Resignado a aceptar la catarata de aumentos en productos básicos que toca a la puerta, dado el impedimento legal de fijar precios tope al margen del mercado, el gobierno está negociando un esquema de mayor equidad en la cadena producción-distribución
Dicho con todas las letras, estrechar el enorme diferencial que existe entre el productor que vende la mercancía y el que la comercializa de cara al público.
El margen, en alguno casos, alcanza hasta 300 por ciento… por más que exista un proceso previo de preparación, ya pasteurizando la leche; ya destazando la carne de bovino o de cerdo, ya empacando el huevo o cortando las piezas del pollo.
La lógica de la medida que concierta la Secretaría de Agricultura apunta a que a fin de cuentas la presión es para los productores, cuyos insumos se han elevado al infinito, con énfasis en el maíz forrajero.
El caso es que mientras el kilo de carne de cerdo en pie puesto en rastro se paga a los productores del centro del país entre 13.75 y en 14.20 pesos, el público consumidor la adquiere entre 46.14 y 55.04 pesos el kilo, dependiendo del corte.
La más barata es la milanesa. La más cara, la chuleta.
Ahora que a diferencia de la carne de res, la leche y el huevo que se han mantenido más o menos estables a lo largo del año, el precio de la carne de cerdo llegó en la primera semana de marzo a 63.18 en el caso de la chuleta, y 47.73 en el de la milanesa durante la tercera semana del mes, desinflándose automáticamente la burbuja ante el rechazo del público.
Naturalmente, el precio al productor se mantuvo intacto. En otro escenario, mientras el precio al productor del huevo se mantenía hasta ayer en 8.50 el kilo, el público lo adquiere en 12.54 promedio, con diferencia de un centavo entre el blanco y el rojo.
El caso es que en su cresta mayor, la tercera semana de abril, el producto se llegó a cotizar en 13.11… con la novedad de que en la última semana de enero valía 11.92.
Y si le seguimos, la carne de bovino tiene dos precios al productor, uno en el norte del país, identificado como zona exportadora, que alcanza entre 22 y 29 pesos el kilo, y otro en el centro-sur, zona no exportadora, que oscila entre 18 y 19.
El hecho es que hasta ayer la milanesa se vendía a 65.20 pesos el kilo, en tanto la carne molida a granel se cotizaba en 51.
El precio máximo alcanzado en el primer caso fue de 68 pesos en la última semana de mayo, en tanto en el segundo alcanzaría su mínimo en 47.80, durante la cuarta semana de febrero.
A su vez, mientras el precio de pollo en pie tipo mercado público, es decir con opción de aprovechar la cabeza, patas, molleja, corazón e hígado, se paga a 19 pesos el kilo, y el tipo rosticero, tradicionalmente más pesado, en 20, el público lo compra en promedio a 32.13.
Mientras la pechuga sin hueso se cotizaba hasta ayer en 42.83, la pierna llegaba a 29.46.
En este caso, pese a que el costo del maíz subió a partir de enero, el costo al público se ha mantenido prácticamente estable. El esquema es casi idéntico al de la leche. Lo cierto es que mientras el productor recibe por litro entre 3.20 y 3.50 pesos en la zona tropical y entre cuatro y 4.50 en la zona fría, el litro se vende en promedio en 9.33.
La presentación más cara es de la ultrapasteurizada entera, que alcanza 10.74, en tanto la pasteurizada entera se cotiza en 9.20 y la pasteurizada semidescremada en bolsa en 8.76. Ahora que esta última valía 8.52 en la primera semana de julio.
Lo curioso del caso es que si en su primera reacción de cara a la opinión pública el presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Jaime Yesaki, había hablado de un incremento de 20% en el producto, luego recularía para hablar de 5%.
La realidad es que, liberalizada la economía a partir del sexenio salinista, el gobierno no tiene ningún tipo de dientes para impedirle a productores y distribuidores que fijen el precio que quieran… por más que los teóricos neoliberales hablan de la magia del mercado que castiga y premia.
Y aunque existe la posibilidad de abrir la frontera para regular los precios por la vía de la oferta, en este caso el movimiento resultaría contraproducente, dado que el precio de todos los productos señalados ha crecido a nivel mundial ante la grave escasez de granos.
Por lo pronto, los ganones son los distribuidores.
Balance general
La noticia es que el ex secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz ordenó durante el último año de su gestión que se le hiciera una auditoría personal por parte del Servicio de Administración Tributaria, con alcance a los últimos cinco años.
La revisión se prolongó hasta los primeros meses del año, es decir, cuando estaba ya en ejercicio el gobierno actual, en afán, lo adivinó usted, de dejar claro que no se trataba de una autoevaluación, aun cuando la parte pesada se hizo bajo su mandato.
La previsión, naturalmente, le colocó un escudo de protección al funcionario para lo que pudiera venir… sobre todo si hubiese llegado al poder Andrés Manuel López Obrador.
Como recordará usted, la tormenta se le vino encima al ex funcionario tras contratarse como integrante del Consejo de Directores del poderoso banco inglés HSBC, pese a la prohibición de aceptar antes de un año nombramientos que plantearan ventajas dada la información privilegiada que se posee.
Aparentemente Gil Díaz renunció al cargo tras aceptar la presidencia de la Telefónica México, filial de la Telefónica Española, que comercializa la marca Movistar.
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En los próximos días, horas quizá, el caso Montiel regresará al escenario del escándalo al presentarse una querella por evasión fiscal contra la esposa del ex gobernador del estado de México, Maude Versini.
La querella involucra varios millones de pesos en un escenario de compras de bienes inmuebles que realizó la mujer sin que se haya documentado el origen de los recursos.
Como recordará usted, Arturo Montiel perdió la posibilidad de ser candidato del PRI a la Presidencia de la República al exhibirse una cauda de propiedades que había adquirido en su mayoría durante su gestión.
La Procuraduría de Justicia estatal, pese al escándalo, lo exoneró de responsabilidades frente a las acusaciones de peculado.
El segundo round, pues, será por vía indirecta.
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Contra todos los pronósticos, el grupo ICA de Bernardo Quintana Isaac sí participará en el proceso de privatización de 45 carreteras de cuota que está abriendo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
De hecho, se pensaba que la dependencia vetaría a la constructora por haber sido dueña de concesiones que debió tomar el gobierno ante su fracaso financiero. La firma entrará al ruedo en sociedad con Goldman Sachs quien le ayudará a fondearse para ofrecer pelea.
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De acuerdo con la óptica del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que encabeza Jorge Amigo Castañeda, si el Grupo Modelo quiere plantear una reclamación ante el gobierno chino por la piratería de su marca Corona, deberá acudir a la ventanilla correspondiente… en Pekín.
Dicho con todas las letras, nuestro país no tiene vela en el entierro… por más que existan tratados internacionales. Como usted sabe, la astucia china está vendiendo en el país de la muralla cerveza bajo la marca Cerona clonando la letra, la marca y aun el envase de Corona.
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