Estamos hablando de alguien que dirima los conflictos entre la intermediaria y la clientela, bajo la premisa de que la ropa sucia se lava en casa
La sorpresa llegará en los próximos días cuando el grupo financiero Santander haga pública la puesta en escena de una figura largamente esperada. Estamos hablando de un ombudsman interno que dirima los conflictos entre la intermediaria y la clientela, bajo la premisa de que la ropa sucia se lava en casa.
Aprobada la posibilidad por el Consejo de Administración del emporio financiero la semana pasada, el conciliador con cachucha de árbitro le reportará directamente a éste, es decir no será una pieza más del staff.
La razón, lo adivinó usted, es simple: desterrar cualquier posibilidad de consigna para la realización de una tarea cuyo principal sustento es la confianza, la certeza, la autoridad moral.
La alternativa estaba prevista desde la constitución de la Comisión para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en afán de plantear una suerte de filtro previo para evitar la saturación de las ventanillas de ésta.
De hecho, en la propia ley que le dio sustento al organismo se planteaba la necesidad de árbitros internos a imagen y semejanza de los que tienen la mayoría de los bancos de la Unión Europea.
El caso es que a pretexto absurdo de carecer de presupuesto, los bancos soslayaron por años la exigencia, por más que tampoco la Condusef hizo gran cosa para presionarlos.
Ahora que la discusión la entrampó la reforma a la Ley de la Condusef que le permitió dotar de dientes al organismo para hacer más efectiva su labor… ante la irritación de los bancos.
De entrada, por ejemplo, se exigía que las intermediarias crearan reservas equivalentes al monto de una reclamación planteada por la clientela, lo que equivalía a congelar los recursos en tanto se desahogaban las audiencias conciliatorias.
El golpe, naturalmente, apuntaba a la causa de los inconformes en caso de fracasar la posibilidad de un arreglo extrajudicial.
El caso extremo llegó cuando la Condusef ordenó congelar cuentas de la aseguradora ING-Comercial América por 300 millones de dólares, equivalentes al monto de una reclamación colocada en la mesa por la empresa Fertinal ante el incumplimiento del pago de una póliza "contra todo riesgo", tras la destrucción de las instalaciones de su filial Roca Fosfórica Mexicana ante la furia del huracán "Juliette" en el 2002.
El hecho es que la aparición del ombudsman interno de Santander llega justo cuando la Condusef, en uso de las facultades conferidas, está lanzando una campaña sin precedente de información a los usuarios sobre quién es quién en materia de costos.
De pronto, pues, se desnudó no sólo el monto de las comisiones que aplican las intermediarias, sino que se realizan corridas para transparentar el costo real de las tarjetas de crédito y el lapso reclamado para cubrir adeudos bajo el prisma del "pago mínimo requerido".
Más aún, la idea de un árbitro al interior de los bancos llega justo cuando se colocan en la mesa denuncias de piratería de clientes entre las administradoras de fondos para el retiro.
Por lo pronto, se acaba de estrechar la presión del Congreso para que la Secretaría de Hacienda aplique con mayor rigidez la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y las modificaciones a la Ley de Instituciones de Crédito aprobadas en diciembre de 2003.
El objetivo de uno y otro ordenamientos apunta a regular el cobro de comisiones y cuotas interbancarias; fomentar la transparencia en las comisiones; evitar prácticas discriminatorias, y evaluar las condiciones de competencia en el sistema bancario.
De hecho, la obligación de los bancos es calcular y publicar el costo anual total para créditos menores a 900 mil UDIS, para tarjetas de crédito, préstamos para coche y otros bienes derivados, y préstamos para micro, pequeñas y medianas empresas.
Digamos que la iniciativa de Santander llega en un monto justo para atenuar la presión.
La gran pregunta es quién dice yo para seguirle los pasos a la intermediaria no sólo a nivel bancos sino instituciones de seguros, afianzadoras, administradoras de fondos para el retiro…
Ombudsman interno.
Balance general
¿Se acuerda usted el escándalo que se armó cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social decidió transparentar el monto de sus pasivos para enfrentar el régimen de jubilaciones y pensiones de sus trabajadores, ubicándolos en 360 mil millones de pesos… que hoy llegan a 600 mil?
Bien, pues Petróleos Mexicanos no se queda atrás. De acuerdo al último cálculo actuarial el boquete alcanza ya 454 mil millones, con la novedad de que sólo el año pasado creció en 64 mil 500 millones.
Calcule, pues, el tamaño del alud.
Lo dramático del asunto es que Petróleos Mexicanos tiene una nómina de 160 mil trabajadores, es decir poco más de la mitad de los 290 mil del IMSS.
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En los próximos días la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje deberá resolver una solicitud del Grupo Industrial Minera México para cancelar el contrato colectivo de trabajo de su Unidad Taxco firmado con el sindicato minero.
Estamos hablando de la tercera vertiente de un ramillete que incluía la Unidad La Caridad y una planta de cal de Mexicana de Cobre, a las que la autoridad laboral les dio trámite expedito en sentido positivo.
El caso es que el emplazamiento toma otro cariz tras el regreso de Napoleón Gómez Urrutia a la dirigencia del organismo de representación laboral, dado su enfrentamiento frontal con el emporio encabezado por Germán Larrea Mota Velasco.
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Lo cierto, pese a las versiones de que el presidente Felipe Calderón lo propondrá para ocupar la vacante de una de las vicegubernaturas del Banco de México, es que el ex director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Santiago Levy, prepara maletas para irse a Washington.
El también ex subsecretario de Egresos de Hacienda ocuparía un cargo de tercer nivel en el Banco Mundial, en la tarea de diseñar programas de combate a la pobreza.
Nombrado insistentemente como uno de los posibles integrantes del gabinete del gobierno panista, Levy rechazó al menos dos propuestas para ocupar cargos de segundo nivel.
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Lo habitual, de acuerdo a la tradición en el país, es que las empresas integren una fundación para realizar labores altruistas, así las que mantienen Televisa, Televisión Azteca, Banamex, Wal Mart, Novartis, Holcim Apasco…, bien pues en el caso de la Cremería Americana sucede justo lo contrario.
La firma fabricante de la popular mantequilla Gloria está integrada a una fundación llamada Alberto y Dolores Andrade.
Las ganancias de la firma con más de 100 años de historia, pues, se destinan íntegras al otorgamiento de becas escolares desde nivel primaria hasta maestría y doctorado.
La historia es digna de un libro.
Fundada en 1905 por Alberto Andrade como empresa fabricante de mantequillas, quesos y cremas bajo la razón social Andrade y Zaragoza, diez años después alcanza su auge con la introducción al mercado de la mantequilla Gloria, única que se vendía pasteurizada.
Casado en 1932 con Dolores Contreras, su asistente, Andrade le lega la firma a su muerte, 26 años después.
El caso es que la viuda decide legar a su vez la firma a una fundación que nacería en 1978, dos años después de su muerte.
Todo, pues, para el país.
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El grupo Modelo que encabeza Carlos Fernández cocina un anuncio espectacular.
Estamos hablando del lanzamiento de un nuevo producto que a decir de la empresa combina la posibilidad de generar valor económico y social al mismo tiempo.
albertobach@yahoo.com.mx
barrancoalberto@prodigy.net.mx
