Ganada la primera gran batalla por la Comisión Federal de Competencia al ratificar la Suprema Corte de Justicia la constitucionalidad de la ley en la materia, el punto final del caso Maseca, empero, lo pondrá en la mesa en los próximos días un tribunal colegiado
Lo inaudito del hecho es que éste no llegará por la vía del análisis de la justeza de la concentración que plantea la firma hegemónica con la empresa Agroinsa de México, sino por un aparente error en el procedimiento.
La autoridad judicial, pues, podría levantarle el brazo al grupo Maseca por descalificación… con la novedad de que el escenario se trazó bajo lo que en el argot se ubica como chicana.
El truco remite a lo que se conoce como alternativa ficta, es decir dar por aprobada una petición a la autoridad cuando ésta rebase un plazo perentorio en ofrecer su respuesta.
El alegato en que sustentó su demanda la firma fabricante de harina de maíz es justo el que la CFC cruzó la frontera sin haberle notificado que el pleno de comisionados había rechazado su solicitud para concentrar a su causa Agroinsa de México.
Así de simple. La fecha fatídica, de acuerdo a lo previsto por la ley, se agotaba el 21 de noviembre de 2005.
A quién le importa si tres días antes los notificadores de la dependencia llegaron a las oficinas de los abogados del grupo Maseca con sus papeles a cuestas… encontrándolas cerradas, pese a ser día y hora hábil.
A quién le importa si ante la insistencia en que se les abriera la puerta tuvieron que enfrentar a un grupo de policías auxiliares que amenazaban con remitirlos a la delegación.
Ahora que los papeles se pegaron en las ventanas externas de las oficinas.
Naturalmente, en el jueguito del gato y el ratón bailaban los honorarios de los abogados, cuyo monto rebasa los seis ceros… en dólares.
El hecho es que la estrategia sería adoptada meses después por el grupo Industrial Minera México, al intentar notificársele de una resolución contraria a su pretensión de concentrar en una sus filiales Ferrocarril Mexicano (Ferromex) y Ferrosur.
El plazo fatídico, en este caso, vencía el 29 de julio de 2006… con la novedad de que seis días antes el Grupo Minera México le había comunicado a los inversionistas de la Bolsa Mexicana de Valores el rechazo a la concentración… rescatando la información de la página de internet de la dependencia.
El asunto resultó aún más patético si se considera que los notificadores habían llegado a un local donde se concentran oficinas administrativas que manejan la logística.
Ese día, pues, no hubo carga que transportar.
El escenario, pues, quedó abierto para impugnar, al igual que Maseca, por dos vías: la constitucional, es decir la invalidez de la ley en la materia, y la de procedimiento.
Ahora que en este caso hubo un segundo golpe bajo. Hete aquí que en la sospecha de que contra viento y marea Ferromex y Ferrosur trabajaban en forma integrada, la Comisión Federal de Competencia abrió un segundo procedimiento, bajo la presunción de colusión.
En la formalidad del asunto, la instancia en lucha contra las prácticas monopólicas le solicitó a la controladora de las firmas de transporte ferroviario de carga información financiera de éstas… contra lo que solicitó un amparo.
Lo curioso del caso es que otorgada una suspensión provisional por el juez de la causa, éste decidió ir más lejos al prohibirle a la dependencia
encabezada por Eduardo Pérez Motta continuar el procedimiento. La indagación, pues, quedó congelada.
Qué le hace si la concentración entre Ferromex y Ferrosur, cuya red permite el enlace con las rutas cortas Coahuila-Durango y Chiapas-Mayab, en paralelo al corredor transísmico Coatzacoalcos-Salina Cruz, permita acaparar la mitad de la carga en el país.
Más aún, si se considera la obligación de Kansas City Southern México, la firma que mantiene el tercer troncal del sistema, de otorgar derechos de paso hacia el corredor Querétaro-Saltillo, la concentración prácticamente devolvería el escenario previo a la privatización.
De qué sirvió, pues, dividir en tres grandes troncales el sistema.
Ahora que del otro lado de la mesa, de acuerdo a la resolución de la discordia de la CFC, juntas Gruma y Agroinsa de México “concentrarían una parte importante de la demanda de maíz blanco comercial, la cual las colocaría en opción de fijar precios a las cosechas nacionales”.
Lo patético del asunto es que la Comisión Federal de Competencia enfrenta el embate de los gigantes con un presupuesto que con dificultades alcanzaría para pagar los honorarios de uno solo de los despachos que los defienden.
Casi el infierno. Balance general
La noticia es que finalmente el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil emitió una sentencia en tercera instancia que condena al grupo asegurador ING a pagarle a la empresa Fertinal una indemnización de mil 500 millones de pesos… por más que resultan apenas la mitad del monto reclamado.
El litigio, como usted sabe, se prolongó durante seis años luego de que la aseguradora de capital holandés se negara a pagar una póliza contra todo riesgo, tras la destrucción de las instalaciones de la filial de la empresa fabricante de fertilizantes en Baja California Sur, conocida como Roca Fosfórica Mexicana, al embate del huracán “Juliette”.
El incumplimiento provocó la quiebra de la compañía con sede central en Lázaro Cárdenas, Michoacán.
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En el inaudito de la temporada, la Compañía de Luz y Fuerza del Centro está en tratos con el gobierno capitalino que encabeza Marcelo Ebrard y del Estado de México, que a su vez capitanea Enrique Peña Nieto, para abrir sendas plantas de generación eléctrica alimentadas… ¡con basura!
Estamos hablando de aprovechar la energía que generan los desperdicios orgánicos al suprimirse la oxigenación, para provocar el fluido.
El experimento se realiza con éxito en Monterrey, al punto de tener suficiente energía el Ayuntamiento para alimentar al 70 por ciento del alumbrado público.
La posibilidad, vía una planta importada de Suecia, se financió con un préstamo de cinco millones de dólares del Banco Mundial.
El caso es que de acuerdo al cálculo de los expertos, de adoptar la modalidad el gobierno capitalino se ahorraría el 30 por ciento de sus pagos a la paraestatal.
La factura anual es de tres mil 200 millones de pesos, equivalentes al 16 por ciento de los ingresos de la paraestatal.
Naturalmente, a estas alturas estará usted pensando que la empresa pública se hace el harakiri al darle tips a su clientazo para ponerle casa de enfrente.
Sin embargo, la ganancia para éste apunta a aliviarle de la carga, es decir reducir la presión en un escenario en que la demanda golpea peligrosamente la oferta.
El problema se volvió crítico al fracasar el programa de miniplantas generadoras para el Valle de México que se implantó en el sexenio pasado durante la administración de Luis De Pablo.
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La colocación internacional que plantea la Bolsa Mexicana de Valores para los próximos meses la obligará a modificar su Consejo de Administración por uno más independiente.
Digamos que el organismo tendrá que acatar las reglas de gobierno corporativo de la legislación de Estados Unidos. La colocación se calcula para noviembre próximo.
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