La novedad en la respuesta de México a la Comisión de Cooperación Ambiental frente al procedimiento para ventilar acusaciones de omisión en la aplicación efectiva de la ley en el caso de la ex Hacienda El Hospital, habla de una acción penal contra la infractora: Basf Mexicana.
Sin embargo, se omiten detalles sobre el qué, el cómo y el cuándo, pretextando la confidencialidad del expediente abierto contra la filial en nuestro país de la multinacional alemana.
Lo demás es puro rollo.
Se diría que las 90 cuartillas firmadas por el jefe de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Wilehaldo Cruz Bressant, se agotan en verdades a medias, señalamientos sin sustento o desmentidos sin rigor.
Las piezas, pues, no embonan en el rompecabezas.
De entrada, se insiste una y otra vez en que los dueños del predio donde se ubicó durante 25 años una planta productora de pigmentos químicos de Basf se opusieron a las obras de remediación tras detectarse graves indicios de contaminación provocada por residuos de plomo, cromo y cadmio.
El caso es que quien detuvo las tareas fue el gobierno municipal de Cuautla, al detectarse violaciones en la documentación exhibida por la firma alemana como licencia de obra, entre ellas el ostentarse como dueña del inmueble.
Más allá, el funcionario federal señala temerariamente que la existencia de residuos peligrosos en la zona no se documenta, soslayando las conclusiones de una auditoría ambiental realizada en abril de 1997? con cargo a la Semarnat.
La factura fue de 10 millones de pesos, a favor de la firma Topografía, Estudios y Construcción.
En el documento se habla, por ejemplo, de emisión fugitiva de partículas de óxido de plomo al medio ambiente; de dos drenajes con proa hacia el río Espíritu Santo que transportan cargas de plomo, sedimentos de pigmentos y agua sin tratar, por fugas en las válvulas de alimentación; de empleo indebido de madera, sacos de papel o botes con residuos de plomo o cromo; del uso al aire libre de tambores vacíos que contuvieron pigmentos?
La advertencia hablaba de contaminación en las tierras de cultivo de caña y hortalizas por aguas residuales enviadas desde drenajes clandestinos.
El hecho es que el gobierno no pudo o no quiso obligar a la empresa alemana a cubrir a cabalidad el plan de remediación puesto en la mesa por los propios auditores, por más que ahora se hable de que la Semarnat "aplicó cabalmente la ley".
Lo curioso del caso es que el representante del gobierno mexicano señala que "no hay información documentada en materia de descargas".
Adicionalmente, aunque se subraya que el gobierno retiró materiales y objetos donados o vendidos por Basf a los habitantes de la comunidad de El Hospital, se soslaya que la firma irresponsablemente los distribuyó en la zona pese a las sospechas de estar contaminadas.
La acción, naturalmente, permitió borrar evidencias contra la firma.
Y aunque, desde otro ángulo, se señala que el gobierno envió a un confinamiento ubicado en Mina, Nueva León, 11 mil 800 toneladas de tierra contaminada, se omite que se incumplió un acuerdo para realizar un nuevo muestreo del suelo de la totalidad de la zona.
Llama la atención, por otra parte, que se hable de que el gobierno ordenó el cierre de la planta, cuando fue la empresa alemana quien decidió unilateralmente trasladarse a otro lugar.
Y si bien se le aplicó una multa de un millón 872 mil pesos a la firma, ésta llegó siete años después de planteadas las denuncias.
Ahora que el desglose resulta risible: 140 mil pesos por no contar con una bitácora de los residuos peligrosos; 140 mil por no caracterizarlos; 28 mil por almacenarlos a cielo abierto; 140 mil por no disponer adecuadamente de ellos; 18 mil 720 por carecer de letreros en el área de almacenamiento; 936 mil por la contaminación del suelo, y 468 mil por contaminar el casco de la ex hacienda.
Desde otro ángulo, se pondera la realización de una evaluación al término de una serie de trabajos de remediación por un perito autorizado, omitiéndose que éste trabajó para Basf, es decir debió haberse excusado.
Ahora que resulta curioso que la Semarnat descalifique en el texto el trabajo realizado por la Procuraduría Federal de Protección Ambiental en materia de visitas a la comunidad aledaña a la ex hacienda, a las que califica de "extemporáneas e incompletas?"
Por lo pronto, 10 años después de la salida de Basf de la zona las secuelas siguen prácticamente intactas, con la novedad de que hay brotes de saturnismo entre los niños.
¿Caso cerrado?
Balance general
En su defensa frente a las acusaciones que lo implican en un desfalco de más de 13 millones de pesos en su gestión al frente de la Confederación de Cámaras Industriales(Concamín), León Halkin señala que él no firmó documento administrativo alguno durante su mandato, es decir ni contratos, ni pólizas ni cheques.
El ex dirigente de la cúpula industrial anota que tras la campaña en su contra existe un afán de venganza por el desplazamiento de representantes de ésta en organismos públicos.
Lo curioso el caso es que existen versiones que lo ubican como compadre del actual dirigente del organismo, Ismael Plascencia.
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Pues al parecer los dolores de cabeza de los directivos del Servicio Panamericano de Protección (Serpaprosa), Andrés Aymés y Guillermo Núñez, no tienen fecha de caducidad.
Tras ganarle un pleito jurídico al principal socio de la firma, la estadounidense Brink's, propiedad de Ron Muir, el siguiente rival en la lista son los integrantes del Consejo de Administración, inconformes con las exiguos resultados.
De controlar el 100 por ciento del mercado de transporte de valores la empresa cuya propiedad la comparten también 13 bancos públicos y privados, actualmente araña apenas algo más de la mitad.
Más aún, la firma enfrenta un pasivo fiscal de mil millones de pesos.
Entre los inconformes están los bancos Santander-Serfín, BBVA/Bancomer, Banamex y Scotiabank, cuyos propietarios exigen la venta de la compañía en afán de ubicar de lo perdido lo que aparezca.
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Finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vía su Primera Sala, rechazó en forma definitiva la solicitud de amparo interpuesta por los abogados de Javier Moreno Valle Suárez contra la resolución judicial que le permite a Televisión Azteca operar la señal del canal 40 de la televisión abierta.
La resolución llegó por unanimidad.
El eje que permitió que el asunto saltara hasta el máximo tribunal del país era un alegato de inconstitucionalidad de algunos artículos de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
La solicitud de amparo, colocada en la mesa por el abogado Javier Quijano Baz, estaba registrado con el número ARI552/2006.
La decisión es inatacable.
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La sorpresa llegó ayer al designar el Consejo Directivo del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (ConMéxico) a Jaime Zabludovsky como su presidente ejecutivo, en relevo de Enrique De la Madrid quien fue nombrado director general de la Financiera Rural.
El ungido fue subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales de la ex Secretaría de Comercio, y antes número tres en la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Actualmente trabaja en un despacho independiente con el ex titular de la dependencia, Herminio Blanco. albertobach@yahoo.com.mx
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