En la certeza de que detrás de la cadena de fraudes de Mexicana de Lubricantes en perjuicio de Pemex existen complicidades internas, el órgano de control interno de la paraestatal exige una indagación de fondo para implicar responsabilidades administrativas, civiles y aún penales
La pesquisa alcanza los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León y Vicente Fox Quesada, implicándose entre otros a los ex directores generales de la empresa pública Francisco Rojas Gutiérrez, Rogelio Montemayor Seguy, Adrian Lajous, Raúl Muñoz Leos y Luis Ramírez Corzo.
Por lo pronto, planteados ante la barandilla 60 litigios judiciales contra la empresa de capital mixto cuyo 51 por ciento mantiene Mexicana de Lubricantes de Salvador Martínez Garza, la catarata le cuesta a la paraestatal entre cinco y seis millones de dólares anuales.
En la larga lista de querellas se ubican, por ejemplo, una colocada en la mesa en 2005 que planteó Pemex Refinación para exigir la publicación de una convocatoria para la celebración de una Asamblea General Ordinaria de Accionistas… que finalmente se realizó en agosto, culminando con la destitución de Martínez Garza como presidente del Consejo… con la novedad de que éste se amparó.
Más allá, la propia filial de Petróleos Mexicanos (Pemex) planteó, con sustento en el Contrato de Coinversión firmado en 1993, apoyo judicial para ejercer su derecho de compra de la mayoría de las acciones de Mexicana de Lubricantes en adición a 49 por ciento que había conservado, con la novedad de que perdió el pleito ante la falta de seguimiento de sus abogados.
En abundancia, se emplazó a Mex Lub a un juicio ordinario mercantil en la propia exigencia de una asamblea general ordinaria de accionistas, que dos años después se mantiene en una etapa de ofrecimiento y desahogo de pruebas.
Y si le seguimos, el año pasado se requirió judicialmente al despacho de auditores externos de la firma de capital mixto Price Water House Coopers la entrega de los estados financieros de ésta correspondientes a los años 2001 a 2005, obteniéndose una copia simple de los de 2001, 2002 y 2003, lo que obligó a entablar un nuevo juicio en reclamo del resto.
La firma de auditoría respondió que estaba imposibilitada para hacerlo, dada la firma de una cláusula de confidencialidad absoluta en el contrato de prestación de servicios profesionales.
El pleito se mantiene vivo.
La razón de la insistencia es simple. De acuerdo al contrato pactado, en el momento en que Mexicana de Lubricantes acumulara tres años consecutivos de pérdidas, éste se anularía, es decir Pemex Refinación quedaba en opción de ejercer su derecho de minoría para alcanzar mayoría.
La lógica de la previsión apunta a que al momento de su privatización parcial la firma que mantenía Pemex estaba sembrada entre las 40 empresas más grandes del país.
Concretamente se le ubicaba en el número 38, abajito de Dupont, Resistol y Xerox, al obtener ventas netas por 225 millones de dólares, lo que implicó un ingreso de 366 millones, considerando el precio al público de 292 millones de litros de lubricantes vendidos… con exclusividad para colocarlos en la cadena de siete mil gasolinerías de Pemex.
La cifra representaba casi el dos por ciento de las ventas totales de la empresa pública, cuyo monto alcanzaba 19 mil 165 millones de dólares.
A su privatización parcial en 1993, Mex Lub tenía una participación de mercado de 41 por ciento, con una oferta al público de 256 productos y presentaciones.
La firma se apuntalaba en 81 centros de ventas entre bodegas y centros embarcadores.
El caso es que al primer año de operación de la empresa de capital mixto, ésta empezó a arrastrar pérdidas. Estamos hablando de 391 millones de pesos, que al año siguiente se redujeron a 127… para revertirse en 1996 con una ganancia de 46.
Ahora que en 1997 se alcanzó otra pérdida de 167, para alcanzarse en los tres años subsecuentes ganancias raquíticas de 11, ocho y seis millones de pesos… fruto, según ello, de posiciones monetarias.
Lo inaudito del caso es que pese a la alevosa canonjía de la exclusividad las ventas de la empresa fueron bajando de un máximo de dos mil 26 millones de pesos registrados en 1995, a un mínimo de mil 86 en 1997… por más que Pemex era su mejor cliente cautivo.
En el camino los gastos financieros de la empresa alcanzaron un sorprendente monto de 409 millones de pesos en 1996, para descender a 298 en 1997, y alcanzar 270, 262 y 168 en 1998, 99 y 2000.
Lo inexplicable del asunto es que pese a las sospechas de manipulación de cifras, el 15 de octubre de 1999 Petróleos Mexicanos le amplía el contrato de exclusividad a Mex Lub, incluyéndose ahora a la marca Akron, abarcando una serie de aditivos para gasolinas, aceites, anticongelantes, refrigerantes y líquidos de frenos.
Más allá, se incluirían 31 productos adicionales de la marca Mex Lub.
La condición única era que las latas o envases incluyeran el logotipo oficial y el nombre de Petróleos Mexicanos en las marcas.
El contrato fue firmado por el entonces director general de Pemex Refinación, Jaime Mario Willars Andrade, al que inexplicablemente el gobierno zedillista había mantenido en el cargo pese a sospechas de malos manejos durante el sexenio salinista.
El escándalo, pues, está tocando a la puerta.
Balance general
Encendidos los focos rojos por los expertos ante lo que se calificó de “formidable laguna” en la propuesta fiscal: la imposibilidad de que se acepte el CETU (Contribución Empresarial a Tasa Única) en los convenios internacionales para evitar la doble tributación, el subsecretario de Ingresos de Hacienda, Fernando Sánchez Ugarte, viajó a Washington para intentar convencer a sus homólogos.
La misión resultó infructuosa: Nosotros, le dijeron, sólo validamos contribuciones al Impuesto sobre la Renta.
En el intermedio, la dependencia se anotó dos reveses más al rechazar el tributo como alternativa para sustituir el Impuesto al Activo primero Canacintra y más tarde la Concanaco.
La exposición de motivos señala una sola razón: la imposibilidad de deducir para efectos del cálculo el costo de la nómina.
Y aunque estaría descartado que la Secretaría de Hacienda, levante la propuesta de la mesa, se está ya cabildeando para que los panistas y los priístas lo hagan por ella.
Se tambalea, pues, el CETU.
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Obtenido ya el visto bueno de Elba Esther Gordillo, en los próximos días se anunciará el nombramiento del actual funcionario de la Secretaría de Hacienda, José Antonio González, como director general de la Administradora de Fondos para el Retiro del ISSSTE.
Como usted sabe, ésta tendrá durante tres años el manejo exclusivo de las cuentas de los servidores públicos tras su inclusión al Sistema Privado de Retiro.
El caso es que González es pariente político del ex presidente Carlos Salinas De Gortari, lo que había detenido el nombramiento para evitar hacer olas en la fase previa a las marchas de protesta de los partidarios de Andrés Manuel López Obrador por lo que ubican como fraude electoral.
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En afán de mantener viva la dinámica en materia de construcción, la Comisión Nacional de Vivienda que encabeza Carlos Gutiérrez está promoviendo opciones de financiamiento en áreas inéditas como autoconstrucción, mejoramiento de vivienda y adquisición de lotes con servicios.
El esquema se apuntala con subsidios federales y estatales.
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Quien saltó el fin de semana de la dirección de Administración de la Sociedad Hipotecaria Mexicana a la dirección general Adjunta de Desarrollo del Fondo Nacional de Fomento de Turismo (Fonatur)), fue María De la Vega Grajales.
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