En lo que podría constituir el guión de un apasionante telenovela (¿Duelo de pasiones?), dos prominentes funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes están acusando de espurios a dos comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones? quienes a su vez los acusan de usurpación de funciones.
En el nudo de la trama aparece entre las sombras, a título de personaje siniestro, la Ley Televisa, en tanto los roles de villanos los juegan indistintamente el secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez; el ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz? y la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
En el rol aparecen también como personajes secundarios el ex presidente Vicente Fox y el procurador General de la República, Eduardo Medina Mora. El argumento alcanza un rojo fuego el 16 de enero pasado, cuando la pelea fraticida llega al terreno penal, al acusar los funcionarios de la instancia de regulación al subsecretario de Comunicaciones, Rafael Del Villar Alrich y al responsable de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SCT, Gonzalo Martínez Pous, de ostentarse como titulares de los cargos que detentan.
De hecho, los quejosos, Eduardo Ruiz Vega y Gerardo Francisco González Álvarez, los señalan como infractores del artículo 9-C de la Ley Federal de Telecomunicaciones, que exige a la letra a los comisionados de la Cofetel ?abstenerse de desempeñar cualquier otro empleo, trabajo o comisión pública o privada?.
La historia se inicia con la aparición en escena de una serie de reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Ley Federal de Radio y Televisión, que en su genérico se conocen como Ley Televisa, que obligaba en uno de sus transitorios a desmantelar al pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.
De acuerdo al procedimiento, el Presidente de la República enviaría al Senado los nombres de los sustitutos, para que éste los aprobara u objetara. En la lista de prospectos se incluían a Rafael Del Villar y Gonzalo Martínez Pous, entonces funcionarios de la Procuraduría Fiscal de la Federación y del Banco de México, a quienes se ubicaba como fichas del secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz.
Son sus alfiles, se decía en los corrillos. El caso es que el órgano legislativo los objetó, obligando al Ejecutivo a poner en la mesa los nombres de Eduardo Ruiz Vega y Gerardo Francisco González Álvarez, a quienes les daría el visto bueno la Comisión Permanente del Congreso.
El hecho es que los rechazados buscaron un amparo contra la resolución, asumiendo que el encargo se los había conferido el presidente Vicente Fox, a soslayo de la objeción del Senado. Textualmente en el tercer párrafo de la foja ocho de la solicitud de protección de la ley, se quejan de que no se les notificó oficialmente de la revocación de su nombramiento, en tanto en el primer párrafo de la siguiente hablan de que se desconoció ?el derecho adquirido con que contamos, respecto del nombramiento de comisionados?. Más aún, en la foja 18, párrafo quinto de un escrito de ampliación del reclamo, se anota letra por letra lo siguiente:
?Los suscritos no hemos sido legalmente removidos del cargo ni nos han notificado las causas por las cuales fueron revocadas las designaciones para ocupar dichos cargos?.
La paradoja del caso, de ahí la exigencia de llevar la historia a la pantalla chica, es que en diciembre del año pasado, colocado en escena el nuevo gobierno, los quejosos serían integrados a la plana mayor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes?lo que los hermanaba, al menos a nivel de sector, con aquellos a quienes ubicaban como espurios.
Lo inaudito del asunto es que las designaciones no amainaron la furia de los nuevos funcionarios, quienes no sólo se abstuvieron de levantar de la mesa la solicitud de amparo, sino la refrendaron, por más que en el capricho provocaron la animadversión del Senado. Y háganle como quieran.
Por lo pronto, en la querella penal planteada por los funcionarios de la Cofetel en calidad de terceros perjudicados, se anota textualmente que ?es evidente la gravedad de la conducta de los individuos antes señalados, mismos que, teniendo pleno conocimiento de la relación laboral que en todo momento los ha vinculado con la administración pública federal, han afirmado y continúan afirmando que son comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones?.
Y por lo pronto, además, se exige que se les aplique a la letra el artículo 211, fracción I de la Ley de Amparo, que señala a la letra que se impondrá una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de 10 a 90 días de salario, ?al quejoso que formule en su demanda de juicio de amparo hechos falsos?. ¡Pácatelas!
Como lee usted, el final es apasionante: ¿Se destituirá a los comisionados de la Cofetel? ¿Se destituirá a los funcionarios por estar involucrados en un proceso penal? ¿Se saldrán con la suya Gil Díaz y Téllez? ¿Ni uno ni otro por peleoneros?
No se pierda el próximo capítulo.
Balance general
¿Se acuerda usted de la demanda interpuesta por Francisco De Paula León Oléa contra el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, a quien se acusaba de haber recurrido a presiones y amenazas en su calidad de Subsecretario de Hacienda, para obligarlo a vender sus acciones en la empresa Escala Internacional, la firma que pretendía instalar en el país, concretamente en la torre del frustrado Hotel de México, una franquicia del World Trade Center?
¿Se acuerda que el meollo era un millonario crédito en dólares que la firma debía al Banco Nacional de Comercio Exterior? ¿Se acuerda que la querella se planteó seis años después de la operación?
Bien, pues ocho años más tarde el pleito desembocó en una absolución total a Ortiz, al desechar el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil una solicitud de amparo presentada por el denunciante contra una sentencia en firme que invalidaba sus alegatos.
El nocáut llegó al condenarse a De Paula León Oléa al pago de gastos y costas del larguísimo juicio, justo por estirar una y otra vez la liga con argucias legaloides y frivolidades.
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La noticia es que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal rechazó el recurso de revisión otorgado por el Agente del Ministerio Público Federal contra un amparo otorgado a los hermanos Manuel, Ana María y Patricia Lance de la Parra, quienes habían sido encarcelados tras ser acusados por el Banco Mercantil del Norte (Banorte) de tentativa de fraude.
La resolución deja sin efecto el auto de formal prisión dictado contra los acusados, lo que obliga no sólo a otorgarles libertad absoluta, sino a destruir las fichas signalécticas con que se les infamó.
La denuncia de la intermediaria se planteó tras una demanda planteada por los herederos de Manuel Lance De la Torre, alguna vez propietario de la firma harinera Lance Hermanos, reclamando el pago de un supuesto paquete de acciones que mantenía éste en la Casa de Bolsa que a su adquisición le abrió el camino a Banorte para convertirse en grupo financiero. El reclamo exigía un porcentaje significativo de éste.
Perdido el litigio, pues, los hermanos fueron a la cárcel, es decir se les volteó la jugada.
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En lo que representa el punto final de la celebración de su primer centenario, Cementos Mexicanos alcanzó el año pasado utilidades netas por dos mil 378 millones de dólares, algo menos de la sexta parte de sus ventas totales por 18 mil 243.
Sin embargo, se anota que tras el salto de ubicó un menor gasto de depreciación y amortización, así como mayores ganancias cambiarias y de instrumentos financieros.
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La firma de tecnología de Información T-System, socio estratégico de un buen número de empresas de clase mundial, se instala en México abriendo oficinas en la capital, Monterrey y Puebla, en las que se abrieron 600 empleos. El cálculo de la firma es obtener ingresos anuales por 800 millones de pesos.
La compañía alemana pertenece al grupo Deutsch Telekom.
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barrancoalberto@prodigy.net.mx
Agencia de noticias
EL UNIVERSAL
