Encendida la mecha tras reintegrarle la Secretaría del Trabajo la toma de nota a Napoleón Gómez Urrutia, estalló una batalla sin tregua entre el sindicato minero y el grupo industrial Minera México, en la que a las patadas y trompones le siguen las puñaladas traperas.
Digamos que mientras Napoleón le quiere armar su Waterloo a la firma, seguro de que sembró la intriga que provocó su exilio, ésta lo quiere desaparecer del mapa al precio que sea.
En el camino se cruzan desplegados, campañas, demandas y..., naturalmente, uno que otro trapito al sol, con su correspondiente carga de hipocresía.
Mientras el heredero del trono del sindicato minero acusa penalmente por difamación al presidente de la empresa minera, Germán Larrea Mota Velasco, por el contenido de un spot, éste a su vez presenta una querella por fraude en reclamo de los famosos 55 millones de dólares que entregó para prorratearse entre los trabajadores de Mexicana de Cobre y Minera de Cananea.
El problema es que uno y otro lanzan dentelladas al aire.
Mientras Gómez Urrutia se desgarra las vestiduras por que el spot, transmitido por Televisa, que señala: “Queremos que Napoleón regrese, sí; pero que regrese los 55 millones que nos robó. Queremos que conozca la oscuridad de una cárcel porque no conoce la oscuridad de una mina”, Larrea hace lo propio en defensa de recursos que en su momento se negó a entregar.
El supuesto paladín de la causa de los trabajadores empleó uno y otros subterfugios legales para soslayar el compromiso adquirido a la privatización de las principales productoras de cobre en el país de entregar a los mineros cinco por ciento de sus acciones, tras desmantelarse sus contratos colectivos.
De hecho, finalmente soltó a regañadientes 16 años después el dinero, ante la presión de una prolongada huelga.
El problema es que las bolas de lodo están salpicando hacia todos lados. De entrada ya alcanzaron al Scotiabank/Inverlat, a quien se reclama haber actuado irresponsablemente en su calidad de fideicomisario, al soltarle parte de los recursos de la discordia al sindicato minero.
De acuerdo con lo estipulado en la cláusula sexta del contrato, la intermediaria de capital canadiense debía proceder “en la forma, tiempo y montos que la instruya el comité técnico del fideicomiso 1096452-6 a distribuir los recursos entre los miembros del sindicato que reúnan los requisitos de elegibilidad”.
Dicho con todas las letras, debía ser el banco no el sindicato quien realizara el prorrateo de los recursos.
El problema es que al no estar individualizados ni por nombre ni en forma alguna los beneficiarios, la única alternativa, tras repartirse 22 millones de dólares, era dejarle la tarea al sindicato.
La acción, a contrapelo del calificativo de irreversible con que se constituyó el fideicomiso, se sustentaba en el artículo 375 de la Ley Federal del Trabajo, que señala a la letra que “los sindicatos representan a sus miembros en la defensa de los derechos individuales que les corresponden, sin perjuicio del derecho de los trabajadores para obrar o intervenir directamente, cesando entonces, a petición del trabajador, la intervención del sindicato”.
Adicionalmente, se aduce que de acuerdo con el artículo 376 del citado ordenamiento, “la representación del sindicato se ejercerá por su secretario general…”, y como Napoleón estaba reconocido por la Secretaría del Trabajo.
El caso es que el entonces titular de la dependencia, Carlos Abascal Carranza, fungió como testigo del convenio de extinción total del fideicomiso.
El problema, lo adivinó usted, es que el secreto fiduciario impide conocer los detalles por los que el comité técnico ordenó la disolución del fideicomiso, cuyo remanente de recursos pasó a una cuenta del BBVA/Bancomer.
Lo cierto es que el Scotiabank/Inverlat tiene en su poder un documento por medio del cual la Comisión Nacional Bancaria y de Valores lo exime de cualquier responsabilidad.
Más aún, el convenio de extinción del fideicomiso, al que se integraron exactamente 54 millones 84 mil 470 dólares, señala en su cláusula segunda que el comité técnico “no se reserva ninguna acción o derecho que hacer valer en contra del banco, funcionarios y empleados, ya que en todo momento el fiduciario actuó sin que hubiera habido negligencia, descuido, mala fe o dolo de su parte”.
Exoneración total, pues.
Lo curioso del caso es que el sindicato minero habla de un pago de honorarios al fideicomisario por millón y medio de dólares, cuando la factura fue de sólo 232 mil 915… pesos. ¿A quién le va usted?
Balance general
La noticia es que el juez de la causa en Estados Unidos admitió la demanda planteada por un grupo de ex accionistas del ex banco Inverlat contra la matriz del banco canadiense que lo adquirió hace ocho años, es decir el Scotiabank.
Lo interesante del asunto es que en su resolución el togado deja entrever que acepta uno por uno los argumentos de los quejosos, quienes aducen que la institución crediticia no respetó sus derechos como tenedores de acciones.
Entre los reclamantes están el ex presidente de la intermediaria, Xavier Autrey; el presidente del Grupo Azucarero Mexicano, Juan Gallardo Thurlow, y el ex vocal del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, Alejandro Creel, a quien se ubica como promotor de la querella.
La paradoja del caso es que quienes firmaron la denuncia son los familiares directos de los querellantes, para evitar que se descalifique a éstos por mantener, en su momento, cuentas pendientes con el banco.
El escándalo será de miles de decibeles.
La sorpresa llegó hace unos días a Monterrey, al hacerse pública una inaudita demanda planteada por un grupo de accionistas de la empresa Cydsa (Celulosa y Derivados) contra el presidente de ésta, Tomás González Sada.
La noticia llegó vía un desplegado en los diarios locales dirigido al presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Roberto del Cueto Legaspi, firmado, entre otros autocalificados como accionistas defraudados, por el empresario Alejandro Treviño Salinas.
La manzana de la discordia es la venta de 60% del capital de la compañía al fondo institucional Fintech, que había adquirido previamente bonos de deuda emitidos por ésta.
El precio pactado fue de 35 millones de dólares.
El caso es que los inconformes señalan que una reciente valuación sólo de la división química de Cydsa había calculado su costo en 450 millones de dólares.
El porcentaje mayoritario, pues, se regaló.
La acusación habla de que González Sada tenía obligación de analizar otros esquemas, es decir, la venta de activos, alguna asociación estratégica, la recompra de la deuda en poder de Fintech o una nueva emisión para hacer frente a ella.
El asunto saca chispas.
Optimista en el resultado del amparo que promovió contra la resolución de la Comisión Federal de Competencia, que rechazó su fusión con la empresa Gimsa, el grupo Maseca le inyectó durante el primer trimestre del año a ésta y a su filial Gruma Corporation inversiones por un global de 45 millones de dólares.
El problema, lo adivinó usted, es que al final del día perdió el litigio, colocándose en un peligrosísimo fuera de lugar.
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