Apremiada por sus socios para recuperar la inversión en la mesa;atenazada por la inminente venta de Aeroméxico, su enemigo a vencer, y acosada por la competencia feroz de las nueve líneas aérea de bajo costo
en escena, Mexicana de Aviación se atrevió a lo inaudito Estamos hablando de la presentación ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de un conflicto colectivo de naturaleza económica, es decir el instrumento previsto por la Ley Federal del Trabajo para anular cláusulas del contrato colectivo que pongan en
peligro la viabilidad de una empresa.El jaque apunta de lleno a la Asociación Sindical de Sobrecargos de
Aviación que encabeza Francisco Villarreal.La vuelta de tuerca intenta obligar a éste a garantizar a la línea aérea una contracción en sus gastos de operación de 20 millones de dólares?
anuales, equivalentes al 25 por ciento de la erogación total.La pretención original hablaba de 40.
Lo interesante del asunto es que a contrapelo de una instrucción al calce por parte de su Consejo Técnico, el Instituto Mexicano del Seguro Social no se atrevió a plantear un recurso similar frente a la amenaza
de quiebra que plantea su colosal faltante de reservas para enfrentar las jubilaciones y pensiones de sus trabajadores. La exposición de motivos del frustrado intento hablaba de incompatibilidad entre lo previsto por el contrato colectivo, es decir jubilaciones al 130 por ciento de la última percepción después de 28
años de trabajo, cotizando apenas el tres por ciento en calidad de aportación, y las proyecciones actuales para cubrir la prestación. Lo cierto es que aún cuando la posibilidad ha estado latente desde hace décadas, son escasas las veces en que una empresa o un sindicato han invocado la figura del conflicto de naturaleza económica, cuyo eje, de cara a una y otra partes, es un cambio sustancial en las condiciones en
que fue firmado un contrato colectivo de trabajo.
De lo delicado de la tarea de equilibrio que debe realizar la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje hablan la posibilidad de atentar contra los derechos adquiridos por los trabajadores, o permitir que se ahorque una empresa ante un escenario adverso. Lo cierto es que a querer o no en los alegatos de cargo y descargo de
las partes en pugna habrán de salir varios trapitos al sol. Si, como se dijo, Mexicana fue vendida al Grupo Hotelero Posadas tras un proceso integral de saneamiento. Más allá, si el gobierno traicionó a los inversionistas al abrir el mercado a las líneas aéreas de bajo costo que llegaron a depredar precios. Si el costo pagado por la línea aérea, es decir 165 millones de dólares, fue simbólico o excesivo.
Si entre las privatizaciones y los rescates de la línea aérea a lo largo de la historia se rebasó la prudencia en materia de prestaciones para los sobrecargos.
Por lo pronto, las exigencias de la empresa parecen desmesuradas en relación con la media internacional. Por ejemplo, mientras ésta plantea un máximo de 72 horas de vuelo al mes para el personal de servicio, la empresa obliga a 77, con la novedad de que la pretención es de 90.
Ahora que a contrapelo de sus compromisos de mantener intacta la planta de personal, la línea aérea ha despedido a partir de su reprivatización a mil 800 trabajadores de confianza y sindicalizados, equivalentes en el primer caso al diez por ciento de la nómina, por más que la última revisión contractual se fue en blanco, es decir no hubo incremento salarial para los trabajadores.
Actualmente la empresa mantiene 800 pilotos cuyo peso en los gastos de operación es de cinco por ciento, representando el 44 por ciento de la nómina, en tanto los sobrecargos representan el 19; el personal de
tierra 18, y el personal administrativo 14.
Ahora que está pendiente la solicitud al interior de la Cámara de Diputados planteada por el legislador de Convergencia, Cuauhtémoc Velasco Oliva, para integrar una comisión que investigue, analice e
informe sobre la forma en que se vendió Mexicana de Aviación, en la presunción de que su precio real era de 400 millones de dólares. Más aún, se sabe que la firma tenía 120 millones de dólares en caja a su venta, en tanto el edificio sede se vendió en 40 millones? que pasaron a las arcas de los nuevos dueños.
Lo curioso del caso es que en la fase previa a la venta de la empresa a la firma que encabeza Gastón Azcárraga Tamayo, se presumía que ésta contaba con la flota aérea más moderna del mundo, integrada por aviones Airbus 318, 319 y 320. Más aún, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se vanagloriaba que Cintra, la controladora de Aeroméxico y Mexicana, había obtenido utilidades, "pese al incremento considerable en el precio de la turbosina".
Y si le seguimos, en su primer año posterior a la privatización Mexicana logró un repunte en materia de asientos vendidos, alcanzando cuatro millones 692 mil 816, frente a cuatro millones 826 mil 254 de
Aeroméxico. ¿Se cayó el cielo en el paréntesis?
Balance general
Entre los puntos rojos del expediente abierto por la Procuraduría de Justicia de Coahuila tras la explosión de la mina Pasta de Conchos se habla de la integración por parte del Grupo Minera México de la empresa
venezolana General de Hulla como subcontratista. El convenio se firmó un mes antes de la explosión.
La firma se encargaría de los trabajos de conservación y mantenimiento de la mina de carbón? subcontratando a los trabajadores que realizaban la tarea. Naturalmente, en la maniobra se eliminaron las prestaciones de ley a que tenían derecho los mineros, además de ubicarlos en un rango inferior al
salario recibido en su inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social.
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Empecinado en mantener vivo el escándalo, ahora resulta que el empresario Alfonso Romo Garza está colocando en la mesa una nueva demanda contra su suegro, o si lo prefiere el abuelo de sus hijos, Alejandro Garza Lagüera. La querella es por daño moral.
De acuerdo al hombre que aspiró un día a ser el rey de los alimentos trasgénicos en el planeta, las acusaciones de despojo que planteó a su vez en su contra Garza Lagüera lo afectaron en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación y vida privada. El fuego cruzado apuntó a la propiedad de las acciones del grupo Savia, que según el suegro, el yerno vendió en forma ventajosa para su causa, al separar su propio paquete del resto tras una primera operación? en espera, naturalmente, de que subieran el valor de los papeles. De telenovela, pues.
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¿Se acuerda usted del punto de acuerdo planteado por el senador Rogelio Rueda Sánchez en relación a los amparos promovidos por el subsecretario de Comunicaciones, Rafael Del Villar, y el director jurídico de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gonzalo Martínez Pours, contra su rechazo por parte del órgano legislativo para ser comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones?
Bien, pues turnado a comisiones el asunto, ayer se aprobó, lo que abre la puerta para llevarlo el próximo jueves al sí o no del pleno. El texto conmina a los funcionarios a desistirse de los amparos o
renunciar a sus cargos. El problema es que en el camino se habla que de soslayarse el exhorto se
agrietaría más la de su y relación distante entre el gobierno y el Senado.
¡Pácatelas!
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