La reciente tragedia en Nigeria provocada por la explosión de un ducto de gasolina tras cuya perforación criminal habían acudido cientos de menesterosos en pos de un chorrito de los veneros del diablo, a querer o no pone las barbas de México a remojar.
Pese a las reformas legales que colocan como delito grave, con penas de prisión de entre seis y 15 años y multas de 200 hasta diez mil días de salario mínimo, a quien robe, altere o venda gasolina, petróleo y todo tipo de hidrocarburos y sus derivados, los asaltos a las tuberías de Petróleos Mexicanos se mantienen a la orden del día.
De hecho, la propia paraestatal calcula en ocho mil millones de pesos las pérdidas derivadas de los ilícitos? al margen de las pipas que salen de sus instalaciones sin que se registre la gasolina o diesel que cargan.
Lo dramático del asunto, además, es que inconformes con las ganancias que les produce la mercancía robada, los delincuentes adulteran los combustibles con productos altamente contaminantes, con énfasis en aromáticos y solventes, cuyos efectos son letales para la salud.
El caso más usual apunta al diesel.
Y como en México, a diferencia de la mayoría de los países del planeta, no se ha impuesto una Norma Oficial Mexicana a las gasolinas y el diesel?
Lo inaudito del asunto es que la denuncia la ha colocado tenazmente en la mesa la Asociación Nacional de Distribuidores de Combustibles y Lubricantes durante cuatro sexenios, sin que se haya logrado conmover a la autoridad.
A quién le importa si el fenómeno es directamente proporcional a la proliferación de casos de cáncer, asma y saturnismo.
A quién le importa si en el más reciente estudio realizado por el organismo empresarial sobre los daños ambientales y a la salud provocados por la adulteración de combustibles se resalta su conexión como incitador de leucemias.
Por lo pronto, el documento enumera cuatro efectos por la presencia de elevados índices de dióxido de azufre en gasolinas y diesel: Irritación en la vista; aumento de las enfermedades respiratorias, incluída el asma; corrosión en la mayoría de los metales, especialmente hierro y zinc, y decoloración en las hojas de los vegetales.
Ahora que la presencia de óxido nítrico y dióxido de hidrógeno provocan a su vez irritación en ojos, nariz y bronquios, que en grandes cantidades pueden causar edemas y muerte, además de que se les atribuyen propiedades cancerígenas.
Desde otro ángulo, las partículas arrojadas al ambiente con la quema de los combustibles pueden provocar asmas y tumores bronquiales; interfieren en el proceso de fotosíntesis de las plantas, perturbando el intercambio de CO2 en la atmósfera, al impedir la penetración de luz solar; provocan ennegrecimiento en los edificios y potencian el efecto de otros contaminantes gaseosos.
Finalmente, entre los efectos producidos por la presencia de plomo en el ambiente están saturnismo, anemia y retraso en el crecimiento de los niños.
Lo dramático del asunto es que de suyo, es decir sin el agregado criminal, los combustibles usados en México mantienen un alto grado de peligrosidad. Mientras la gasolina Premium tiene hasta 300 partes de azufre, la Magna alcanza hasta mil partículas por millón, en tanto el diesel llega a 500.
De acuerdo a un estudio realizado por la Organización Ditiching Dirty Diesel de Estados Unidos, filial del Pacífico Institute, la contaminación por diesel es la más tóxica para la atmósfera, atribuyéndosele la responsabilidad del 70 por ciento del riesgo de cáncer, muerte prematura, hospitalizaciones y disminución de los años de vida.
A la letra, el texto señala que los camiones, trenes y aviones que transportan carga contribuyen a casi 70 por ciento del total de las emisiones de partículas tóxicas.
Y lo dramático del asunto, además, es que atorada inexplicablemente en el Senado la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, en cuyo marco se le daría luz verde a la construcción de 19 plantas productoras de etanol, pareciera aún muy lejano que nuestro país exigiera la presencia del producto con perfil de oxigenante en los combustibles, como lo hacen Brasil, Estados Unidos y todos las naciones integrantes de la Unión Europea.
¿Nos aguantamos otros cuatro sexenios?
Balance general
A la callada, la Comisión Federal de Telecomunicaciones convocó en plena temporada de posadas a los presidentes de Televisa y Televisión Azteca, Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego, así como al socio principal de la firma Palmas 19, Isaac Saba Raffoul, en afán de buscar una conciliación frente a las andanadas lanzadas por las televisoras contra éste, a quien se acusa de ser responsable del encarecimiento del precio a las medicinas vía su empresa de intermediación Casa Saba.
Las pláticas resultaron estériles.
Como usted sabe, la compañía de Saba Raffoul se integró en sociedad con Telemundo, la segunda cadena de habla hispana en Estados Unidos, para promover la posibilidad de operar en concesión una tercera cadena de televisión abierta.
Lo curioso del caso es que días antes de la frustrada conciliación uno de los comisionados de la instancia pública, Gerardo González Abarca, había declarado que no están aún dadas las condiciones para una tercera cadena de TV, dado que el país no tiene experiencia en materia de licitación de frecuencias, ni se ha evaluado a cuánto puede ascender la exigencia de una contraprestación.
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La noticia es que el juez primero de Distrito de Sonora le otorgó un amparo a los funcionarios del Scotiabank responsables del fideicomiso en que se resguardaron los 55 millones de dólares que el grupo Industrial Minera México otorgó para prorratearse entre los trabajadores de Mexicana de Cobre y Minera de Cananea.
Los banqueros habían sido acusados por el dirigente del Sindicato Minero, Elías Morales, de confabularse con el ex líder de éste, Napoleón Gómez Urrutia, para extinguir el fideicomiso sin haber cumplido su cometido.
La paradoja del caso es que la exposición de motivos para otorgarle la protección de la Ley a los acusados habla de que los 55 millones de billetes verdes ya se otorgaron a los trabajadores.
Hágame usted favor.
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Lo cierto frente a la reciente colocación del ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, como miembro "independiente" del Consejo de Directores del poderoso banco inglés HSBC (Hong Kong-Shangai Bank), cuya filial en México compró al banco Bital hace tres años, es que la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos obliga a los ex funcionarios financieros a abstenerse de participar durante un año en tareas relacionadas con su encargo.
La razón es simple: evitar ventajas a la entidad contratante, dada la información privilegiada que poseen.
De hecho, al término de su gestión como titular de la propia dependencia, Pedro Aspe Armella se dedicó de tiempo completo durante un año a impartir clases en el Instituto Tecnológico Autónomo de México.
Más aún, se había anunciado que el destino inmediato de Gil Díaz sería la cátedra en alguna universidad de Estados Unidos.
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En sus propósitos de año nuevo la filial en México de la empresa alemana Siemens prepara reforzar su infraestructura en los estados de Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes y Michoacán, además de expandirse hacia el norte del país.
Su meta es penetrar con más fuerza en el sector energético, "con o sin reformas estratégicas".
Por lo pronto la mira está en la reactivación de la planta nuclear de Laguna Verde; el desarrollo de un puerto de gas natural en Manzanillo, y los proyectos de modernización de la Comisión Federal de Electricidad.
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