca, Minsa y Bimbo. No es ocioso anotar que la primera de ellas no sólo inunda el mercado interno, sino exporta y, naturalmente, importa el producto de su matriz en los Estados Unidos.
Ahora que durante el ciclo otoño/invierno de 2005/2006 las firmas tuvieron opción de recibir un subsidio para adquirir cuatro millones 931 mil 550 toneladas de maíz, equivalentes a prácticamente la cuarta parte de la producción nacional, lo que implicó estrechar en su beneficio al mínimo los mil 600 pesos por tonelada pagados al productor.
La prebenda apuntó con mayor fuerza hacia la cosecha de Sinaloa, abarcando tres millones 800 mil toneladas, siguiéndole 300 mil de Tamaulipas; 224 mil 300 de Sonora; 50 mil de Veracruz; 15 mil de Nayarit y otro tanto de Nuevo León; 10 mil de San Luis Potosí; siete mil 250 de Baja California Sur, y cuatro mil de Colima.
En paralelo, desde la Secretaría de Economía se manejó una política selectiva de entrega de cupos, es decir montos que pueden importarse de Estados Unidos libres del arancel o impuesto de importación de 18 por ciento que priva para este año.
Lo dramático del asunto es que la derrama de subsidios a los comercializadores, que sistemáticamente se niegan a los productores, alcanzó también al trigo, es decir el producto que ante una grave escasez de maíz podría haber actuado como sustituto en materia de alimento de cara a los productores pecuarios.
Más allá de las ayudas para transporte, bodegas y pignoración, es decir empeñar el grano, la Secretaría de Agricultura apoyó en abril del año pasado la exportación de hasta 300 mil toneladas producidas en Mexicali y San Luis Río Colorado, y hasta 300 mil del sur de Sonora.
El subsidio por tonelada fue de hasta 380 pesos? con la novedad de que en septiembre se elevó a 510 pesos para el grano que salía por Ensenada y Guaymas, aumentándose la cuota a 330 mil tonelada. La mesa, pues, quedó puesta para que los especuladores, acaparadores y hambreadores hicieran su agosto a partir de noviembre del año pasado? por más que la mano firme del gobierno apunta ahora a la clausura de media docena de tortillerías.
Balance general
Sin renunciar a sus tareas como miembro independiente del Consejo de Directores del poderoso banco inglés HSBC (Hong Kong Shangai Bank Corporation), el ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, ya amarró una chamba de tiempo completo.
Estamos hablando de la dirección general de la filial en México de la Telefónica de España, que en nuestro país opera bajo la razón social Movistar. Se trata de la segunda firma telefónica celular más importante del país, lo que coloca otra vez frente a frente al ex funcionario y el magnate Carlos Slim, propietario de Telcel, la primera del mercado.
Anteriormente una y otro habían estado en la esquina del cuadrilatero, cuando Gil Díaz fue nombrado director general de Avantel, la firma de telefonía entonces propiedad mayoritaria del presidente de Banamex, Roberto Hernández. El escándalo, pues, toca otra vez a la puerta, ahora con más insistencia.
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El hecho es que ante el run run de la nueva chamba de Gil Díaz las empresas del ramo han recrudecido las críticas contra la designación como funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Rafael Del Villar y Gonzalo Martínez Pous, a quienes se ubica justo como cabezas de playa del ex secretario de Hacienda en la dependencia.
El primero fue nombrado Subsecretario de Comunicaciones y el segundo Director General Jurídico. Lo inaudito del asunto es que el titular de la dependencia, Luis Téllez, los haya propuesto pese a que ambos mantenían un litigio contra el Senado de la República al ampararse contra su objeción como integrantes del pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. El argumento de los legisladores fue justo que no tenían la autonomía requerida al obedecer a los intereses de Gil Díaz.
El caso es que los funcionarios mantuvieron intacto el jaque al integrarse al gobierno panista, lo que los coloca en un evidente conflicto de interés. Naturalmente, el ruido alcanza a la propia Cofetel, cuyos integrantes se sienten incómodos ante el doble juego de los frustrados aspirantes a ocupar sus sillas.
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La razón de fondo del sorprendente éxito de la oferta de bonos de deuda del grupo Vitro en los mercados internacionales, cuyo monto original saltó de 750 a mil millones de dólares tras una demanda equivalente a siete tantos, se ubica en la calificación de ?alto rendimiento? otorgada a la emisión.
Mientras la agencia Moody?s le dio un inaudito nivel crediticio de B2, Estándar & Poor?s lo colocó en B. Estamos hablando de la primera vez que se otorga tal calidad a una emisión no gubernamental en un mercado emergente.
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Esta mañana las empresas Gicsa y el grupo GPI firman una alianza estratégica con el grupo Posadas para impulsar la construcción durante este año de 22 hoteles, la mayoría bajo la marca ONE Hotels. El primero de la serie, ubicado como de clase económica, se inaugura el próximo jueves en Monterrey.
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Agencia de noticias
EL UNIVERSAL
