Reconocido por la plana mayor de la Secretaría de Hacienda que la propuesta de Reforma Integral de la Hacienda Pública en la mesa no es la deseable sino la posible, la justificación habla de que podría no ser la última del sexenio… dependiendo de los tiempos políticos
Digamos que a contracorriente de la tendencia mundial, el país optó por el camino abrupto: atenuar, bajo una base mínima de tributación, la colosal elusión fiscal de los grandes corporativos; combatir por vía indirecta la informalidad, y arañar a un giro negro: los juegos de apuesta y sorteos.
La corriente en la mayoría de los países habla de privilegiar los gravámenes al consumo; disminuir las tasas impositivas de renta, y eliminar los regímenes especiales y subsidios.
De hecho, en los países integrantes de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que en 1980 significaba un promedio del 5% del Producto Interno Bruto (PIB), se elevó a siete por ciento en 2004.
A su vez, en las naciones de América Latina el Impuesto sobre la
Renta (ISR) bajó de un promedio de 41.2 por ciento en 1983 a 29 por ciento dos décadas más tarde.
En el caso de las personas físicas, la baja entre 1985 y el 2003 fue de 50.8 por ciento a 27.9 por ciento.
En paralelo, la tasa del IVA creció de diez por ciento a 15 por ciento en el mismo lapso.
Se diría, pues, que a la Secretaría de Hacienda le tembló la mano para desmantelar los privilegios fiscales para empresas productoras de alimentos, transportistas y los grandes corporativos, en paralelo a tocar el IVA en alimentos y medicinas.
En el escenario, con una perspectiva de incrementar el ingreso en tres puntos del PIB, el gobierno se colocó apenas en la frontera de sus exigencias presupuestales, a riesgo de enfentar una mayor virulencia en la desaceleración económica de Estados Unidos, o una caída brusca en el precio del petróleo.
Si el país mantiene su tendencia inercial en el gasto, es decir, sin metas o programas adicionales, éste saltaría del 23.05 como porcentaje del PIB para este año, a 24.89 por ciento al final del sexenio, lo que implicaría un crecimiento de 1.84 puntos porcentuales.
El caso es que de acuerdo al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, si el país atendiera sólo sus necesidades adicionales en materia de infraestructura y crecimiento de la población, se requeriría en 2012 un mínimo de 23.49 por ciento, es decir, 4.4 puntos adicionales.
Ahora que atender el gasto adicional con requerimientos financieros implicaría llegar al último año
de gobierno con una exigencia de 30.82 por ciento, lo que implicaría 7.7 puntos más.
Aún apostándole al éxito total del nuevo esquema, pues, el país caminaría en el filo de la navaja.
Por lo pronto, la recaudación de ISR que en 2003 llegó a representar 5.1 por ciento del PIB, se abatió el año pasado a 4.9 por ciento, en tanto el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS), que en 1995 alcanzaba 0.6 por ciento, hoy se ubica en 0.3 por ciento, en tanto los impuestos para importaciones que se situaban en 0.6 por ciento, cayeron a 0.4 por ciento.
Y aunque del otro lado de la moneda la recaudación del IVA subió de 3.3 por ciento de 1999 a 4.1 por ciento el año anterior, la balanza no pudo compensarse.
Y si bien la Secretaría de Hacienda calcula aumentar con la imposición del CETU (Contribución Empresarial a Tasa Única) en 30 por ciento la recaudación del ISR, el hecho es que la evasión del tributo alcanza 26 por ciento, pese a que la tasa se abatió de 35 por ciento de 1995-2001 a 28 por ciento para este año en el caso de personas morales, en tanto para personas físicas cayó de 40 por ciento a 28 por ciento.
La evasión del IVA llega a 20 por ciento.
Por lo pronto, de acuerdo al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, los privilegios fiscales que permanecerán intocables evitarán que este año se recauden 517 mil 399 millones de pesos, equivalentes a 5.38 por ciento del PIB.
El desglose habla de 245 mil 667 por concepto de ISR; 174 mil 764 por IVA; 16 mil 848 por impuestos especiales, y 14 mil 944 por estímulos fiscales.
La paradoja del caso es que pese a ello, el documento entregado por la Secretaría de Hacienda no resultó monedita de oro entre los empresarios, legisladores y analistas. Algunos están parados de pestañas.
¿La segunda es la vencida?
Balance general
La razón por la que la Secretaría de Hacienda no incluyó a Petróleos Mexicanos en el abanico de reformas a diversos regímenes tributarios fue porque está fresco aún el nuevo escenario que se aprobó en el 2005, cuyo efecto se vivió apenas el año pasado.
De hecho, a juicio de la dependencia la empresa pública ya salió del escenario de quiebra técnica en que se ubicaba, es decir, el valor de sus pasivos empata otra vez con el de sus activos.
Ahora que la petición de eliminar el impuesto sobre Tenencia de Uso de Automóviles que se haría efectiva hasta 2014, lo que la opinión pública interpretó como una burla, se debe
a una petición de las entidades federativas hacia las cuales apunta 100% de la recaudación.
Digamos que la Secretaría de Hacienda no tuvo moneda de cambio para equilibrar el asunto.
Así de fácil.
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La revisión que realiza la Secretaría de la Función Pública sobre la empresa Mexicana de Lubricantes de Salvador Martínez Garza, alcanza desde el proceso de licitación de las cinco plantas que mantenía Petróleos Mexicanos hasta 1993, hasta las inauditas concesiones con que se blindó a la firma por parte de Pemex, pasando por las pifias jurídicas de la paraestatal que favorecieron a la compañía de capital mixto.
De entrada, no existe constancia en el expediente del destino de los recursos pagados por 51 por ciento de la firma que se adjudicó a la Impulsora Jalisciense, con la novedad de que se aceptó un pago a plazos totalmente apalancado con créditos de Banca Confía y el banco Inverlat.
En abundancia, se intenta clarificar por qué rayos se le dobló la mano a la empresa fabricante de Lubricantes Bardhal para que le cediera, a título gratuito, la explotación por 20 años de su marca Mex Lub, en paralelo a la exclusividad por el mismo lapso para que se vendieran los productos de la compañía en la red de gasolineras de la paraestatal.
Adicionalmente, nadie sabe/nadie supo por qué la empresa pública no exigió en los tribunales la realización de una asamblea de socios en que se transparentaran las cuantiosas pérdidas que arrastraba la firma.
El jaque alcanza a los ex directores de la paraestatal durante los últimos tres sexenios.
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Las señales apuntan a que el grupo ICA de Bernardo Quintana Isaac se adjudicará la concesión para operar la carretera de peaje que corre de Nuevo Necaxa a Tihutlán, en el estado de Puebla… por default.
El segundo y único competidor adicional se descartó solito al no presentar ninguna oferta.
Estamos hablando de consorcio integrado por la constructora Ideal de Carlos Slim Helú y la firma financiera Bouygues.
ICA juega a su vez en equipo con la compañía española Global Vía.
La concesión está valuada en mil millones de dólares.
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