De prosperar el proyecto de resolutivo planteado por el ministro ponente, la Suprema Corte de Justicia le dará la razón al Ejecutivo en la Controversia Constitucional planteada el año pasado contra las reformas aprobadas por el Congreso a la Ley Federal de Competencia Económica.
El asunto provocaría una carambola de dos bandas, al colocar en ventaja al gobierno frente a su pleito con el Senado al objetar las facultades de éste para ratificar o rechazar nombramientos presidenciales en organismos con etiqueta de autónomos.
Como recordará usted, la principal objeción del Ejecutivo al ordenamiento que le otorgaba facultades adicionales a la Comisión Federal de Competencia en su lucha contra los monopolios, era justo la exigencia de que el Legislativo aprobara o rechazara las designaciones de los integrantes del pleno del organismo.
Digamos que en una simple extrapolación del caso el juez de la causa le concedería el amparo solicitado a los funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes frente a su rechazo como comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.
De hecho, a sabiendas de por donde soplaba el viento en el máximo tribunal de justicia del país, el Senado apresuró la aprobación de un punto de acuerdo para realizar un "atento exhorto al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que conmine, atenta y respetuosamente, a los señores Rafael Del Villar Alrich y Gonzalo Martínez Pous a desistirse de los amparos".
El primero como usted sabe, es subsecretario de Comunicaciones, en tanto el segundo es titular de la Unidad Jurídica de la dependencia.
La votación de la propuesta planteada por el senador priísta Rogelio Rueda se resolvió con 57 votos a favor, 18 en contra y tres abstenciones.
Ahora que el debate se planteó en forma inversamente proporcional a lo previsto. Mientras los perredistas objetaban la propuesta, señalando que constitucionalmente no puede acotarse a los ciudadanos su derecho al amparo, los panistas se lanzaban abiertamente a favor de ella.
En los extremos se ubican las intervenciones de Pablo Gómez y Federico Doring. El primer hablaba de que la función pública no coarta derechos ciudadanos. El segundo, que no se vale litigar intereses personales desde un puesto público, ni litigar en contra del Estado.
A su vez el senador panista José Julián Sacramento Garza defendía la facultad de veto del Senado al hablar de un "sistema eficiente de frenos y contrapesos que impide el ejercicio abusivo e irresponsable del poder".
Por lo demás, el eje, el epicentro de la discusión apuntaba a la situación de debilidad en que se coloca a la Comisión Federal de Telecomunicaciones cuando se le bombardea desde la instancia que representa la cabeza del sector.
Lo cierto es que el embrollo lo provocó la conducta errática del ex presidente Vicente Fox frente al interés público y sus compromisos con el interés privado.
Lo congruente habría sido, dada la motivación central, vetar en paralelo la Ley Federal de Competencia Económica y las reformas a la Ley de Telecomunicaciones que en su artículo 9-C establecían el derecho del Senado para objetar los nombramientos de los integrantes del pleno.
El caso es que en el primer asunto, tras publicarse el Decreto Presidencial que permitía la vigencia del ordenamiento, se optó por la Controversia Constitucional, y en el segundo por instigar a los afectados a litigar por su cuenta… bajo la protección de nombramientos como servidores públicos.
El galimatías se vuelve más espeso si se considera que el propio ex Ejecutivo planteó otra Controversia Constitucional frente a la exigencia de ley de que el Senado pudiera objetar el nombramiento del director general de Notimex, al concedérsele autonomía a la agencia noticiosa… pero dejó pasar la misma facultad en el caso de los integrantes del pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.
El punto central del alegato foxista -el actual gobierno sólo ha dejado correr las aguas-, se fundamenta en una interpretación de la fracción tercera del artículo 89 de la Constitución que la otorga al Presidente de la República la facultad exclusiva de nombrar y remover a los funcionarios públicos.
Sin embargo, se señalan específicamente casos en que las designaciones están sujetas a la ratificación del Senado o en su caso la Comisión Permanente del Congreso. Estamos hablando, por ejemplo, de embajadores y algunos cónsules, así como altos funcionarios de la Secretaría de Hacienda.
Ahora que de acuerdo a la interpretación del Senado, la propia Constitución prevee que el Congreso pueda definir las maneras y los procesos conforme a las cuales se debe integrar la administración pública, bajo el esquema republicano de pesos y contrapesos.
Por lo pronto, el punto de acuerdo aprobado señala la incompatibilidad en la pretención de Del Villar y Martínez Pous de que se les reconozca como comisionados d la Cofetel y los cargos públicos que desempeñan.
Y por lo pronto, además, mientras se debaten las inconsistencias del gobierno anterior, la Cofetel se mantiene en estado de coma.
¿Alguien hablaba de respeto a las instituciones?
Balance general
El primer acto formal del flamante presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Armando Paredes, fue acudir a una cita con el secretario de Economía, Eduardo Sojo, para solicitar su intervención frente a la posibilidad de que el Senado apruebe una propuesta para modificar la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones.
De pasar ésta, como le hemos comentado, se permitiría la creación de una Confederación Nacional de Cámaras y Asociaciones de Turismo, así como la creación de Cámaras del ramo, lo que fragmentaría a la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio Servicios y Turismo.
Los organismos aglutinarían a hoteleros, agentes de viajes, desarrolladores turísticos y aún líneas aéreas.
La paradoja del caso es que el presidente de la Asociación Nacional de Hoteles y Moteles, Alejandro Torruco Marqués, publicó hace unos días un desplegado en diversos diarios señalando que el organismo no promueve la iniciativa… aunque la ve con mucha simpatía.
Sí, pero no.
Lo curioso es que el mensaje se haya dirigido al secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo.
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En lo que pareciera el último obstáculo para allanar la posibilidad de una asamblea que defina quién es quién en torno al liderazgo en el Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares, el juez de la causa le negó un amparo a Napoleón Gómez Urrutia frente a la resolución de la Secretaría del Trabajo que declaró inválida la convención que lo ratificó como secretario general.
El evento se desarrolló en mayo pasado, tres meses después de que la dependencia cancelara la toma de nota a favor de éste.
La exposición de motivos hablaba de falta de quórum, dado que se habían presentado sólo representantes de 65 secciones… en un padrón de 270.
El problema es que hace unos días la propia Secretaría del Trabajo señaló abiertamente que tras una revisión exhaustiva se ubicaron sólo 70 secciones.
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Entre las primeras empresas de televisión por cable que firmaron ya un contrato de interconexión con Teléfonos de México para ofrecer servicio de telefonía en el marco del Acuerdo de Convergencia está Cablemás.
Como recordará usted, la empresa está en tratos con Televisa para venderle el 51 por ciento de su capital.
La operación la detuvo una resolución de la Comisión Federal de Competencia que la supeditó a que la firma de Emilio Azcárraga Jean se comprometa a liberar sus contenidos en materia de señales de televisión abierta a la totalidad de las cableras.
La condición se impuso en paralelo frente a la pretención de adquirir a Televisión Internacional de Monterrey del Grupo Multimedios.
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