En lo que representa la primera gran sorpresa del nuevo Gobierno panista, Petróleos Mexicanos le está ofreciendo respiración de boca aboca a la firma Mexicana de Lubricantes, a contrapelo del desahucio jurídico en que se ubica desde hace una década.
De acuerdo a las cláusulas del contrato pactado a la privatización de la compañía fabricante de aceites y lubricantes cuya propiedad minoritaria mantiene la paraestatal, la sociedad se disolvería al momento que una de las partes fuera embargada.
A la letra, el texto firmado el 19 de enero de 1993 señalaba que ?si una parte considerable de los activos de la empresa o el socio sean embargados en todo o parte, o se presenta un conflicto que la afecte en forma sustancial, la relación quedará finiquitada?.
La condición de sobreviviencia, en tal caso, era que el problema se resolviera antes de 30 días naturales posteriores a la situación crítica.
Y hete aquí que el 18 de octubre de 1996, tres años después de la venta de las cinco plantas de la empresa pública, el entonces banco Inverlat embargó a Mexicana de Lubricantes por un adeudo de cinco millones de dólares, cuya paridad para entonces se ubicaba en 7.98 pesos.
El golpe está asentado en el Registro Público de la Propiedad de Jalisco, Tomo 6, apéndice 12-Doc, con folio 4624. Más aún, una segunda cláusula estipulaba que el matrimonio se disolvería automáticamente al momento en que la firma adquirida por la Impulsora Jalisciense propiedad del ex presidente de las Chivas Rayadas del Guadalajara, Salvador Martínez Garza, acumulara dos años de pérdidas.
La lógica era simple: entregadas las plantas con números negros; concedida una inaudita exclusividad de 20 años para vender los productos en la cadena de gasolinerías de Pemex; otorgada la inaudita prebenda de pagar la privatización en abonos, y concecionadas a título gratuito las marcas a explotar por 20 años, perder dinero sería un pecado imperdonable?
El caso es que la firma llegó a los números rojos en 1997 y 1999, registrando en los años siguientes utilidades simbólicas en un evidente gesto de simulación.
Ahora que aparentemente ante su incapacidad para sostener la comedia, Mexicana de Lubricantes dejó de exhibir sus estados financieros de 2001, 2002, 2003 y 2004, con la novedad de que tampoco ha permitido que su socio minoritario nombre a los consejeros y comisarios que le corresponden, en afán de impedir la certificación. En el intermedio, como usted sabe, la Comisión Federal de Competencia emitió una resolución que obligaba a Petróleos Mexicanos a desmantelar la exclusividad para vender los productos Mex Lub y Akron en su red de gasolinerías, contra lo cual se amparó Mexicana de Lubricantes.
Perdida la protección de la Ley, Petróleos Mexicanos, vía su filial Pemex Refinación, emitió lo que pareciera el punto final del monopolio, vía una resolución que modificaba el trámite PMX-REF-00-002 de incorporación a su franquicia, cuyo eje era permitir la venta al público de productos distintos a las marcas Mex Lub y Akron. El documento expedido el 21 de noviembre de 2005, con proa hacia la Comisión de Mejora Regulatoria, se publicó en el Diario Oficial, lo que lo elevó a la categoría de Norma Jurídica de Interés Público. Lo inaudito del caso es que hace unos días, sorpresivamente, el apoderado legal de la paraestatal, José Ramón Rodríguez Jiménez, le notificó a centenares de gasolineros que se les rescindiría el contrato de franquicia en caso de no respetar la exclusividad en la venta de los productos Mex Lub y Akron.
El abogado aludía a las cláusulas décimo primera del contrato de franquicias y décimo cuarta del contrato de suministro. Más aún, se abría un plazo perentorio de diez días naturales para plantear alegatos de descargo? o atenerse a las consecuencias.
Lo curioso del asunto es que la amenaza alcanzó sólo a los pequeños franquiciatarios, es decir no tocó a los poderosos grupos gasolineros. ¿La ley por encima de todo?
Balance general
La sorpresa la dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación al rechazar, en última instancia, la posibilidad de que Transportación Marítima Mexicana pudiera deducir fiscalmente 589 millones de pesos que les pagó por concepto de penalidad a tenedores de bonos de deuda cuya redención se aplazó por problemas de caja de la firma.
Estamos hablando de dos emisiones de bonos yankee denominadas Yankee I y Yankee III, por un global de 400 millones de dólares.
La penalidad se convino en forma voluntaria con los acreedores, en afán de evitar un juicio que habría tenido problemas catastróficos para la empresa.
De hecho, para honrar su compromiso la firma debió vender sus acciones en Transportación Ferroviaria Mexicana a la empresa estadounidense Kansas City Southern.
El sustento de ésta para exigir la deducción se avalaba en el artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que prevee protecciones fiscales en caso de daños y perjuicios no imputables a los contribuyentes.
El rechazo lo firmó la Primera Sala de la Corte.
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La Comisión Permanente del Congreso analiza una petición de la fracción del Partido del Trabajo en el Senado para solicitar la comparecencia del secretario de Hacienda, Agustín Carstens, y del presidente del Servicio de Administración Tributaria, José María Zubiría, para explicar el caso Banamex. Estamos hablando del juicio que le ganó el banco a la dependencia que le impide a ésta cobrarle mil 619 millones 833 mil pesos por concepto de Impuesto al Valor Agregado e Impuesto sobre la Renta omitidos en el ejercicio de 1996, así como actualizaciones, multas y recargos. Lo curioso del asunto es que los magistrados que analizaron el asunto fallaron a favor de Banamex por un simple error de procedimiento, es decir no se fueron al fondo del caso.
La rendija se abrió porque los auditores del SAT se tardaron más de la cuenta en realizar la revisión. Así de fácil. Así de simple.
Lo interesante del caso es que para Hacienda, pese a la segunda instancia, el asunto no está perdido.
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La sorpresa la ofreció el Gobierno peruano de Alan García al exigir a las empresas mineras que trabajan en el país un aporte voluntario de 160 millones de dólares para apuntalar los programas sociales a favor de las zonas en que operan.
La intención es imponer cuotas en función de las ganancias de las compañías, es decir según el pájaro es la pedrada. El golpe le pega de lleno a la subsidiaria del Grupo Industrial Minera México en la nación andina, es decir Southern Perú Cooper.
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De acuerdo a un recuento realizado por la empresa de mercadotecnia integral Eventum, las marcas más vendedoras en el año que se fue fueron Coca Cola, Microsoft, IBM, General Electric, Intel y Nokia. La primera de ellas registró una facturación de 67 mil millones de dólares, en tanto la segunda alcanzó 56 mil 22.
En el caso de las firmas automotrices, la novedad es que la japonesa Toyota desplazó a General Motors, alcanzando ventas por 28 mil millones de billetes verdes. El segundo lugar lo ocupó Mercedes Benz, facturando 22 mil; el tercero BMW con 20 mil; el cuarto Honda, con 12 mil, ubicándose Ford hasta el quinto con 11 mil.
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