Aunque en la fotografía la Secretaría del Trabajo logró la hazaña de sentar, finalmente, a las partes en la mesa, lo cierto es que bajo ésta las patadas entre el Grupo Industrial Minera México y el sindicato minero siguen provocando moretones
Se diría que el apretón de manos a que obligó el titular de la dependencia, Javier Lozano Alarcón, representa para uno y otro la oportunidad de oro de ganar tiempo para aplicar la zancadilla.
De entrada, colocada de espaldas a la pared la dependencia ante el impacto negativo de cara a la opinión pública que provocará el informe de los peritos que analizaron la situación de la mina Pasta de Conchos, cuya conclusión habla de inviabilidad para continuar las tareas de rescate de los 63 cadáveres que permanecer en sus entrañas, la presión apunta hacia un castigo ejemplar para la empresa. Estamos hablando de despojar de las concesiones para realizar actividades extractivas a la firma de Germán Larrea Mota Velasco, lo que la colocaría en posición de quiebra.
La medida cuenta con el apoyo de las viudas de los mineros, cuya campaña de promoción de justicia se ha extendido ya al plano internacional.
La exposición de motivos habla de 100 muertos en los últimos cuatro años, ante la negligencia de la empresa para implantar medidas de seguridad. Adicionalmente, la presión del organismo de representación laboral se lanza con todo para evitar que la Secretaría del Trabajo le otorgue la toma de nota al Sindicato de Trabajadores de la Exploración, Explotación y Beneficio de Minas de la República Mexicana, que en el papel representa a los trabajadores de Mexicana de Cobre, conocida como La Caridad.
La argumentación habla de que éste surgió con apoyo del Grupo Industrial Minera México, lo que lo convierte en un sindicato blanco.
La carambola provocaría el desconocimiento de la revisión contractual avalada por éste, en cuya secuela el sindicato minero emplazaría de inmediato a huelga. Ahora que también en San Juan hace aire.
Colocado el sindicato minero de espaldas a la pared ante la ambigüedad con que resolvieron los tribunales laborales el amparo contra la declaración de inexistencia de las huelgas en tres plantas del Grupo Industrial Minera México, es decir no se podrá despedir a los paristas, pero tampoco se podrán mantener paralizadas las factorías, el patrón está lanzando un ultimátum.
Regresan a trabajar a la mina ubicada en Taxco, Guerrero, o se cierra ésta. De acuerdo al cálculo del sindicato encabezado por Napoleón Gómez Urrutia, la presión obligaría a la empresa a vender.
Desde otro ángulo, la firma está tratando, tras el amparo obtenido por el líder contra el levantamiento de la toma de nota a su favor que realizó la Secretaría del Trabajo, de revivir el expediente para su análisis de fondo. Estamos hablando de sí el hijo de Napoleón Gómez Sada tenía derecho de encabezar un sindicato… sin pertenecer a éste.
En la pesquisa ya se realizaron diligencias con los funcionarios de la Secretaría del Trabajo de la administración zedillista que le negaron el reconocimiento a éste. Más aún, se plantea citar a los directivos del Grupo Peñoles de Alberto Bailleres, quien le expidió un reconocimiento como trabajador de una de sus minas.
El problema es que el documento, que habla de cinco años de labores con un salario de 23.50 pesos diarios, coincide en fechas con el doctorado que estudió Gómez Urrutia en la Universidad de Harvard, en la fase previa a su nombramiento como director de la Casa de Moneda. Más allá, se está forzando a la transparencia total del destino de los más de siete millones de dólares que según las cuentas del sindicato se pagaron por honorarios de abogados en el deslinde de los 55 millones a prorratearse entre trabajadores de Mexicana de Cobre y Minera de Cananea.
La presunción es que los recursos se destinaron a cubrir sobornos para facilitar el traspaso del dinero que se había colocado en un fideicomiso del banco Inverlat, hoy Scotiabank.
Como lee usted, la campal es a muerte.
Balance general
La expectación estará fija mañana en el discurso del presidente Felipe Calderón de cara a las cifras de desastre total o casi se planteen en la asamblea financiera del Instituto Mexicano del Seguro Social, en congruencia con el reporte entregado al Ejecutivo y al Congreso.
El fondo, y aún la forma, darán luz sobre de la posición del gobierno de cara a un eventual rescate de la instancia de seguridad social, tras la indiferencia con que se agotaron los sexenios zedillista y foxista.
En el ambiente, colocado en la mesa el pliego petitorio del Instituto para la revisión contractual, estarán vivas las rechiflas que le lanzaron hace seis años los trabajadores al ex presidente Vicente Fox y hace cuatro al vocero de la causa patronal, Alejandro Martínez Gallardo.
Esta vez el discurso de la causa obrera integrada al organismo tripartita correrá a cargo de José Luis Careja, un joven dirigente cetemista que al interior del Consejo Técnico ha apoyado apretar la presión contra los trabajadores del Instituto.
La voz patronal la tendrá el presidente de la Concamín, Ismael Plascencia. Al evento acude el pleno del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social.
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Latente aún el pleito judicial entre Caminos y Puentes Federales de Ingresos y la empresa constructora Gutsa de Juan Diego Gutiérrez Cortina, tras despojarse a ésta de un contrato para reparación de la Autopista del Sol Cuernavaca-Acapulco, alegando un largo retraso, la Secretaría de la Función Pública prepara una sanción… sui generis.
Estamos hablando de invalidar a la firma por un lapso aún no determinado, que oscilaría entre seis meses y dos años, para recibir contratos de obra pública, con la novedad de que sólo privaría el impasse para los que otorga la SCT y familia que le acompaña.
Dicho con todas las letras, no habría problema con la Comisión Federal de Electricidad, con Petróleos Mexicanos o con la Secretaría de Turismo.
La lógica de la dependencia que encabeza Germán Martínez es que si el pecado se cometió con cargo a la SCT, que la penitencia se cobre en el mismo lugar.
Protegida hasta el escándalo por los gobiernos salinista y zedillista, Gutsa ha cruzado por todos los vericuetos de la impunidad, tras recibir la gracia del rescate bancario sin que le costara ni la pérdida de contratos ni el despojo de activos.
Una mancha más al tigre, pues.
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La plana mayor del Consorcio Aéroméxico se encerró ayer para analizar la inesperada oferta planteada por Moisés Saba Mansri y su padre, Alberto Saba Raffoul, para adquirir 100% del capital de la firma, vía una operación que se cruzaría en el piso de remates de la Bolsa Mexicana de Valores.
Los planes de la empresa, por más que estaba abierta la posibilidad de presentación de posturas en la fase intermedia, eran pulverizar el capital entre el gran público, en una operación planteada para cerrarse a finales de octubre.
El cálculo de los analistas habla de un pago en efectivo por parte de los Saba de 100 millones de dólares, absorbiendo la deuda de la firma calculada en mil 200.
La oferta tendría que ser aprobada por la asamblea de socios de la compañía que opera también Aerolitoral, integrada por representantes del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, la Secretaría de Hacienda y Nacional Financiera.
El primero tiene 43.37%; la segunda 10.16%, y la tercera 6.47%. El 38% restante está colocado en el mercado bursátil. albertobach@yahoo.com.mx
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