Las señales apuntan a una brusca interrupción de la larga luna de miel entre el gobierno y los empresarios, cuya manzana de la discordia es la pretensión de elevar las cuotas patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social, en afán de paliar o al menos atenuar su crisis.
La posibilidad se baraja en la antesala de cumplirse el plazo de Ley para que el organismo transparente ante el Ejecutivo y el Congreso su situación financiera, y los riesgos que enfrenta en materia de pasivos devengados y pasivos contingentes.
De acuerdo con lo previsto en la Ley del Seguro Social, el documento con las cifras de 2006 debe llegar a sus destinatarios antes de finalizar el mes que corre.
El caso es que aun cuando la Secretaría de Hacienda le ha apretado las tuercas al instituto, obligándolo a reforzar sus reservas a riesgo de cancelar inversiones, el alud parece imparable.
De hecho, si en el 2004 el pasivo laboral del organismo —es decir, el faltante de reservas en relación al costo de las jubilaciones en puerta para sus propios trabajadores— alcanzaba el equivalente al 9.4 por ciento del Producto Interno Bruto, dos años después se ubica en un nivel cercano al 11 por ciento.
Y si le seguimos, el otro gran desequilibrio, ubicado éste en el ramo de Gastos Médicos de Pensionados del Seguro de Enfermedades y Maternidad, habría saltado del 14.8 por ciento al 15.5 por ciento del PIB.
¿Se acuerda usted de la reacción de la opinión pública cuando se supo que el pasivo del país en materia del rescate bancario había superado 14 puntos del PIB?
Lo grave del caso es que a cuatro meses de vencerse el plazo para la revisión contractual bianual del instituto, no hay ningún viso de que el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social esté en aptitud de aceptar un cambio más radical en el Régimen de Jubilaciones y Pensiones para los trabajadores en activo.
Estamos hablando no sólo de incrementar la aportación al fondo, sino aceptar que la posibilidad de retiro se empate con la de los derechohabientes; es decir, en lugar de 28 años de trabajo sea a los 65 años, en un escenario en que, de mantenerse el esquema, el número de jubilados del IMSS aumentará más del doble en la próxima década.
De lo espeso de la carga baste un solo dato: si en el 2004 el excedente neto de ingreso sobre gastos del organismo fue negativo en 31 mil 802 millones de pesos, al año siguiente llegó a 41 mil 502, para alcanzar 51 mil 78 el año pasado.
La proyección para este año es de menos 53 mil 805.
El Seguro Social arrastraba hasta el último día del 2004 un patrimonio negativo de 52 mil 208 millones de pesos.
Como recordará usted, en el año 2004 el Congreso aprobó una reforma a la Ley del Seguro Social por la que se cancelaba la posibilidad de que el organismo destinara gastos de operación para llenar boquetes en materia de pasivos laborales, lo que le obliga a respaldar las nuevas contrataciones con recursos financieros para garantizar las condiciones pensionarias.
En ese marco, se abrió la posibilidad de descongelar 65 mil plazas... de las que hasta hoy no han podido cubrirse ni a la mitad.
El escenario que mostrará el informe al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión sobre la situación financiera y los riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social 2000-2007, volverá, pues, a ser apocalíptico.
Ahora que en la exposición de motivos de la propuesta que se baraja para incrementar las cuotas patronales, se plantea que en el año 2000 las aportaciones de 12.7 millones de trabajadores y 783 mil empresas soportaban el servicio médico de un millón 988 mil jubilados y pensionados, con la novedad de que el número alcanzaba el año pasado 2 millones 498 mil... con prácticamente el mismo universo de aportantes.
Lo curioso del caso es que en el capítulo de alternativas de todos los informes sobre la materia se descartaba de entrada la posibilidad de incrementos a las cuotas obrero-patronales como mecanismo para resolver la problemática financiera del instituto, dada la posibilidad de obstaculizar la creación de empleos formales.
Más aún: en el informe de 2004-2005 se señaló expresamente que la medida “no sólo sería ineficaz en lo financiero, sino que podría ser contraproducente en lo social”.
Ahora que en la discusión saldrá a relucir la exigencia de que el Seguro Social incorpore a 4 millones de trabajadores que se mueven en el renglón de ventas directas y domésticas en empresas como Omnilife, Avón, Andrea, Tupperware, etcétera.
El reclamo sacará chispas.
Balance general
La hora cero para Mexicana de Aviación llegará en los próximos 15 días, cuando se agote el plazo de ley previsto para que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje emita su resolución en torno al conflicto colectivo de naturaleza económica planteado contra la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación.
El lapso empezó a correr a partir del viernes pasado, cuando los peritos contratados entregaron su informe correspondiente tras analizar los argumentos de las partes.
La manzana de la discordia, como usted sabe, es la pretensión de la firma de generar ahorros por 25 millones de dólares... vía la supresión de cláusulas del contrato colectivo que a su juicio representan una carga inalcanzable.
Los peritos designados fueron el ex director general de Aeroméxico, Rogelio Gasca Neri, Leopoldo Burillo y Fernando Antillón.
La resolución en puerta será la primera que se emita en la historia del mecanismo previsto por la Ley Federal del Trabajo, por más que existen una docena de emplazamientos en el pasado... entre ellos uno de Aeroméxico.
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En un capítulo más de la guerra a muerte entre el grupo Industrial Minera México y el Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares, o mejor dicho entre el presidente de la firma, Germán Larrea Mota Velasco, y el líder Napoleón Gómez Urrutia, el viernes pasado se emplazó a huelga a siete de las nueve empresas extractivas del consorcio.
La exposición de motivos habla de violaciones al contrato colectivo de trabajo por parte de la empresa, fundamentalmente en materia de higiene y seguridad. En previsión del golpe, la empresa había anunciado un programa de reparto de utilidades calificado como el de mayor monto en su historia.
Ahora que el eje del problema es la aparición de spots en la televisión, vía los cuales se exige a Napoleón Gómez Urrutia que devuelva los 55 millones de dólares que debían prorratearse entre los trabajadores de Mexicana de Cobre y Minera de Cananea.
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A propósito de Minera de Cananea, pasó de noche en el ámbito oficial la conmemoración de los 101 años de la histórica huelga de la firma, cuya represión sangrienta le dio una bandera más a los precursores de la resolución.
La efeméride fue el primero de junio.
Como recordará usted, el movimiento en contra de la entonces compañía Green Consolidated Mining Company fue aplastado por el magnate minero estadounidense William Cornell Greene con una inaudita convocatoria a los rangers de Texas, quienes cruzaron la frontera con la complacencia del régimen porfirista.
El resultado fueron 23 muertos y 22 heridos, enviándose a los sobrevivientes a las temibles tinajas de San Juan De Ulúa, la prisión favorita del régimen.
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