Entrampada la posibilidad de un arreglo amistoso entre Mexicana de Aviación y la Asociación Sindical de sobrecargos, frente a la exigencia de la línea aérea de aligerar sus costos para mantener viabilidad, la papa caliente regresó, a querer o no, al gobierno panista.
Será, pues, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje la que decida de qué lado está la razón, vía el desahogo de una demanda de Conflicto Colectivo de Naturaleza Económica, prevista bajo el paraguas de la Ley Federal del Trabajo.
De acuerdo con el cálculo de la Secretaría del Trabajo, el procedimiento, en cuyo eje se revisa la justeza de cláusulas de un contrato colectivo que pongan en peligro la sobrevivencia de una empresa, se agotaría en dos meses.
El asunto tiene la mayor relevancia por el tamaño de los intereses en juego. Desde un ángulo la prevalencia de conquistas sindicales, y desde otro, la tradicional demanda empresarial de escenarios decompetitividad.
En una de las esquinas se ubica al presidente del poderoso Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y dueño de los hoteles Posadas, GastónAzcárraga Andrade, a quien se ubica como apoyador tradicional de las
campañas panistas.
De hecho, en su fase de candidato a la Presidencia de la República, Vicente Fox vivió gratis en una habitación de lujo del principalestablecimiento de la cadena.
En la contraria se ubica la definición del gobierno actual sobre su política de cara al escenario laboral del país.
Quizá por ello el propio secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, encabezó un fallido intento de conciliación… por más que la puertapermanece abierta para nuevas ofertas y contraofertas que acerquen las posiciones.
Quizá por ello la dependencia dejó en claro ayer que existen garantías para que la Junta Federal de onciliación y Arbitraje se conduzca conabsoluta imparcialidad y objetividad, tras de que la Asociación Sindical de sobrecargos la acusó de sospechosa celeridad para darle cauce alreclamo. El eje del diferendo es la exigencia de Mexicana de Aviación de que los sindicatos se comprometan a generar ahorros en el costo de operación por 25 millones de dólares anuales, equivalentes a 25 por ciento de la erogación actual.
La pretensión original era de 40 millones.
El escenario planteado exige la cancelación de prestaciones; la reducción de salarios; un uso más extensivo de la flota aérea; la firma en blanco de revisiones al contrato colectivo en materia salarial… En suma, trabajar más y ganar menos.
De hecho, se calcula una reducción de 35 por ciento en las percepciones del personal de vuelos.
El caso es que, doblegados los sindicatos de pilotos y de trabajadores de tierra, el punto muerto llegó cuando las sobrecargos se negaron a aceptar un incremento en las horas de vuelo para alcanzar 90… es decir 18 más de las que permite la norma internacional, y 13 más de las que exige la empresa… con pagos acotados de horas extras. A quién le importa si en el camino se pactó el compromiso de mejoras en productividad y cancelación de 10 rubros del contrato colectivo, que en global generarían ahorros por 17 millones de dólares.
El hecho es que para Mexicana de Aviación el punto era vital para evitar crisis recurrentes en la empresa ante la falta de equidad frente a los compromisos adquiridos con los otros sindicatos. Todo o nada, pues.
Lo curioso del caso es que pese a que la última audiencia conciliatoria se había aplazado tres días para dar espacio a las partes a documentar sus alegatos, la empresa no presentó los estados financieros reclamados.
La pista, pues, se abrió al Conflicto Colectivo de Naturaleza Económica que, de acuerdo con el artículo 900 de la Ley Federal del Trabajo, “tiene por objeto la modificación o implantación de nuevas condiciones
de trabajo, o bien la suspensión o terminación de las relaciones colectivas de trabajo”.
Más al detalle, el artículo 919 habla de que la resolución “podrá aumentar o disminuir el personal, la jornada, la semana de trabajo, los salarios y, en general, modificar las condiciones de trabajo de la empresa”, aunque sin que “en ningún caso se puedan reducir los derechos mínimos consagrados en las leyes”.
Aunque la posibilidad de recurrir al esquema, que incluye el concurso obligado de tres peritos, la llegó a discutir el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social frente a la negativa de su
sindicato de aceptar un nuevo escenario para el régimen de jubilaciones y pensiones, no es frecuente su uso como instancia de arbitraje. Según el procedimiento, el dictamen de los peritos contratados deberá
tomar en cuenta las condiciones salariales en empresas similares; la condición general de la industria del ramo; las condiciones generales de los mercados; los índices estadísticos que tiendan a precisar la economía nacional, y los hechos y causas que dieron origen al conflicto. La moneda está en el aire: será melón, será sandía…
Balance general
Finalmente llegó el día: telegrafiada desde el momento en que Ricardo Salinas Pliego se lanzó al incierto de la compra de Iusacell, sólo hacía falta la fecha para la boda de ésta con Unefon. El matrimonio tendrá el siete por ciento del mercado de telefonía celular del país,con una cartera de 3.4 millones de suscriptores.
Ahora que llegar a la fiesta planteó una larga carrera de obstáculos, dada la inviabilidad financiera de la firma que vendieron en sólo diez millones de dólares sus ex propietarios Verizon y Vodaphone. Salinas Pliego debió enfrentar una intrincada tarea de reestructurar la deuda de la firma, cuyo monto superaba los 900 millones de dólares. Hoy Iusacell alcanza un valor de capitalización de mil millones de billetes verdes, frente a los 333 de Unefon… con posibilidad de multiplicarse con la magia de las sinergias.
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Curiosa, por endilgarle un calificativo, a la explicación de Petróleos Mexicanos para rechazar que existan 15 mil chinos trabajando para las firmas que han recibido contratos de la paraestatal. Sólo son 97, dice, tras atribuir la información a un error de transcripción en uno de sus libros blancos. Lo cierto es que el consorcio Comproca, al que le otorgó la empresa pública un contrato para modernizar y reconfigurar la refinería de
Cadereyta en Nuevo León, reclutó a un ejército de 4
00 coreanos a título de soldadores.
Estos trabajaron sin remuneración alguna, en afán de librarse del servicio militar de su país que los obligaba a encuartelarse durante un año. El trueque, pues, fue simple: ejército o trabajo.
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La noticia es que el pleno de la Comisión Federal de Competencia decidió ayer posponer su resolución en torno al caso Mary Nour, es decir, el barco griego que llegó al país con un cargamento de 30 mil toneladas de
cemento ruso y se debió regresar con su mercancía a cuestas, tras mantenerse varado en el puerto de Tampico por meses. La estiba de la carga no pudo realizarse ante una serie de maniobras legales de Cementos
Mexicanos. La exposición de motivos para el aplazamiento fue que faltaban elementos para sustentar una decisión ante la denuncia por prácticas monopólicas relativas contra la empresa hegemónica.
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