El Gobierno se coloca en el callejón, dado que de regresar al esquema tradicional en que las deducciones se otorgan en forma discrecional, habría una catarata de amparos por parte de quienes queden excluidos
Invitado por el pleno del Consejo Coordinador Empresarial el viernes pasado a un desayuno para confrontar posiciones en torno a la propuesta de reforma integral de la hacienda pública, hete aquí que el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, llegó con dos horas y cuarto de retraso.
La razón era simple: el funcionario había sido convocado la noche anterior a un desayuno a la misma hora en la residencia oficial de Los Pinos, con carácter de urgente e impostergable.
Al encuentro acudirían un puñado de empresarios que se autocalifican como damnificados de la iniciativa, dada la imposibilidad de deducir los donativos a favor de organizaciones de apoyo social o actividades propias, para efectos del cálculo de la CETU (Contribución Empresarial a Tasa Única).
La plana mayor de la filantropía del país en pleno, pues… con la novedad de que se trata, en paralelo, de los principales aportantes a la campaña panista por la Presidencia de la República.
Estamos hablando, por ejemplo, del presidente del Centro Mexicano de la Filantropía, Manuel Arango, quien al margen de sus aportaciones realizó una cruzada personal a favor de Felipe Calderón, en paralelo al ex presidente del Grupo Bimbo, Lorenzo Servitje, y los directivos del grupo financiero Banamex-City, Roberto Hernández y Alfredo Harp Helú, digo por mencionar algunos nombres.
Los dos últimos encabezan fundaciones que llevan sus siglas.
El evento, naturalmente, sacó chipas.
Se diría que el funcionario fue cercado a dos fuegos: la presión del Presidente de la República por atender de la mejor forma a sus amigos, y el reclamo de éstos por cancelar una alternativa que califican de equilibrio social.
El problema es que la sangría para el fisco es de 25 mil millones de pesos anuales, la mitad del subsidio con el que se alimenta el proyecto de Seguro Popular que impulsó el gobierno anterior.
Y el problema es que el eje de la no deducción de donativos se ubica en el propósito de sacar de la circulación a Organizaciones No Gubernamentales que le resultan incómodas al actual régimen.
El gobierno, pues, se coloca en el callejón, dado que de regresar al esquema tradicional en que las deducciones se otorgan en forma discrecional, habría una catarata de amparos por parte de quienes queden excluídos.
Ahora que a Carstens no le fue mejor con los integrantes del pleno del Consejo Coordinador Empresarial algunos de los cuales, acaso enardecidos por el prolongado plantón, a contrapelo de las pincitas con que manejan su relación con el gobierno, se tiraron a matar.
De entrada, le reprocharon al funcionario el incumplimiento de sus promesas de plantear una reforma sobre la base de cinco premisas: promover el ahorro y la inversión; simplificar el sistema tributario; ampliar la base de causantes; fortalecer o promover la formalidad, e impulsar la competitividad.
Ninguna de ellas, a su juicio, se cumple.
Más aún, se calificó abiertamente de recaudatoria la propuesta, además de imperfecta.
Del tamaño de la andanada habla el reconocimiento del Secretario de Hacienda de que la reforma planteada tiene carácter temporal, es decir habra otra en el 2009… digo, si el PAN gana la elección intermedia.
Más aún, a decir de algunos de los asistentes, Carstens había ofrecido analizar la exigencia de disminuir siete puntos porcentuales la tasa de la CETU, es decir ubicarla en 12 por ciento…
Ahora que horas después la propia dependencia, en este caso vía el presidente del Servicio de Administración Tributaria, José María Zubiría Maqueo, rechazaría como inviable la alternativa.
La CETU, pues, se mantendrá en 19 por ciento… digo si aprueba el Congreso la reforma tal cual.
Lo curioso del caso es que resquebrajada la supuesta unidad en la cúpula, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado que encabeza Héctor Rangel Domene, daría un giro de 180 grados a su postura.
Tras el panegírico que había hecho la semana pasada a la propuesta fiscal del gobierno, ahora la califica de atentatoria al principio básico de un sistema tributario, es decir la equidad.
El blanco, naturalmente, es la CETU.
“Además de hacer dos cálculos, uno sobre el Impuesto sobre la Renta y otro sobre la CETU –señala a la letra un documento del organismo- finalmente la empresa tendrá que pagar el resultado más elevado, lo que significa que en algunos casos se tendrá que cubrir un equivalente mayor a la tasa actual de 28 por ciento”.
El tributo, señala el análisis, limita la capacidad de inversión del sector privado; eleva la carga tributaria al cancelar la deducción de contribuciones empresariales a la seguridad social, y genera distorsiones y costos adicionales para cumplir.
Del blanco al negro en una semana.
Balance general
En fortalecimiento de su resolución de febrero pasado en que se condicionó la aprobación de una concentración entre Grupo Televisa y Televisión Internacional, la principal proveedora de televisión por cable de Monterrey, la Comisión Federal de Competencia supeditó su autorización para que el consorcio encabezado por Emilio Azcárraga Jean adquiriera el 49 por ciento de una firma similar, Cablemás, a que abra sus contenidos a la competencia.
La empresa de Avenida Chapultepec tiene 90 días para demostrar que no existe acceso discriminatorio, entendido éste como cualquier trato desigual que no se deba a una diferencia en las condiciones del mercado.
Más aún, Televisa tendrá la obligación de transmitir por sus redes de televisión vía satélite aquellas señales que tengan una cobertura territorial de al menos 30 por ciento.
Como usted sabe, Cablemás es la principal firma en su ramo del mercado, operando en Baja California, Campeche, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, el Estado de México, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.
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La Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal rechazó por unanimidad la pretensión de Javier Moreno Valle de validar los acuerdos que se tomaron en una asamblea general ordinaria de accionistas de la Televisora del Valle de México convocada en septiembre de 2005.
De acuerdo al tribunal colegiado, la propia convocatoria publicada en un diario de circulación nacional carecía de legitimidad.
La resolución señala textualmente que se condena a Moreno Valle a abstenerse de efectuar actos derivados de la convocatoria anulada.
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Curioso que el ex director general del Banco Nacional de Comercio Exterior, Héctor Reyes Retana, haya durado el día y la víspera como responsable del organismo de promoción de inversiones y exportaciones denominado ProMéxico.
En su lugar se nombró a Bruno Ferrari García De Alba, un ex funcionario del grupo Pulsar de Alfonso Romo Garza, a quien se ubicó como uno de los más allegados del empresario en desgracia.
El caso es que si al primero lo había impuesto el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, al segundo lo colocó directamente el presidente Felipe Calderón, de quién fue condiscípulo en la Escuela Libre de Derecho.
El problema es que si a Reyes Retana no le ayudaba su carácter introvertido para hacer la tarea, Ferrari no tiene la más mínima experiencia en la materia.
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Culminada ayer finalmente la vigencia de su oferta por el capital de la firma australiana Rinker, Cementos Mexicanos logró alcanzar una aceptación por el 95.62 por ciento, es decir 855 millones 846 mil 396 acciones, por las que se pagarán más de 14 mil millones de dólares.
La firma encabezada por Lorenzo Zambrano, no obstante, iniciará negociaciones para alcanzar el 100 por ciento.
barrancoalberto@prodigy.net.mx
