En una pifia jurídica de proporciones inauditas, hete aquí que el juez 31 de lo civil del Distrito Federal, José Guadalupe Mejía Gala, ordenó, a soslayo de una solicitud de amparo en trámite, el remate del casco de la ex Hacienda El Hospital, ubicada como patrimonio histórico de la Nación.
El caso es que en un final de película la protección de la justicia le ganó por una nariz la carrera al procedimiento, derrumbando de pasadita la posibilidad de una dramática injusticia? y una segunda pifia de párvulos, dado que el inmueble no contaba con la liberación de gravámenes correspondiente.
Hete aquí que el postor único era la empresa alemana fabricante de pigmentos químicos Basf, a quien se acusa de provocar graves daños ambientales en el entorno, ante la negligencia con que operó durante 25 años una planta en el lugar, ubicado a escasos kilómetros de Cuautla, Morelos. De acuerdo a los peritajes realizados, tras su mudanza la compañía germana dejó tras de sí una estela de contaminación con plomo, cromo y cadmio que alcanzó al río Espíritu Santo, que permitía la vida de una comunidad de 200 familias.
El colofón de la cadena de absurdos de la justicia a la mexicana fue una sentencia que le obligaba a pagar al propietario de la Hacienda, Roberto Abe Almada, es decir el arrendador de Basf, los gastos y costas de un juicio por daños y perjuicios que ganó ésta.
La factura alcanza 130 millones de pesos que al no exhibirse provocaron la sentencia de remate.
Tras de corneado, pues, apaleado. Descubiertas en 1997 las graves secuelas de contaminación en el lugar ante la existencia de dos drenajes clandestinos en que se descargaban residuos químicos al río; el almacenamiento de residuos peligrosos, entre ellos sosa caústica diluída; la presencia de tambores metálicos al aire libre impregnados de sustancias peligrosas? 10 años después el escenario pareciera intacto, pese a la aparición de enfermedades en la comunidad, entre ellas el saturnismo, provocado por exceso de plomo en la sangre.
En el camino las autoridades ambientales del país se han lanzado una y otra vez la bolita, obligando, en su desesperación a los afectados a recurrir a una instancia multinacional: la Comisión para la Cooperación Ambiental, creada en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Esta había emitido el año pasado una resolución por medio de la cual conminaba al gobierno de México a tomar cartas en el asunto ante la gravedad de la evidencia presentada por los habitantes de la comunidad de El Hospital? con la novedad de que el procedimiento se derrumbó al desistirse inexplicablemente en forma unilateral de la querella el representante de los damnificados.
Destituído éste, la solicitud se replanteó, ubicándose en este momento un periodo de alegatos de las partes? con la novedad de que a su turno el gobierno de México ha señalado prácticamente que el asunto es puro cuento. Así como lo lee usted.
La respuesta se entregó el 10 de enero con la firma del jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Wilehando Cruz Bressant.
El texto de 90 cuartillas, bajo la advertencia de Ad cautelam, se dividió en tres capítulos: Existencia de recursos pendientes de resolverse; Improcedencia de la admisión de la petición, y Respuesta de parte.
En términos generales, se señala que el gobierno sí ordenó acciones de evaluación y restauración en suelos; que sí sancionó a Basf por su incumplimiento; que sí ordenó la clausura del inmueble que ocupó la empresa; que sí dio seguimiento a las recomendaciones derivadas de una auditoría ambiental, y que sí ha tramitado oportunamente las denuncias populares presentadas?
Dicho con todas las letras, tiene 10 de calificación y hasta una estrellita dorada en la frente.
Más aún, se ubica como villano de la película al propietario del inmueble, Roberto Abe Almada, al haber obstaculizado las labores de restauración? por más que quien frenó en su momento las obras fue el gobierno municipal de Cuautla.
El caso es que tan seguro está el gobierno panista de que se ha cumplido en tiempo y forma con el asunto, que conmina de plano a la instancia multinacional a cerrar el expediente por no existir causa.
Y por si faltara algún ingrediente para el lavado de manos, se señala a la letra que la petición de los afectados no se centre en los actos u omisiones de la parte, es decir el gobierno, ?sino en la actuación de una compañía en particular?, a mí que me esculquen.
El problema es que el documento soslaya la existencia de dos drenajes clandestinos abiertos impunemente por Basf con cauce al río, además de una auditoría ambiental inicial realizada por la empresa Topografía Estudios y Construcción, cuyas propuestas de remediación están aún pendientes de cumplir? diez años después. Los detalles los dejamos para mañana.
Balance general
Curioso, digo por endilgarle un calificativo, que los comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones negocien a trasmano un trueque para cancelar por su parte el enfrentamiento con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en cuyo punto más álgido se ha planteado una demanda penal contra el Subsecretario de Comunicaciones y el titular de la Unidad Jurídica.
Estamos hablando de que la dependencia acepte la validez del esquema que plantea la Ley Federal de Telecomunicaciones para el otorgamiento de concesiones en materia de frecuencias, esto es que la Cofetel le de el visto bueno a las solicitudes? y la dependencia los avale con la firma del titular.
Naturalmente, la salida fue desechada ?por notoriamente improcedente?. Por lo pronto, la defensa de los demandados la asumirá, por inaudito que parezca, el propio Jurídico de la Presidencia de la República, es decir el ex procurador General de la República Daniel Cabeza De Vaca. _____________
La semana pasada, concretamente el miércoles, se cumplió el plazo de gracia para que el ex presidente de la Concamín, León Halkin, devolviera los recursos que según una auditoría practicada por el despacho Deloitte fueron desfalcados al organismo durante la gestión de casi cuatro años de éste.
La suma supera los 13 millones de pesos.
El resultado de la revisión contable fue enterado previamente a la directiva de la cúpula industrial encabezada por Ismael Plascencia, quien abrió el lapso de espera antes de proceder penalmente contra los presuntos responsables.
De acuerdo a los auditores, además de Halkin habría responsabilidad del ex tesorero del organismo, Guillermo Schiefer. El plazo se venció sin que el dinero se repusiera.
El asunto, pues, llegará a la barandilla judicial.
___________
Aunque presentó el mejor precio en la licitación convocada por el gobierno de Venezuela para desarrollar el proyecto Tucuma, el grupo ICA fue calificado en segundo lugar en un escenario de acumulación de puntos.
Sin embargo, la esperanza de la firma encabezada por Bernardo Quintana Isaac es que al final pese en la balanza su experiencia como constructor de carreteras en la región.
Por cierto, la constructora está puesta para pelear en la reposición de la licitación para construir la hidroeléctrica la Yesca, con un handicap a su favor: el que la convocante, es decir la Comisión Federal de Electricidad, haya reducido el alcance del contrato, aunque mantiene el mismo costo de referencia de 836 millones de dólares. La mejor oferta en la anterior licitación, declarada desierta, la planteó el consorcio integrado por las firmas Impreglio y Techint, con 865 millones de dólares.
albertobach@yahoo.com.mx
barrancoalberto@prodigy.net.mx
