En lo que pareciera añoranza del México de los 40, cuando los únicos chicharrones que tronaban eran los de los caciques priístas, el gobierno de Sinaloa intenta despojar de un desarrollo turístico a una familia, bajo la vieja fórmula de trocar faltas administrativas en delitos penales
La manzana de la discordia es un colosal terreno de playa ubicado en el corazón del llamado Nuevo Mazatlán, conocido como La Escopama, en cuyo escenario se construye el proyecto Escopama Beach.
Estamos hablando de 370 hectáreas localizadas entre el Hotel Esmeralda Bay y la clínica para tratamiento de adicciones Oceánica, cuyo terreno era parte del fraccionamiento.
Más al detalle, se trata de 3.7 kilómetros de playa cuyos propietarios, las familias Alcaraz Viedas y Alcaraz Sandoval, construyeron por su cuenta un camino, dotaron de luz eléctrica y ofrecen mantenimiento permanente.
Casi el paraíso.
El caso es que bajo la amenaza de regresar a la cárcel, a la que ingresaron al imputárseles delitos inexistentes, se quiere obligar a los propietarios a escriturar ciertos lotes a favor de funcionarios del gobierno estatal o sus familiares.
Los beneficiarios serían el gobernador del Estado, Jesús Alberto Aguilar Padilla; su hijo, Jesús Aguilar Camacho; un hermano del Procurador Fiscal de la entidad federativa, y el secretario de Desarrollo Social, Jesús Vizcarra Calderón.
El emisario es el director de Gobierno, Eusebio Joel Hernández Niño.
De hecho, éste presume a los cuatro vientos que por “órdenes del señor gobernador” logró que el juez cuarto del ramo penal emitiera una orden de aprehensión contra Luis Alberto Alcaraz Viedas y Luis Alberto Alcaraz Sandoval, al plantearse como delitos penales faltas de carácter civil, concretamente incumplimiento de algunas inversiones para el fraccionamiento de playa reclamadas por el Ayuntamiento de Mazatlán.
Bajo esa misma vía de tráfico de influencias se logró que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado ratificara la solicitud de detención… que se ejecutó al secuestrarse a los empresarios en la cochera de su casa sin mediar orden de cateo.
Esposados, padre e hijo fueron llevados al Centro de Readaptación Social (Cereso) local, donde permanecieron dos meses y medio. Su liberación llegó al cubrirse una fianza de 3.5 millones de dólares (sí, leyó usted bien, de dólares, es decir al estilo americano), que se garantizó con una propiedad valuada comercialmente en 60 millones de pesos.
Lo inaudito del caso es que Hernández Niño se había acercado a la familia con el señuelo de acercarlos con el presidente Municipal de Mazatlán para resolver sus problemas.
Y lo inaudito del caso, además, que ante el temor de ser encarcelados, los Alcaraz se habían reunido en varias ocasiones con el subprocurador Regional de la Zona Sur de Sinaloa, Fortino Bórquez, quien les garantizó que el Ministerio Público que recibió la querella originalmente no tenía forma de consignarla a un juez, puesto que se trataba de un asunto civil entre particulares.
El hecho es que la presión del funcionario es permanente, amenazando a los dueños del fraccionamiento Escopama Beach con que se les permitió salir de la cárcel sólo para negociar.
Ahora que la furia del gobierno estatal contra las Alcaraz se metió en la coyuntura de otro litigio que sospechosamente se ha alargado durante seis años.
Hete aquí que en el 2001 María Trinidad Quintero López formalizó una operación de compra de nueve lotes del fraccionamiento de playa por un monto de un millón 350 mil dólares, que a la hora de la verdad se negó a pagar…
La mujer fue demandada por la vía civil y mercantil ante el juzgado primero de la Civil, sin que hasta hoy exista una sentencia definitiva, pese a que la acusada ha perdido todas las apelaciones y recursos ordinarios admitidos en el proceso.
De hecho, en la certeza de que sería condenada al pago de 50 millones de pesos, la mujer heredó en vida a su hija e intentó voltearle la tortilla a sus demandados, al acusarlos de fraude genérico y fraude procesal… dos años después de los supuestos hechos.
Su reclamo apunta a la devolución de supuestos pagos realizados en calidad de abonos.
Lo cierto es que los Alcaraz llevan más de tres meses buscando una audiencia con el gobernador del Estado, en intento de entregarle una carta en la que se detalla el asunto, sin que su petición haya tenido éxito.
En uno de los párrafos de la misiva se condensa el tamaño del asunto: "Como usted comprenderá, estamos sometidos a tal presión que tememos por nuestras vidas. Pero también estamos dispuestos a defender nuestro patrimonio con nuestra propia vida…"
La ley de la selva.
Balance general
A la callada, hete aquí que desde hace dos meses están varados en las bodegas de la aduana de Manzanillo 16 mil automóviles ensamblados en China que pretendían venderse en el mercado nacional a un precio que convoca al escándalo: ¡70 mil pesos promedio!
El problema es que la Administradora General de Aduanas les impone un arancel o impuesto de importación de 200 y hasta 300 por ciento, según el modelo, lo que a juicio de los importadores resulta inaceptable.
La justificación de la violenta carga habla de una cuota compensatoria por supuestas prácticas desleales en la modalidad de dumping o precio inferior al mercado de origen, apuntaladas con subvenciones oficiales, por más que hasta hoy no se ha abierto el proceso correspondiente por parte de la Secretaría de Economía.
Se diría, pues, que estamos ante otro caso similar al del "Mary Nour", aquel barco que jamás pudo descargar cemento ruso para el mercado nacional, ante el poderío de Cementos Mexicanos.
El ejemplo lo toman hoy las armadoras instaladas en el país.
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Aunque Celulosa y Derivados (Cydsa) redujo en 12.4 millones de dólares su deuda bancaria durante el primer trimestre del año, el monto de ésta asciende a 92.6 millones, parte de lo que explica el que se haya vendido el 60 por ciento de su capital en sólo 35 millones de billetes verdes.
La operación, con cargo al fondo institucional Fintech, como le comentábamos hace unos días, fue objetada por un grupo de accionistas minoritarios.
La firma bajó sus utilidades de 119 a 97 millones de pesos.
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Pian pianito la cadena de tiendas de conveniencia Oxxo, propiedad de Fomento Económico Mexicano, alcanza ya cuatro mil 900 unidades en el país, el doble de las Extra del Grupo Modelo.
Sólo durante el primer trimestre del año entraron a escena 91 nuevos puntos de venta.
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A tono con su matriz alemana, cuyas ventas al primer trimestre del año alcanzaron un crecimiento de 16 por ciento para llegar a 28 mil millones de dólares, la filial en México de Siemens incrementó su facturación en nueve por ciento, alcanzando mil 700 millones de billetes verdes.
La empresa que dirige Hans Joachim Koldsdorf inaugurará este mes una planta de tableros para empatar una fuerte demanda industrial.
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