Resueltos bajo la ya clásica fórmula del sí… pero no, los amparos promovidos por el sindicato minero contra la declaración de inexistencia de las huelgas que estalló en las plantas de Cananea, Taxco y Sombrerete del Grupo Industrial Minera México, la violencia acecha a la vuelta de la esquina
Hete aquí que por un lado los tribunales laborales deciden que los paros pueden prolongarse sin perjuicio de despido para los trabajadores, pero por otro le abren a puerta a la firma propiedad de Germán Larrea Mota Velasco para continuar laborando.
La posibilidad, en este último caso, plantea dos vías: convencer a los trabajadores inconformes con el liderazgo de Napoleón Gómez Urrutia a dejar las banderas rojinegras sin custodia… o contratar esquiroles.
Huelga de facto, pues.
Digamos que mientras los tribunales quinto y sexto en materia laboral analizan el fondo del asunto, el tiempo actúa en contra del hijo de Napoleón Gómez Sada más que contra la empresa, quien se queja de perder 100 millones de dólares por cada día de inmovilidad.
Gómez Urrutia, pues, sería vencido por cansancio en uno y otro intentos de detener el ingreso de sus compañeros o de trabajadores contratados por la empresa, que a su vez pugnarán por derribar las barricadas.
Lo dramático del asunto es que el amago de violencia llega justo en la víspera de que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje decida si es válido otro emplazamiento de huelga promovido por el sindicato minero contra el Grupo Industrial Minera México, afectando ahora a la empresa Mexicana de Cobre, conocida como La Caridad.
El órgano de arbitraje ha venido posponiendo una y otra vez su resolución, convocándose una audiencia conciliatoria para el cuatro de septiembre, tras extenderse hasta dos días después el periodo de prehuelga.
La exposición de motivos habla de violaciones al contrato colectivo de trabajo al despedir la empresa a dos mil 600 trabajadores, justo por estallar una huelga que sin la formalidad reclamada.
Ahora que el eje del diferendo se ubica también en un posible reconocimiento de la autoridad laboral a un sindicato promovido por el Grupo Industrial Minera México con kilométrico nombre: Sindicato Nacional de Trabajadores de la Exploración, Explotación y Beneficio de Minas de la República Mexicana.
El expediente, con el número IV-225/2007, está radicado en la Junta Especial número 10 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. El problema se remonta a finales de diciembre de 2005, cuando e sindicato minero planteó un emplazamiento a huelga contra La Caridad, cuya plazo para la conciliación vencía el cinco de marzo del año siguiente.
El problema, lo recordará usted, es que en el camino la Secretaría del Trabajo le quitó la toma de nota, es decir el reconocimiento a Gómez Urrutia, abriéndole la cancha a Elías Morales… quien difirió el emplazamiento para finales de marzo… aceptándose, sin embargo, una audiencia conciliatoria hasta el 19 de abril.
El caso es que, colocada en entredicho la representatividad del grupo afín a Gómez Urrutia, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje le negó validez a las banderas rojinegras colocadas por los fieles a éste el 24 de marzo de 2006.
Lo curioso del caso es que existe una fe notarial de que quienes colocaron las banderas fueron un grupo de 50 trabajadores que descendieron de un camión con la leyenda: “Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, sección 298”.
La acción la encabezó Indalecio Pérez Morones, identificado como operador “A” del Departamento de “Plantas” de Mexicana de Cobre.
El hecho es que con banderas en las puertas y sin que el Grupo Industrial Minera México solicitara una declaración de inexistencia de la huelga, el grupo de Elías Morales siguió planteando aplazamientos.
Bajo ese marco el nueve de junio del 2006 la firma promovió ante la Secretaría del Trabajo un procedimiento especial para dar por terminadas las relaciones individuales y colectivas con los integrantes de la fracción del sindicato minero afín a Gómez Urrutia.
Este lo desahogó en el tiempo record de 72 horas la dependencia encabezada entonces por Francisco Javier Salazar Sáenz.
El laudo se inscribió bajo el registro IV-183/2006.
Bajo el paraguas la empresa obligó a más de dos mil 600 trabajadores a firmar finiquitos como condición para otorgarles una indemnización equivalente a tres meses de salarios y una prima de antigüedad, además de adeudos menores como parte proporcional de aguinaldo, prima vacacional y participación de utilidades.
La firma reemplazó a los despedidos con trabajadores contratados por el nuevo sindicato, tras ser rechazados los amparos promovidos por el grupo afín a Gómez Urrutia.
El problema es que éste regresó a la escena formal al anularse la toma de nota en favor de Elías Morales, lo que permitió revivir jurídicamente el asunto.
La gasolina, pues, está lista para alimentar el fuego.
Balance general
Ahora que por si faltara pasto seco al incendio, en los próximos días, horas quizá, la Secretaría del Trabajo dará a conocer el peritaje realizado por expertos sobre las condiciones de la mina Pasta de Conchos tras la decisión del Grupo Industrial Minera México de cancelar la búsqueda de los cadáveres de 63 de los 65 mineros atrapados en la explosión de hace año y medio.
El caso es que la conclusión está en línea con la planteada por la empresa en el peritaje que realizó por cuenta propia: los túneles son inexpugnables, dado el peligro de nuevas explosiones tras la acumulación de gas grisú… y la existencia de aguas residuales contaminadas por bacilos de tuberculosis.
El lugar, pues, permanecerá como tumba colectiva… con algún monumento alusivo al suceso.
¿Se acuerda usted de la patética escena que mostró la televisora con un lastimero ex secretario del Trabajo, Francisco Javier Salazar Sáenz, huyendo con el rostro descompuesto de la ira de los deudos, tras anunciarles que no había forma de rescatar un solo cadáver?
Pues ahora resulta que de acuerdo a la resolución emitida por la Tercera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, quien concedió un amparo a la cadena de tiendas Gigante, la obligación de ésta, de cara a los reclamos de los ex propietarios de los almacenes Blanco, implica pagarles 27 millones 543 mil 404 pesos, más intereses de ¡11 días!
Estamos hablando del periodo que comprende del nueve al 20 de febrero de 1996.
La pretensión del empresario Estanislao Blanco Caldevilla y socios que lo acompañan, era de 11 años de réditos… a razón de dos tantos de los de Cetes a 28 días que se había pactado al constituirse un fondo de 150 millones para enfrentar posibles esqueletos en el closet tras la venta de los almacenes a la cadena.
Como recordará usted, Blanco rechazó la devolución que le hacia Gigante al cumplirse los tres años de vigencia del fondo, alegando la inexistencia de justificantes de la erogación del resto, de acuerdo a los requisitos fiscales previstos por la ley. Ante ello Gigante depositó los recursos en bonos de Nacional Financiera.
La victoria de la cadena, pues, es aplastante.
La empresa promotora de vivienda Casas Geo está solicitando a la Secretaría de Hacienda la transformación de su Sociedad Financiera de Objeto Limitado conocida como Equipat en una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple. La intención es que se les permita otorgar préstamos personales a su clientela.
La intermediaria tenía apenas un año de operaciones.
albertobach@yahoo.com.mx
barrancoalberto@
prodigy.net.mx
