Lo inaudito del caso, frente a la ratificación del compromiso de rezonificación del magisterio por parte del actual gobierno, es que hasta hoy no existe un solo documento que plantee al Congreso o a los gobiernos estatales el tamaño de la erogación reclamada
Estamos hablando, como le comentábamos ayer, de 51 mil 650 millones de pesos, de los cuales 26% tendrá que ser absorbido por los gobiernos estatales.
Lo curioso del asunto, frente al deslinde original del gobierno foxista, es que en su momento el ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, negoció con la profesora Elba Esther Gordillo la vía para comprometer, o si lo prefiere “apartar” los recursos… para el 2007.
Desde un ángulo, pues, la Secretaría de Gobernación pactó el aspecto político y desde otro la de Hacienda garantizó el financiero, por más que en ambos casos el acuerdo trascendió el ámbito sexenal.
El arreglo se firmó al amanecer de octubre pasado, cuando todo México sabía de la aportación de Elba Esther Gordillo para inducir a la causa panista a un grupo de gobiernos priístas, en afán de cerrar el paso al candidato de la Alianza por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador.
El regalote, o si lo prefiere el pago de la factura, lo ratificó el gobierno actual el 14 de mayo en la víspera del día del maestro.
El hecho es que hasta hoy la única certeza es que el costo de la rezonificación, es decir, pasar de la zona II a la III a cientos de miles de profesores, se traducirá en un incremento de entre 20 por ciento y 30 por ciento del salario de 80 por ciento del magisterio, beneficiándose a 80 por ciento de éste.
El costo actual de la nómina es de 234 mil 636 millones de pesos,
de los cuales 182 mil 790, equivalentes a 70 por ciento del total, corresponden a la zona II.
Considerando la diferencia de percepciones con la III, se calcula que el aumento requerido para la rezonificación deberá ser de 28.3 por ciento, es decir 51 mil 650 millones de pesos, frente a los 41 mil calculados originalmente.
Estamos hablando, pues, de 25% más.
Del monto global, 13 mil 203 millones correrán a cargo de los presupuestos estatales, afectándose a 22 entidades federativas.
La parte más gruesa de la rezonificación afectará a Nuevo León, Tlaxcala, Michoacán, Aguascalientes, el Distrito Federal, Veracruz, Hidalgo, México, Puebla, Sonora, Oaxaca, Guerrero y San Luis Potosí.
En el primer caso 55% de la nómina está inmerso en la zona II; en el segundo 50%; en el tercero 40%, y en el cuarto, quinto y sexto 37%…
No obstante, 58% del gasto deberá ser absorbido por el estado de México, Jalisco y Guanajuato, en cuyos casos la rezonificación se traducirá en un aumento del presupuesto de 4.9%, 3.4% y 3.1%.
El regalote, pues, incidirá en una caída drástica del presupuesto de varias entidades federativas.
Para no ir lejos, en el caso de Nayarit y Zacatecas el presupuesto equivale a más de 100% de su inversión anual. Estamos hablando en el primer caso de 156%, y en el segundo de 104%.
En la lista le siguen los del estado de México, con una aportación extraordinaria de cuatro mil 734 millones de pesos, equivalente a 83% de su gasto de inversión; Jalisco, con mil 194, afectando 60%; Guanajuato, con mil siete y 33%; San Luis Potosí, con 502 y 23%…
Más allá, el golpe alcanza a Durango con 374 millones de pesos de aportación, pero cuyo peso en su presupuesto de inversión alcanza 44%; Guerrero, con 324, equivalentes a una merma de 29% en su gasto para obras públicas; San Luis Potosí, con 502, equivalentes a 23%…
En otro plano están Nuevo León, con una erogación extraordinaria de 725 millones de pesos, que representan 12% de su presupuesto en inversión, y Michoacán con 427, equivalentes al mismo porcentaje.
En el caso de Tlaxcala, aunque el golpe es de sólo 165 millones de pesos, su monto equivale a 16% de su posibilidad de inversión, en tanto para Colima los 39 millones reclamados representan 11%…
Naturalmente, el acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) no sólo limita la capacidad de las entidades federativas para financiar proyectos de infraestructura a largo plazo, sino al propio gobierno federal.
El valor presente de la disminución es de 712 mil 415 millones de pesos, de los cuales 26% le corresponden a los estados.
La factura a Gordillo.
Balance general
La noticia es que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Radio y Televisión (STIRT), presentó el jueves pasado un emplazamiento a huelga contra la empresa “Monitor” que encabeza José Gutiérrez Vivó.
La exposición de motivos habla de incumplimiento de compromisos contractuales que oscilan desde el pago irregular de quincenas vencidas hasta la falta de entero de prestaciones sociales y cuotas al Infonavit, Seguro Social y Sistema de Ahorro para el Retiro.
La lista de agravios habla de desfase en el pago de dos y hasta tres quincenas a partir de diciembre pasado; de tres meses en el pago de despensas; del aguinaldo correspondiente al 2006; del fondo de ahorro del mismo año; de un incremento salarial de 4.3% pactado desde el primero de febrero pasado…
Más allá, se habla de que la firma radiofónica no ha entregado los
vales comprometidos a nivel contractual, ni cubierto los gastos de gasolina de tres semanas de sus equipos de reporteros.
Ahora que el servicio de Seguro Social se mantiene vivo tras un acuerdo pactado con la empresa.
El escándalo, pues, está a la vuelta de la esquina.
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La explicación oficial de Petróleos Mexicanos frente a la negativa de su filial Pemex Exploración y Producción de declarar un empate técnico ante el escaso margen de diferencia en el costo de los dos primeros postores, en su licitación internacional “Arrendamiento sin opción a compra de tres plataformas semisumergibles o barcos perforadores”, es que a la firma que ocupó el segundo lugar se le había descalificado de antemano.
Estamos hablando de la empresa SaiMexicana, filial de la italiana Saipem.
De acuerdo a la paraestatal, ésta presentó condicionantes en la cláusula de responsabilidades y solicitó discutir y clarificar algunos servicios, lo cual se puso a consideración de Petróleos Mexicanos en la etapa de presentación de ofertas, lo cual resultó inaceptable.
Más allá, se habla de que SaiMexicana no aceptó la terminación anticipada del contrato por causas imputables a Pemex Exploración y Producción, “circunstancias que se encuentran establecidas en la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos”, por lo que se consideró inviable su propuesta técnica.
La firma, pues, perdió por default.
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La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) será anfitrión esta semana de una delegación de integrantes del Comité Asesor Empresarial e Industrial del Organismo para la Cooperación y Desarrollo Económico.
Constituido en 1992 como organismo independiente, el BIAC, por sus siglas en inglés, está integrado por los organismos empresariales más importantes de los 30 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
La instancia celebrará en nuestro país su asamblea anual, en cuyo marco se efectuará una mesa redonda con el tema “Reformas Estructurales para la Inversión y el Crecimiento”.
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