Desairada por los presidentes de los organismos empresariales una primera cita con legisladores para airear sus objeciones a la propuesta fiscal del gobierno, a la segunda llamada enviaron a representantes de segundo nivel, en afán de tirar la piedra y esconder la mano.
Se diría que, más papistas que el Papa, los cúpulos no quieren contrariar al poder en turno, pero tampoco enfrentar la ira de las bases. No, pues, pero sí.
Ahora que, a querer o no, la comparecencia de la semana pasada ante la Comisión de Hacienda del Senado se volvió algo así como un encuentro con el Muro de Lamentaciones, si bien cada cual jaló agua para su molino.
Mientras la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, por ejemplo, exigió deducibilidad total para las reservas catastróficas, la Asociación de Bancos de México solicitó inmunidad frente a una posible incapacidad física para retener el tributo para depósitos en efectivo superiores a dos por ciento en tanto la Canacintra pidió el regreso de la posibilidad de consolidación fiscal, es decir, integrar en una las pérdidas y ganancias de las filiales de un conglomerado, a tasa de 60 por ciento.
A su vez, la Concanaco reclamó convertir en rompecabezas el tributo a la informalidad, al exentar a quienes cuenten con su Registro Federal de Causantes, en tanto la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) pidió un tratamiento especial para las ventas en abonos.
Ahora que la Concamín, ahí de pasadita, pidió que sean deducibles los gastos de las empresas en energía y luz, además de terminar con el horario de punta para encarecer los consumos.
En el renglón de advertencias el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora de Exportación habló de un peligro inminente de desaparición del gremio, de mantenerse tal cual la iniciativa; Coparmex de inconstitucionalidad en las disposiciones al no poder aportarse pruebas durante las auditorías; al no valer la jurisprudencia alcanzada en casos afines, y al responsabilizarse de omisiones fiscales al contador o abogado del causante.
En donde coincidió la mayoría de los organismos es que el nivel de la llamada Contribución Empresarial a Tasa Única se baje de 16 por ciento a 12 por ciento; en que el texto actual de ésta está provocando el diferimiento de inversiones hasta el 2008, y que el ubicar como deducibles los gastos de seguridad social para el entero del gravamen implicaría mayores costos para las empresas.
Más allá, se plantea que en lugar de justificar la no deducción del pago de nómina para efectos de la CETU con el crédito al empleo que implica tasa cero para salarios bajos, se permita la deducción total… incluyendo las prestaciones exentas como aguinaldo, primas vacacionales, primas dominicales, horas extras…
Para el Consejo Coordinador Empresarial, representado por su presidente de Enlace Legislativo, Oscar Fitch Gómez, es incongruente que no se puedan deducir las aportaciones para fondos de inversión privada, dado que las pensiones públicas son insuficientes.
Más allá, se plantea que el impuesto a la informalidad se acredite contra cualquier otro tributo, y lo que no sea posible se devuelva al causante.
Para la Concanaco, representada por el presidente de su Comisión Fiscal, Pedro Guillén Mariscal, el equilibrio llegaría con una tasa única del Impuesto sobre la Renta de 15%, además de deducir tres salarios mínimos, o de 19%, a cambio de deducir cuatro salarios mínimos de la base gravable. Planteada la posibilidad en conjunto con el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, la cúpula comercial propone en contra un compromiso de los sectores productivos de generar un incremento de cuatro por ciento en el nivel de empleo durante cinco años.
La condición, en tal caso, es que el gobierno precise el destino de la recaudación, para evitar que se emplee en gasto corriente. Para la Concamín, representada por su vicepresidente Rosendo Valles Costas, el directivo de mayor jerarquía en el periplo, se deben considerar como deducibles los donativos que entreguen las empresas para efectos filantrópicos, aunque el meollo del asunto sería adoptar un sistema de recaudación ajeno al Impuesto sobre la Renta y la CETU.
Para el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora de Exportación, representada por su director del Comité Fiscal, Ignacio Valdés Valdés, con la CETU se incrementa 600 por ciento el costo fiscal del gremio, del cual 80 por ciento lo representa sólo la nómina, lo que desestimula el empleo, genera una pérdida de competitividad, provoca doble tributación y reduce la capacidad del país para atraer y retener las inversiones.
Para la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, representada por su presidente del Comité Fiscal, Rodolfo García Gómez de Parada, la retención por depósitos en efectivo
podría generar pérdidas financieras para el gremio, dado que sus márgenes de utilidad oscilan entre 4 por ciento y 5 por ciento. Para la Canacintra, representada por su directora de Enlace Legislativo, Clarissa Salas Chacón, el nuevo Impuesto Especial sobre Productos y Servicios para los aerosoles propiciará un mayor contrabando. Las cúpulas a escena… con extras para el doblaje.
Balance general
Como lo preveíamos, en una jugada de aprendiz de Maquiavelo el Gobierno se esperó al cinco para las 12 para dar respuesta a la solicitud de autorización para el refinanciamiento de la deuda del Gobierno capitalino.
A 24 horas de extinguirse la oferta de 60 días planteada por 12 instituciones financieras, el presidente Felipe Calderón instruyó al Secretario de Hacienda a dar respuesta, y éste lanza una serie de condicionantes para el sí.
La carambola es simple: Quien no cumplió es el solicitante. Nosotros gobernamos sin bandera política.
Ahora que de pasadita se lanzan algunos coscorrones, como el de dejar entrever que el mayor endeudamiento se dio bajo los gobiernos perredistas… por más que durante el último sexenio priísta el débito creció 52.70, en tanto bajo Cuauhtémoc Cárdenas subió 18.70, y bajo Andrés Manuel López Obrador sólo 2.90.
Lo curioso del caso, además, frente a los planteamientos de la Secretaría de Hacienda, es que en la solicitud de autorización se especificaba que los mil 500 millones de pesos anuales que se ahorrarían en intereses se destinarán a programas sociales y de infraestructura.
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Nos preguntábamos hace unos días qué pasó con los actores que estuvieron involucrados en los presuntos sobornos otorgados hace siete años por la empresa francesa Alstom a funcionarios de la compañía de Luz y Fuerza del Centro.
El monto de éstos, de acuerdo a las investigaciones realizadas por la policía, fue de un millón 200 mil dólares, de los cuales 800 mil habrían correspondido al ex director general de la paraestatal, Alfonso Caso
Aguilar, y 400 mil al ex subdirector general, Antonio García Rojas. Bien, pues el primero de ellos está desde hace varios meses recluído en su casa, se dice, gravemente enfermo. En el caso de los funcionarios de la firma, su ex director en México, Bernardo Prieur; el asesor externo de éste, Enrique Fernández Castelló, y el representante de la multinacional en Asia, Pedro Solá, fueron
despedidos… con la novedad de que entablaron juicios laborales contra la empresa, que aparentemente estarían por ganar. El llamado Caso Caso se colocó como emblemático de la corrupción en México por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), que lo ha seguido con lupa desde entonces.
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Posicionado como el quinto banco del sistema, el Scotiabank alcanzó al segundo trimestre del año utilidades por 977 millones de pesos, tras incrementar 9.2 por ciento sus ingresos. La sorpresa, además, es que el índice de capitalización de la intermediaria subió 200 puntos base para alcanzar 18.4 por ciento.
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