Calificada por algunos de demasiado rigorista y por otros de excesivamente laxa, la nueva Ley del Mercado de Valores tendrá su prueba de fuego en los próximos días con una papa caliente: la presunción de tráfico de información privilegiada por parte de Jugos Del Valle El asunto, de pasadita, servirá para calar el temple del flamante presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Roberto del Cueto, un ex funcionario de Banamex antes de su absorción por el capital extranjero.
Como usted sabe, en la etapa previa a su venta a una empresa integrada con capital idéntico por Fomento Económico Mexicano (FEMSA) y The Coca Cola Company, la acción de la firma empezó a crecer vertiginosamente en su precio, sin que ésta haya notificado al mercado algún evento relevante.
De hecho, la posibilidad del cambio de manos se notificó a la autoridad supervisora ante la presión de ésta para clarificar el insólito, dada la inmovilidad de los papeles los últimos tres años.
De la noche a la mañana, pues, el costo al público de los títulos empezó a mostrar una inaudita fortaleza, al punto de duplicarse en sólo tres semanas.
En total fueron cuatro los avisos-apremio que colocó en la mesa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores durante las tres primeras semanas de diciembre pasado.
La operación, sujeta al visto bueno de la Comisión Federal de Competencia, se concretó en la última semana del año que se fue.
El asunto cobra relevancia dada la opacidad con que se han manejado este tipo de casos de presunto tráfico de información privilegiada en el país. El más escandaloso ocurrió a finales del sexenio zedillista, cuando Carlos Peralta le vendió el capital de Iusacell a la empresa Verizon.
La historia es idéntica: como en la fase previa a la operación de Jugos Del Valle, los títulos de la firma de telefonía móvil empezaron a subir en forma descontrolada, provocando alarma entre los directivos del propio mercado, quienes solicitaron una explicación a la emisora.
La respuesta de ésta fue que no había en puerta ningún evento relevante, es decir, el triple salto mortal era consecuencia, en tal caso, de los movimientos normales del mercado. El hecho es que dos días después se cerró la venta.
No se necesita tener carburado el cerebro, pues, para afirmar con
certeza que los ex dueños de Iusacell o sus allegados se enriquecieron al lucrar con el secreto.
Lo cierto es que a pretexto de un respeto escrupuloso de la ley que obligaba a la secrecía en los procedimientos, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores guardó bajo siete llaves el expediente.
Nadie sabe/nadie supo, así, si hubo al menos alguna multita para los responsables.
La paradoja del asunto es que aun cuando uno de los capítulos de la nueva Ley del Mercado de Valores apunta específicamente a ?clarificar y precisar los procesos de información al mercado, en afán de mejorar la transparencia?, lo cierto es que se le impuso un freno a la autoridad, prácticamente a título de bozal.
Hete aquí que el ordenamiento, supuesto espejo de la durísima Ley Sarbanes-Oxley que surgió en Estados Unidos tras los escándalos de fraudes contables de emisoras gigantes como MCI World Com, Parmalat o Enron, prevé cárcel para el funcionario de la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores que haga público el inicio de una investigación sin tener la certeza plena de culpabilidad de los implicados.
Pese a ello, se sabe que hace unos días se iniciaron las primeras
investigaciones para refundar o deslindar responsabilidades, empezando por ubicar una presunta relación de parentesco, amistad o vínculo laboral entre los compradores de acciones y los directivos y funcionarios de Jugos Del Valle.
El asunto cobra relevancia dado el involucramiento de la compañía propiedad aún de Roberto Albarrán en otro capítulo turbio: la presunta simulación en la compra de acciones del Grupo Aeroportuario del Pacífico a que le obligó la Secretaría de Hacienda tras una devolución multimillonaria de impuestos. Los recursos para pagarle el paquete que mantenía el presidente del grupo Ángeles, Olegario Vázquez Raña, salieron presuntamente de otro de los socios del consorcio de terminales aéreas: Unión Fenosa.
Por lo pronto, con todo y la nueva Ley del Mercado de Valores, de
acuerdo con una clasificación del organismo para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), México se ha rezagado gravemente en el listado de protección a los inversionistas.
Estamos en el escalón 125, superando sólo a naciones como Senegal, Honduras y Argentina, pero superado a su vez por Nicaragua, Turquía, Bolivia, Haití y Jordania.
Total, ¿qué tanto es tantito?
Balance general
¿A quién le cree usted?: hace unos días el secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, señaló que la dependencia a su cargo no contempla abrir el espectro para una tercera cadena nacional de televisión abierta, aun cuando se abriría espacio para canales locales o regionales.
El caso es que la Comisión Federal de Competencia acaba de asegurar que se está analizando una solicitud de la empresa General Electric, vía su filial Telemundo, para abrir justo la tercera cadena.
Lo curioso del caso es que asegura que ésta es la única solicitud en la mesa.
El cambio de señales llega justo a unos días de la visita a Los Pinos del presidente mundial de la compañía estadounidense.
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La noticia es que el juez décimo en Materia Civil del Distrito Federal acaba de expedir una resolución por la que absuelve al Servicio Panamericano de Protección (Serpaprosa) de las acusaciones de despojo formuladas en su contra por su socio, la firma estadounidense Brinks.
Encabezada por Ian Muir, la compañía mantiene 25% del capital de la empresa transportadora de valores a resguardo de un fideicomiso radicado en Nacional Financiera, dada la prohibición de ley al capital extranjero de participación en el sector.
La paradoja del caso es que los 13 bancos comerciales que participan con el resto del capital tienen sus matrices fuera de las fronteras, sin que se les obligue también a ubicarse en esquemas de participación neutra. Muir había acusado a la firma de delitos equivalentes a administración fraudulenta.
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Cancelada su pretensión de adquirir a la empresa fabricante de alimentos enlatados y en conserva Herdez, el grupo refresquero Arka inició lo que se espera sea una serie de incursiones para extender sus ramas de negocios.
El primer paso fue la compra de la firma fabricante de bocadillos Bokados.
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En su mensaje de recepción como nuevo integrante de la Academia de Ingeniería, el director general del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, Pablo Realpozo del Castillo, dio a conocer que para 2012 la acción del organismo permitirá alcanzar un ahorro en el consumo nacional equivalente a 25 mil 420 gigawatts/hora.
