Colocadas todas las baterías del cabildeo de las cúpulas privadas en la exigencia de reducir el monto de la Contribución Empresarial de Tasa Única (CETU), se están utilizando como moneda de cambio ante el Congreso cartas que jamás habían estado en la mesa. De entrada, se acepta la desaparición de los regímenes especiales en materia del Impuesto sobre la Renta que benefician a dos sectores específicos: la producción de alimentos y el transporte.
De acuerdo a las proyecciones de la Secretaría de Hacienda, para este año se calcula una sangría al fisco de 22 mil 742 millones de pesos por el estímulo a las empresas agropecuarias, y de siete mil 485.8 millones para las transportistas.
Más allá, se levanta el veto para que, como lo prevee la propuesta de reforma integral de la Hacienda Pública, las entidades federativas puedan aplicar un impuesto especial con cargo a bebidas alcohólicas, cigarros, gasolinas y diesel, en afán de incrementar su recaudación.
La alternativa, en el primer caso, enfrentará necesariamente al Consejo Coordinador Empresarial con el Consejo Nacional Agropecuario, y en lo específico con empresas como Maseca, Bachoco, Tyssen, Minsa…, y en el segundo colocará de uñas a las firmas que constituyen el duopolio de la cerveza en el país, es decir Fomento Económico Mexicano y Grupo Modelo, a la par del también duopolio de cigarros, en el que confluyen la Tabacalera Mexicana y Cigarrera la Moderna, ambas en poder del capital extranjero, es decir Phillip Morris y American Tobacco. Del otro lado de la moneda, en paralelo, habrá pataleo en la Cámara Nacional del Transporte de Carga, ante la inminencia de la apertura de fronteras a firmas de los Estados Unidos. La postura tradicional de las cúpulas, desde un ángulo, hablaba de que el paraguas para las compañías productoras de alimentos alcanzaba para cubrir la producción agropecuaria del país, en un escenario en que allende la frontera norte se otorgan subsidios sin límite.
Desde otro ángulo, siempre se dijo que incrementar tributos a los vinos, licores y cigarros le abría el camino al contrabando, la piratería y la adulteración. El problema es que del otro lado de la mesa la Secretaría de Hacienda insiste en que la CETU debe ubicarse como la posibilidad de un tributo mínimo, en un escenario en que la evasión de las empresas alcanza 36%.
De acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, sólo en el caso del Impuesto sobre la Renta la evasión alcanza el equivalente a 2.20% del PIB, frente a 4.9 que se recaudó en el 2006. Ahora que la libertad para plantear tributos especiales por parte de las entidades federativas representa un respiro para el gobierno federal, dado que éstas recaudan apenas el equivalente al 0.6 por ciento del PIB y mantienen una dependencia del 89 por ciento de los ingresos federales.
La exigencia de las cúpulas plantea una reducción de cuatro puntos en la CETU, es decir pasar de 16 a 12%, además, en una de esas, de considerarse como deducible el costo de la nómina, incluídas las contribuciones a la seguridad social.
Más aún, se plantea como pilón que se permita, en un escenario de transición, deducir las inversiones realizadas durante este año.
Digamos que las cúpulas, en afán de rescatar de lo perdido lo que aparezca, soslayan de plano las objeciones planteadas originalmente contra el tributo, es decir que podía provocar el diferimiento de inversiones hasta el 2008; que anulaba en la práctica los efectos positivos de la consolidación fiscal, es decir la posibilidad de empatar las ganancias de las filiales de un conglomerado con las pérdidas de otra u otras; que planteaba un tratamiento inequitativo a los bajos salarios; que propiciaba la doble tributación…
Más aún, en el camino ya no se habla de mantener la deducción de los donativos realizados a favor de instituciones sin fines de lucro, que a su juicio cancelaba un servicio social invaluable para el país.
El obstáculo, en este último caso, fue el que de acuerdo a la Secretaría de Hacienda el monto de éstos le representa una merma de ingresos al fisco de 25 mil 26.6 millones de pesos.
Y si le seguimos, tampoco se habla ya se excepciones para autoservicios, gasolineras o empresas de servicios en general frente al llamado Impuesto de Combate a la Informalidad (ICI), que le carga dos por ciento a los depósitos bancarios en efectivo superiores a 20 mil pesos mensuales, cuyo monto es acreditable para otro tipo de tributos. Las grandes cadenas habían señalado que el tributo les provocaría un impacto negativo, dado que trabajan con márgenes de entre cuatroy cinco por ciento.
Ni tú ni yo, pues.
Balance general
En lo que constituye su primer golpe tras una larga ausencia de los reflectores, el dirigente del Partido Verde Ecologista, Jorge Emilio González, está impulsando una iniciativa por parte de su fracción en la Cámara de Diputados, que de aprobarse implicaría imponer un gravámen especial de 30% a las firmas productoras de pilas.
El tributo, a título de “impuesto verde”, se impondría a las empresas que no tengan un plan de manejo de los productos cuya carga se hubiera agotado. De acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa colocada en la mesa por la fracción parlamentaria de la agrupación política, la recaudación para el gobierno sería de dos mil 200 millones de pesos.
El problema es que las empresas integradas a la Asociación de Productores de Pilas (Amexpilas), no producen productos tóxicos, lo que haría incoherente la posibilidad de deshechos peligrosos.
De hecho, la organización cuenta con un estudio avalado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en que se demuestra que se pueden desechar las pilas sin perjuicio alguno para el medio ambiente.
En tal caso los productos tóxicos vienen del exterior, con la novedad de que las más de 30 marcas que llegan al mercado procedentes de los países del Extremo Oriente, con énfasis en China, las importan empresas que cambian de razón social como ponerse otra corbata.
El estoconazo, pues, va a pinchar en hueso.
La razón de la separación e inminente divorcio de la pareja formada por el ex gobernador del Estado de México, Arturo Montiel, y la francesa Maude Versini se inscribe en una querella fiscal enderezada contra ésta, en cuyo eje se le reclama la evasión o elusión fiscal de varios millones de pesos.
El asunto, lo adivinó usted, tiene que ver con las propiedades que puso a su nombre el ex funcionario, en afán de disfrazar su enriquecimiento inexplicable. El proceso se inició al amanecer del año, planteándose al menos media docena de requerimientos a los que hizo caso omiso la señora Maude.
El expediente, pese a la furtiva salida de ésta del país, mantiene abierto por parte del Servicio de Administración Tributaria.
En una acción inédita, los productores y distribuidores de productos siderúrgicos celebraron un acuerdo para combatir en conjunto los frecuentes robos de mercancía, cuya incidencia aumentó el año pasado 33 por ciento. El acuerdo lo firmaron la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero y la Confederación Nacional de Distribuidores de Acero. Los hurtos alcanzaron en los últimos meses mil 120 toneladas del producto, con la novedad de que no se concrentaron sólo a varilla y alambrón.
Aunque su mira se mantendrá en Estados Unidos, el grupo Cementos de Chihuahua está tratando de expandirse también a Sudamérica para atender la competencia directa de Cementos Mexicanos y Holcim. La empresa logró vender en el segundo trimestre del año dos mil 189 millones de pesos, de los cuales el 60 por ciento se facturó en Estados Unidos, concretamente en Dakota y Nuevo México. barrancoalberto@prodigy.net.mx
