Incierto aún el destino de la propuesta planteada por el Ejecutivo, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ya colocó en la mesa una ruta alterna de reforma fiscal en la que se llenan los que, a su juicio, se consideran vacíos.
Estamos hablando de desparecer la tasa del Impuesto al Valor Agregado en materia de alimentos y medicinas, y de combatir frontalmente la economía informal.
Más aún, la alternativa B, para no calificarla de VIP, incluida en la Agenda de Competitividad entregada por la cúpula de cúpulas al presidente Felipe Calderón, plantea la reducción de gravámenes que según ello atentan contra ésta.
Y si le seguimos, se propone la eliminación de todos los regímenes especiales, aún cuando se reconocen los beneficios que plantean, conservándose en tal caso éstos por la vía de estímulos.
Dicho con todas las letras, primero pagas y luego recibes.
La exposición de motivos habla de una serie de factores de riesgo en las finanzas públicas, entre ellos la insuficiencia tributaria; la persistente dependencia fiscal de los ingresos petroleros; las presiones de recursos generados por rezagos en infraestructura; el peso de los pasivos laborales en trabajadores del Estado, así como discrecionalidad y falta de multianualidad y continuidad “transexenal” en los presupuestos públicos.
El documento presume el equilibrio vía una aportación adicional de tres puntos del Producto Interno Bruto, lo que implica un aumento de 20 por ciento en los ingresos tributarios, en una encrucijada en que la opción uno hablaría de incrementar la base de contribuyentes y la dos cambiar la estructura de los impuestos para extraer más recursos de los contribuyentes actuales.
Ahora que la percepción de los técnicos que elaboraron el texto le confiere a la primera alternativa una factibilidad política baja, es decir, misión casi imposible, por más que a su juicio el beneficio sería mayor de cinco puntos del PIB.
El marco ideal consensuado previamente por los organismos que integran la cúpula de cúpulas, habla de 12 puntos:
1.— Ampliar la base de la recaudación, lo que implica la incorporación “absolutamente necesaria” de informales al padrón de contribuyentes, dada la competencia desleal que presentan en perjuicio de las empresas bien establecidas y de la propia hacienda pública.
2.— Aplicar gravámenes equitativos, es decir, eliminar los regímenes especiales y las exenciones y excepciones.
3.— Optimizar el proceso de recaudación, lo que sugiere una simplificación profunda basada en una mayor permanencia de disposiciones; que la declaración anual sea la única fuente de información, a fin de evitar al máximo las declaraciones informativas, y consolidar patrones estatales y federales.
4.— Promover la competitividad y fomentar la inversión pública y privada.
5.— Combatir con énfasis la economía ilegal, ergo las prácticas de piratería y contrabando.
6.— Aplicar reglas simples, claras y estables.
7.— Robustecer la seguridad jurídica de los contribuyentes.
8.— Impulsar el federalismo fiscal sobre bases de transparencia y rendición de cuentas.
9.— Privilegiar la aplicación generalizada de impuestos al consumo, lo que implica, naturalmente, eliminar la tasas diferenciales sobre los distintos segmentos.
10.— Renovar no sólo la forma en que se cobran los impuestos sino en especial la forma en que se gastan los recursos.
11.— Evitar la aplicación de
las tasa exenta para alimentos y medicamentos, con la novedad de que hoy se manejan argumentos inéditos, como el que favorece a productos de importación y genera incrementos de precios.
12.— Privilegiar el gasto público destinado a favorecer a grupos vulnerable, antes que condiciones de excepción de orden fiscal.
Que paguen todos, pues, y luego se redistribuya lo recaudado por la vía de subsidios a la pobreza.
Ahora que, dividida la tarea entre el Ejecutivo y el Legislativo, a este último se le plantea la promoción de una reducción de tasas y eliminación de impuestos que afectan la competitividad de las empresas, por más que no se enumeren éstos.
En paralelo, se habla de impulsar mecanismos para elevar el gasto de inversión y simultáneamente reducir el gasto corriente; diseñar un nuevo régimen fiscal para Pemex; permitir al sector productivo el acceso a precios y tarifas públicas competitivas internacionalmente, y simplificar y dar certidumbre jurídica.
Más allá, se aconseja ajustar la normatividad fiscal en función de cinco premisas: Todos los agentes económicos deben pagar impuestos; el tratamiento fiscal será igual para los iguales; es más adecuado compensar a hacer alguna consideración a favor de algún contribuyente o sector por la vía del gasto; eliminar sistemas complejos en el caso de personas físicas con actividades empresariales de bajo ingreso, y evitar gravar la inversión, el esfuerzo, el trabajo y la iniciativa.
La línea de los empresarios.
Balance general
Más de lo mismo: Además de la exigencia de permitir la inversión privada nacional y extranjera en tareas de exploración y explotación de Petróleos Mexicanos, el capítulo de energía de la Agenda de Competitividad entregada al Ejecutivo por el Consejo Coordinador Empresarial plantea la eliminación de la tarifa eléctrica en el llamado horario punta, cuyo nivel llega a ser de hasta cuatro tantos del horario normal.
La exposición de motivos señala que la medida instrumentada en 1991 con el propósito de reducir la demanda ya no se justifica, dado el crecimiento de la reserva de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Si en aquel entonces llegaba apenas a 6%, hoy, gracias a generadores de alta eficiencia y por ende de bajo costo marginal, alcanza más de 50%. La emergencia, pues, ya fue superada.
La situación, dice la cúpula de cúpulas, provoca ociosidad en la capacidad instalada de la CFE y en las empresas usuarias del servicio, “pues estas últimas no están dispuestas a incurrir en tales costos”.
¿Se acuerda usted del problema que enfrentó Liconsa (Leche Industrializada Conasupo) hace 15 años, cuando se importaron toneladas y toneladas de leche en polvo contaminada por la explosión de la planta nuclear rusa de Chernobyl, supuestamente por órdenes del “hermano incómodo”, Raúl Salinas De Gortari? Bien, pues la paraestatal podría estar enfrentando un problema similar, dado el reciente brote de fiebre aftosa que afecta al ganado en Europa, es decir, su principal proveedor de leche en polvo.
Lo dramático del asunto es que la empresa pública adquiere el producto en tres mil dólares la tonelada, cuando el precio internacional es de cinco mil. La “estrategia” ha sacado del mercado a cientos de proveedores nacionales, a contrapelo del equilibrio que ordenó el Congreso.
El caso es que ahora éstos se plantean como los héroes que salvarán la situación.
Aunque el director general del organismo, Juan Molinar Horcasitas, justificó la evidente descortesía señalando que estaba realizando
actividades ineludibles pero que “enviaba un cordial saludo a los presentes”, el gran ausente en la asamblea financiera del IMSS fue el líder sindical Valdemar Gutiérrez.
Ahora que la falta permitió la ausencia de abucheos o silbidos frente a los discursos de los voceros de la causa obrera y patronal.
En el primer caso el líder cetemista José Luis Carazo habló de un nuevo sindicalismo en el que se reconoce la necesidad de flexibilizar los contratos colectivos para mantener la viabilidad de las empresas.
En el segundo, el presidente de la Concamín, Ismael Plascencia, exhortó al Sindicato de Trabajadores del Seguro Social a soslayar conquistas que “ya no caben en los tiempos que corren”.
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