En lo que a simple vista podría parecer la convocatoria a un milagro, la propuesta fiscal del Partido de la Revolución Democrática plantea multiplicar los ingresos sin incrementar o plantear nuevos tributos, aunque apretando al máximo las tuercas al esquema
De entrada, por ejemplo, se propone derogar la posibilidad de exención del Impuesto sobre la Renta por la venta de acciones que se crucen en el piso de remates de la Bolsa Mexicana de Valores, en cuyo extremo se ubican los 4 mil millones de dólares que se ahorró el Citigroup de Estados Unidos a la adquisición de Banamex.
Más allá, se plantea eliminar el esquema de consolidación fiscal que permite a los grandes grupos empresariales integrar en uno las pérdidas y ganancias de sus filiales a efecto del entero de impuestos.
La sospecha habla de la existencia en cada conglomerado de una suerte de patito feo en que se concentran pérdidas escandalosas que equilibran las grandes utilidades del resto de las filiales. Adicionalmente, la propuesta que le ganó por varias cabezas la carrera a la que a su vez colocará en la mesa el gobierno, plantea borrar del mapa la posibilidad del régimen simplificado para efectos de tributación, colocándose a quienes se benefician de él en el marco general.
La suspicacia, en este caso, habla de una escandalosa simulación para alcanzar cobija.
Y si le seguimos, se plantea eliminar la tasa cero de los regímenes especiales, ejemplificándose con el caso de las maquiladoras que por una ventanilla reciben devoluciones del Impuesto al Valor Agregado y por otra no pagan ningún tributo al momento de exportar.
Se diría, pues, que la oposición de izquierda se metió de lleno a la coyuntura que abrió la Auditoría Superior de la Federación al denunciar las aportaciones casi simbólicas que pagan los grandes conglomerados establecidos en el país, en paralelo a las colosales devoluciones de impuestos que les concedió la Secretaría de Hacienda durante 2005.
De hecho, uno de los puntos de la propuesta a discusión plantea la posibilidad de que el Congreso realice una evaluación y seguimiento de las acciones del Servicio de Administración Tributaria sobre los contribuyentes que evaden impuestos.
Más aún, se exige acotar la facultad discrecional de Hacienda para aplicar sus reglamentos y circulares. En otra trinchera, se plantea, además, otorgar facultades a las entidades federativas para fiscalizar a los grandes contribuyentes a fin de contribuir al combate a la evasión y elusión. Ahora que del otro lado de la moneda el planteamiento perredista critica lo que califica como “tolerancia excesiva” a la economía informal o subterránea.
La gran sorpresa, sin embargo, es que se replantea la posibilidad de que Petróleos Mexicanos pueda capitalizarse vía la emisión de Certificados de Aportación Patrimonial a título de acciones sin derecho de voto con posibilidad abierta de adquisición, aunque por la vía de fondos institucionales.
El planteamiento, como recordará usted, lo había colocado en la mesa la fracción priísta en el Senado durante la anterior Legislatura, en la mira de otorgarle autonomía financiera y de gestión a la paraestatal. Adicionalmente, en otro punto que necesariamente convocará a la polémica, se habla de homologar las bases para el cálculo del Impuesto sobre la Renta y la determinación de cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social y el Infonavit.
Desde otro ángulo, se propone analizar el régimen de la industria maquiladora, “a fin de que los beneficios no sean de orden macroeconómico, sino de justicia social”.
Ahora que la sacudida alcanzaría a toda la estructura, bajo la certeza de que aun cuando los ingresos fiscales alcanzan el equivalente a 17.5% del Producto Interno Bruto, los impuestos están diseñados en forma errónea; existe un excesivo formalismo jurídico; insuficiencia en la administración tributaria y una excesiva dependencia de los derechos de los hidrocarburos y la carga fiscal a Petróleos Mexicanos.
En la exigencia de una visión integral, por ejemplo, se plantea una valuación actuarial para conocer la situación financiera de pensiones y jubilaciones de los trabajadores al servicio de las entidades federativas y, naturalmente, realizar un diagnóstico integral respecto a los pasivos en los sistemas públicos de salud.
Más allá, se propone la creación de un Sistema Nacional de Pensiones con base en cuentas individuales y con una pensión mínima garantizada, que otorgue certeza jurídica al trabajador respecto a sus aportaciones. En otro escenario, se plantea incluir en la Constitución el concepto de canje o refinanciamiento de pasivos como uno de los propósitos de la deuda pública de las entidades federativas y municipios, y definir el concepto de inversión pública productiva. Como lee usted, más que una propuesta de reforma hacendaria integral, estamos hablando de una revolución.
Balance general
Curioso, por endilgarle un calificativo, que la Oficina de Representación Comercial de Estados Unidos se haya lanzado al ruedo para presionar al gobierno de México ante lo que ubica como cerrazón para permitir la entrada de nuevas alternativas de televisión abierta en el país.
El lamento, con evidente pial hacia Telemundo, señala a la letra que no existe reciprocidad, dada la presencia de las principales cadenas mexicanas en el vecino país.
Lo que se soslaya, empero, es que Televisa y Televisión Azteca a lo más que pueden aspirar allende el Bravo es a una participación de 25%, en contraste con 49% que podría alcanzar una firma estadounidense en México, en la magia del llamado capital neutro.
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En lo que pareciera un atentado al sentido común, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le acaba de otorgar una licencia para operar en los mares del Caribe al transbordador conocido como El Arcángel, propiedad de la Compañía Marítima San Miguel, del hotelero Manuel Becerra.
La sorpresa es que el navío tiene una antigüedad de 36 años.
Más aún, las dimensiones de la chatarra flotante exceden las del muelle de cruceros Carnival de Cozumel. De hecho, a imagen y semejanza de una película de los tres chiflados, el barco se volvió un desastre al momento de la prueba de atraque para otorgarle la licencia.
Hete aquí que las máquinas se pararon abruptamente, lo que provocó que casi chocara con el muelle.
Más aún, la maniobra que tradicionalmente se cubre en cinco minutos consumió en este caso 40, pese a que el navío no llevaba carga.
La paradoja del caso es que el director de Puertos de la zona, Ángel González, testigo de la caricatura, le puso al barco chatarra una calificación aprobatoria. El sainete llega justo cuando la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes está proponiendo crear una Norma Oficial Mexicana para reducir a 20 años la edad de operación de este tipo de embarcaciones. La propuesta está en análisis de la Comisión de Mejora Regulatoria.
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La tarea más urgente del flamante presidente de la Unión Nacional de Avicultores, Jaime Crivelli Espinosa, será reforzar las trincheras frente al inminente fin de la salvaguarda pactada con sus similares en Estados Unidos y aceptada por la Casa Blanca, para cerrar la frontera a las exportaciones de pierna y muslo de pollo, dado su efecto catastrófico para los productores locales.
El plazo se vence el primer día del año próximo.
Crivelli ocupa desde ayer y durante tres años la dirigencia del organismo, en sustitución de Augusto López Martínez. Su compañía se llama Pollo Agropecuario ACA.
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