El espectacular incremento de 46 por ciento a los salarios de las fuerzas armadas anunciando por el presidente Felipe Calderón colocó a punto de ebullición la caldera en la exigencia de los sindicatos independientes de un incremento de emergencia ante la escalada de precios en básicos de básicos.
De hecho, la Unión Nacional de Trabajadores está anunciando nuevas movilizaciones en continuidad a la megamarcha del 31 de enero, agregándose un nuevo ingrediente al cóctel: la amenaza de un paro nacional. Por lo pronto, un día después del regalote al ejército llegó al escritorio del secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, un documento firmado por cuatro organizaciones en que a su juicio se documentan los amarres jurídicos en que fincaría el gobierno la expedición de un decreto para elevar salarios.
Las raíces se remontan varias décadas. Se habla, por ejemplo, de la ley extraordinaria de salarios de emergencia emitida por el Congreso en base a las facultades que le confiere al gobierno la Ley de Compensación de Emergencia al Salario Insuficiente, cuando nuestro país entró a la Segunda Guerra Mundial.
El ordenamiento se publicó el 24 de diciembre de 1943.
Más allá, se alude a los ajustes compensatorios al salario concertados entre el gobierno y los organismos empresariales durante el último tramo del sexenio del ex presidente José López Portillo, cuando Porfirio Muñoz Ledo era secretario del Trabajo. ¿Se acuerda usted de aquel famoso 10-20-30 que provocó que se colgaran de las lámparas los capitanes de las industrias de Monterrey?
Adicionalmente, se aduce que la Constitución consagra el derecho de emplazar a huelga a fin de recuperar el poder adquisitivo de los salarios y lograr el equilibrio entre los factores de la producción.
Ahora que la UNT, la CONORP, la CDCT y la CCN aluden a los compromisos contraídos por México como signatario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por la ONU en 1948, que reclaman para los trabajadores ?una remuneración equitativa y satisfactoria que les asegure una vida digna?.
En abundancia, se recuerda que en 1981 México ratificó la observancia del Pacto Internacional de los Derechos, Económicos, Sociales y Culturales.
?No es pues -señala letra por letra el documento-, la falta de atribuciones legales o de normatividad jurídica lo que impide la aceptación de nuestra propuesta de incremento salarial de emergencia, ni tampoco la falta de sustento económico, dado que es inocultable el impacto de la reciente escalada de aumentos?.
El texto alude a que el 80 por ciento de la población gana menos de cinco salarios mínimos, en tanto el promedio nacional se ubica entre dos y tres. Más allá, se califica de ?falaces? los señalamientos del Banco de México y del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado sobre un previsible efecto inflacionario, ?ya que los aumentos de salarios impactan a la economía nacional dependiendo de las condiciones económicas existentes, así como del tipo de la política económica aplicada?.
El razonamiento habla de impedir que los patrones trasladen nuevamente las alzas en sus costos de producción a los trabajadores, ?negándose a asumir su propia responsabilidad en la crisis?.
Dicho con todas las letras, los sindicatos independientes reclaman un golpe de timón para recuperar, dicen, el crecimiento económico sostenido y sustentable y mejorar la calidad de vida de la población, dado que las políticas económicas han dejado constancia de su inoperancia, además de profundizar la dependencia del país respecto al sector exportador y la renta petrolera.
Ahora que al margen del incremento salarial de emergencia para percepciones mínimas y contractuales, el reclamo de los sindicatos independientes habla de control de precios a 34 artículos de la canasta básica; establecimiento de un programa emergente y permanente de apoyo a la producción de granos básicos; aplicación de la ley y cárcel a los especuladores; un programa emergente para la recuperación salarial y creación de empleos, y abrir las negociaciones para revisar y modificar los términos del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
En sustento de esta última petición se señala que más allá de la resistencia de los países en concierto, el problema de fondo es la actitud que debe asumir el gobierno mexicano en la disyuntiva de someterse acríticamente a las presiones o transformarse en un activo promotor del desarrollo agropecuario.
Por lo pronto, la Secretaría del Trabajo, en atención a la promesa presidencial de atender los reclamos de la megamarcha, ha planteado la apertura de mesas de trabajo para analizar punto por punto? y de pasadita bajarle la presión a la caldera. ¿Carta a Santa Claus?
Balance general
Pues ahora resulta que en su incapacidad física para atender los reclamos de intervenciones quirúrgicas, tantito por la falta de camas, la insuficiencia en instrumental o la parálisis de sus inversiones, el Seguro Social está subrogando a la callada el servicio, vía pactos con hospitales privados.
Los contratos se obtienen vía licitaciones que se realizan por invitación directa, lo que favorece, naturalmente, a los hospitales gigantes. El problema es que a la hora de la verdad las intervenciones se realizan en hospitales o clínicas de medio pelo a quienes se les paga cuando mucho el 60 por ciento del costo que se le cobra al IMSS.
El negocio, pues, es redondo.
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De acuerdo a los que saben, en su defensa jurídica frente a las acusaciones que la ubican como responsable de los graves problemas de contaminación en la comunidad aledaña a la ex hacienda El Hospital del estado de Morelos, en donde mantuvo por 25 años una planta de pigmentos químicos, la filial en México de la empresa alemana Basf se ha gastado siete millones? de dólares.
Lo curioso del asunto es que pese a la grave secuela de problemas de salud pública provocados por la negligencia de la compañía, el gobierno le aplicó una multa simbólica de menos de dos millones de pesos? contra la que se amparó.
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Quien está analizando también la posibilidad de entrar a la moda de ofrecer servicios financieros en sus sucursales es la cadena de tiendas Soriana, quien baraja dos opciones: solicitar para sí una autorización de la Secretaría de Hacienda o asociarse con un banco establecido.
La moda que nació con Elektra, como usted sabe, se ha extendido a Famsa, Wal Mart, Coppel?
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Entre las firmas que recibirán esta noche su acreditación como empresas socialmente responsables por parte del Centro Mexicano de Filantropía que encabeza Jorge Villalobos Grzibowicz, anote usted a Siemens, cuyo programa estelar apunta a la coptación de jóvenes que deseen colaborar, crecer y desarrollarse en la empresa, vía el otorgamiento de becas.
Las redes de la compañía encabezada por Hans-Joachim Kohlsdorf apuntan a una amplia gama de universidades públicas y privadas. En paralelo, Siemens realiza actividades para la regeneración de barrios en zonas marginadas, reciclaje de materiales, educación ambiental, reforestación de bosques y parques de recreación. En la lista de reconocimientos están también la cadena de tiendas Wal Mart, el Grupo Lala, Peñoles y Gigante.
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