Latente la posibilidad de emplazar a un Conflicto Colectivo de Naturaleza Económica como última carta, el Instituto Mexicano del Seguro Social plantea una vuelta en U en conquistas de su sindicato, en lo que se plantea como batalla laboral del milenio.
De entrada, el pliego petitorio colocado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje la noche del martes, habla de incrementar 50 por ciento la aportación de los 300 mil trabajadores del organismo al fondo para jubilaciones y pensiones.
Estamos hablando de elevar del 10 al 15 por ciento del salario el monto, en un escenario en que hace dos años se aprobó un esquema que incrementaba la aportación del tres al 10 por ciento del ingreso.
El nuevo porcentaje, se señala, equilibraría la aportación patronal.
Adicionalmente, se plantea que los trabajadores con derecho a jubilación se mantengan en sus puestos por un promedio de 23 años después de llegar a ella, en afán de aprovechar el conocimiento acumulado.
Digamos que por primera vez en la vieja historia del organismo de seguridad social fundado en 1943, los trabajadores enfrentarán una revisión contractual con las cartas volteadas.
Más allá del no rotundo al pliego petitorio del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, que a juicio de éste implicaría una erogación extraordinaria de 27 mil millones de pesos, se coloca en la mesa la exigencia de atenuar o de plano desparecer cláusulas del contrato colectivo que se ubican como veneno.
El entredicho, es decir la encrucijada de plantear reformas o adiciones, alcanza a 50 de las 152 cláusulas del contrato colectivo de trabajo pactado en 1987, durante el gobierno de Miguel De la Madrid, es decir casi un tercio de éste.
La exposición de motivos señala cinco razones:
-Mejorar la atención al derechohabiente.
-Fortalecer la suficiencia financiera del IMSS como pilar de la estabilidad social y como fuente de trabajo de 360 mil mexicanos.
-Encontrar un punto de equilibrio entre mejora de las condiciones laborales de los trabajadores del Instituto con las que establece la Ley Federal del Trabajo y con las posibilidades financieras de la institución.
-Promover la transparencia y la rendición de cuentas.
-Recuperar la capacidad de conducción y dirección de la administración del organismo.
En el camino el documento entregado en la Secretaría del Trabajo reprocha a los trabajadores el que mantengan un grado de ausentismo 3.2 veces mayor al del mercado laboral en su conjunto, con la novedad de que bajo el marco laboral existente se premian las responsabilidades más básicas, es decir puntualidad o asistencia, “con estímulos que dejan poco espacio para reconocer a aquellos colegas que verdaderamente entregan más de lo que su contrato colectivo establece”.
El dardo apunta directo a la cláusula 38 que les ofrece a los trabajadores que registren su asistencia hasta el minuto cinco de la hora de entrada un estímulo equivalente a dos días de aguinaldo por cada 10 de puntualidad.
De acuerdo a la cláusula 28 las jornadas normales de los trabajadores serán de seis horas y media, estipulándose que la mínima para los técnicos será de cuatro, aún cuando podría haber horarios discontinuos.
De acuerdo a la cláusula 107, el aguinaldo anual de los trabajadores será de tres meses de sueldo nominal y proporcional a los sueldos percibidos.
Más allá, la cláusula 39 permite la posibilidad de conceder permisos económicos hasta por tres días con goce de salario, además, que la 42 concede permisos sindicales para los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional; los de Comisiones Nacionales; 12 miembros del Consejo Consultivo; representantes de cada una de las secciones sindicales y representaciones foráneas, y a los representantes en bolsa de trabajo de las delegaciones estatales y regionales.
“Las prerrogativas relativas a incapacidades, licencias y permisos -señala a la letra el pliego petitorio del IMSS-, han pasado de ser un beneficio a favor de los trabajadores a convertirse en una onerosa carga financiera y un incentivo que incide negativamente en el nivel de asistencia al trabajo”.
Más allá, en alusión a una propuesta planteada por el sindicato en su propio pliego petitorio, se señala la imposibilidad de aceptar que se mantengan o refuercen cláusulas que amenazan con la rescisión del contrato a aquel trabajador que asesore, oriente o apoye a un derechohabiente en el ejercicio de sus derechos, “pues ese es precisamente la naturaleza de nuestra labor”.
En otro escenario, aunque afirma no cuestionar hacia dónde se canalizan las aportaciones que por contrato colectivo se deben otorgar al sindicato, el IMSS señala que “es indispensable incorporar criterios que permitan a los derechohabientes conocer el uso y destino de sus aportaciones, como debe ocurrir con cualquier recurso público”.
En contrapartida frente a la propuesta de mutilación o corrección del contrato colectivo, el organismo plantea la posibilidad de otorgar un bono de productividad, eficiencia y calidad, además de otros “claros incentivos” que beneficien tanto al trabajador como al derechohabiente.
Los gallos, pues, están en el centro del palenque.
Balance general
En lo que representa el primer acuerdo de cooperación entre empresas rivales, el Círculo de Crédito y el Buró Nacional de Crédito pactaron ayer un intercambio de información sobre usuarios ubicados en la lista negra.
El primero entregará cuatro millones de fichas, y el segundo el doble.
Lo inaudito del asunto es que la negociación original planteaba un costo por expediente de un dólar, estableciéndose un estira y afloja que se cerró en 10 centavos… de peso.
La actualización de los datos costará seis.
Integrado hace apenas dos años en una sociedad conjunta de las cadenas de tiendas Elektra y Coopel, además del banco Afirme, el Círculo de Crédito acumula ya el escándalo de 45 millones de registros, a los que se sumarán los ocho que le entregará la instancia a la que le puso almacén de enfrente.
Su especialidad, lo adivinó usted, es la clientela popular.
El caso es que entre su larga cadena de clientes están las tiendas Chedraui y el banco Compartamos.
El director general de la firma es Gustavo Lacroix.
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La Comisión Federal de Competencia le dio su aprobación a la propuesta de la Secretaría de Energía para un nuevo Reglamento de Gas Licuado de Petróleo en el que de entrada se eliminan los cotos en la distribución del producto, es decir el reparto tradicional de territorios a la usanza de la mafia.
La posibilidad habla, incluso, de que no sean sólo las empresas gaseras quienes realicen el reparto, abriéndose incluso la opción de envases transparentes de plástico que se venderían en los autoservicios.
Como usted sabe, son siete las familias que tradicionalmente han explotado el negocio.
La opinión del organismo encabezado por Eduardo Pérez Motta la solicitó la Comisión de Mejora Regulatoria.
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La novedad en materia extractiva la ofrece la empresa Peñoles de Alberto Bailleres al operar una de sus minas de plata en el norte del país con energía eólica.
Estamos hablando del primer experimento en su tipo en el planeta.
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La novedad en el mercado cementero es la aparición de un producto con el sello de Holcim Apasco denominado Mortero Maestro, que presume de ofrecer un rendimiento hasta 40 por ciento superior, comparado con las mezclas elaboradas con cemento y cal y las de mortero tradicional.
El ahorro para los constructores, incluído mano de obra, será de 25 por ciento.
El producto lo desarrolló el Centro Tecnológico del Concreto de la firma de capital mayoritario suizo.
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barrancoalberto@prodigy.net.mx
