Dividida por años su abultada membresía entre moderados y radicales, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social se está unificando en una causa común: la exigencia del organismo de incrementar del diez por ciento al 15 por ciento la aportación de los trabajadores al fondo de jubilaciones y pensiones
El reclamo, como lo señalamos hace unos días, se integra en la canasta que constituye el pliego petitorio de la entidad tripartita de cara a la revisión contractual, cuyo plazo de negociación culmina el 15 de octubre.
La posibilidad del nuevo marco llega cuando aún están abiertas las heridas de quienes perdieron la batalla por mantener inalterable la aportación original de tres por ciento del salario-base mensual pactado en el Contrato Colectivo de Trabajo vigente desde 1987. Los trabajadores que hace dos años acusaron de traidor al ex dirigente sindical Roberto Vega Galina, por lo pronto, están sacando a escena a los mismos argumentos de entonces.
De entrada, se aduce que en la fracción II del artículo 18 del Régimen de Jubilaciones y Pensiones en que se plasma la exigencia del tres por ciento, se anota que “el Instituto cubrirá la parte restante de la prima necesaria” (para financiar las jubilaciones y pensiones).
Adicionalmente, la fracción III señala a la letra que “El Instituto queda facultado para elegir el sistema de financiamiento que cubra el costo del presente Régimen de Jubilaciones y Pensiones, sin que por ello aumente en ningún caso el porcentaje señalado a los trabajadores”.
Lo grave del caso, además, es que los trabajadores se asumen engañados tanto por el Comité Ejecutivo Nacional del sindicato como por el propio Seguro Social, dado que los ahorros generados por el nuevo marco de aportaciones a su juicio no se invirtieron en medicamentos y materiales de curación, ni se crearon las 65 mil plazas pactadas.
De hecho, se aduce que el faltante de 40 mil trabajadores más temprano que tarde provocará el cierre de unidades hospitalarias, lo que agudizará el de suyo grave déficit de camas que enfrenta el organismo.
Más allá, se alude, paradójicamente, a que la administración del Seguro Social tardó un lustro en empezar a constituir el fondo de jubilaciones y pensiones. Más aún, tampoco se previó el aportar periódicamente las primas necesarias para constituir una reserva ante el escenario de cambio demográfico que se avecinaba… por más que se sostiene que éste no es tan dramático como se plantea, de cara a los 360 mil trabajadores activos.
Y ya metidos en vericuetos, los trabajadores señalan que si, como se adujo en su momento, el Régimen de Jubilaciones y Pensiones era financiable en una proporción de ocho trabajadores activos por cada jubilado, ¿qué se hizo con los recursos obtenidos cuando se llegaba al doble? De hecho, hasta 1976 la proporción era de 16 por uno, en tanto hasta 1985 alcanzaba 12 a uno. La relación actual es de tres a uno, tras la congelación dramática de plazas de los últimos dos sexenios.
Como lee usted, pues, la contrarespuesta al pliego petitorio del IMSS en el que se solicita el desmantelamiento de 50 de 152 cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo va a sacar más de un trapito al sol.
Por lo pronto, el sindicato rechaza que sus pretensiones para la revisión contractual impliquen una erogación de 27 mil millones de pesos para el organismo… por más que se reconoce la mitad.
Y por lo pronto, además, más allá del aumento de 50% en la aportación al fondo de jubilaciones y pensiones, el eje central del jaloneo se ubica en la pretensión de la instancia tripartita de ordenar los profesiogramas que se incluyen como anexos del Contrato Colectivo de Trabajo, al considerar que se integran con roles desarticulados.
Textualmente se anota que el desorden “dilata o interrumpe el flujo de los procesos operativos, al obstaculizar a determinados perfiles de puesto la realización de un mayor espectro de tareas secuenciales, interrelacionadas y necesarias para lograr la realización de sus cometidos en forma eficaz, oportuna y eficiente”.
El esquema incluye un cantidad impresionante de puestos que van desde ayudantes de embalsamamiento para los velatorios del organismo, hasta lavanderos en centros vacacionales, pasando por salvavidas, orientadores de iniciación cultural, orientadores técnicos médicos, orientadores de actividades artísticas en el ramo de arte dramático, controladores de transportes…
En todos los casos el documento incluye las relaciones de mando y los movimientos escalafonarios a que se tiene derecho, señalándose específicamente su número. Naturalmente, se anota la actividad específica a desarrollar.
Por ejemplo, en el caso del ayudante de embalsamamiento, “recibe cadáveres y registra datos de su identidad, prepara, limpia, maquilla, viste y amortaja cadáveres, les aplica inyecciones conservadoras, empaqueta ropa de los difuntos…”
El resto ya no es de su competencia. El jaloneo, pues, será de antología.
Balance general
Finalmente el gobierno capitalino pactó un clásico ni-tú-ni-yo con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), frente a su pretensión de participar en la operación de refinanciamiento de la deuda que aprobó a jalones la Secretaría de Hacienda.
La intermediaria de desarrollo pondrá en la mesa un financiamiento de 17 mil millones de pesos, equivalente a casi 40% de los 38 mil reclamados. Su pretensión original era de 23 mil.
Como recordará usted, el llamado banco del federalismo había rechazado originalmente la posibilidad de participar en la propuesta, aduciendo que era inviable al no haber suficiente liquidez en los mercados.
Sin embargo, aprobada la operación dio un vuelco de 180 grados para solicitar su incorporación bajo una oferta de igualar las condiciones planteadas por el más cómodo de los 14 bancos nacionales o extranjeros que le dieron el sí a la alternativa. Dicen que el paraíso es de los arrepentidos.
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A contrapelo de las versiones que hablan de que el director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), Ernesto Velasco, ya libró la guillotina que pendía de sus hombros tras el anuncio de la inminente incorporación al Comité Ejecutivo Nacional del PAN de su ex jefe, Pedro Cerisola y Weber, lo cierto es que el expediente sigue abierto.
La decisión del gobierno, al más alto nivel, habla de esperar el resultado de las 17 auditorías en marcha sobre las obras de ampliación realizadas en el aeropuerto internacional Benito Juárez de la ciudad de México.
Como usted recordara, el órgano de control interno del organismo detectó un sobrecosto de dos mil 606 millones de pesos en las obras, cuya utilidad está aún en duda. Por lo pronto, no tiene para cuando empezar la operación de éstas.
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La posibilidad de que la Comisión Federal de Electricidad colocara con éxito una emisión de certificados bursátiles a diez años-plazo, por un global de mil 750 millones de pesos en plena turbulencia de los mercados, la abrió la calidad crediticia triple A que le otorgó Standard & Poor’s, gracias al aval del gobierno.
Los recursos se canalizarán a promover obra financiada.
El rédito pactado equivale al de Cetes a 182 días más una sobretasa de 25 puntos-base.
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Obtenida la licencia para operar en Perú, el Banco Azteca tiene ahora la mira en Argentina, tras alcanzar Honduras, Brasil y El Salvador, entre otros países.
La meta de la intermediaria de corte popular es alcanzar 10 naciones en una primera etapa de expansión en el Hemisferio. albertobach@yahoo.com.mx
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